El agua que nos une y desune
El proyecto de Estatuto manchego, que fijaba el fin del Trasvase para 2015, no salió adelante en 2010 gracias a la movilización social y la unidad política existente en la Región. Ese es el único camino posible para evitar el recorte del 50% de agua del Tajo que se avecina, aunque esta vez la división partidista puede impedirlo
«Oponerse a la liquidación del Trasvase no es la expresión de un sentimiento atávico o de una actitud victimista. Tampoco responde a un posicionamiento ... ideológico. No es, para entendernos, ni de derechas ni de izquierdas. La oposición a la demolición del Trasvase tampoco debe contemplarse en clave de enfrentamiento territorial». Estas líneas forman parte de un artículo que firmé el 21 de abril de 2010. Ese día de hace quince años, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados iba a votar el texto propuesto por el entonces presidente José María Barreda para el Estatuto de Castilla-La Mancha, cuya aprobación habría supuesto la liquidación de facto de una infraestructura de la que depende el porvenir de miles de familias en el sureste español pues incluía una reserva de 4.000 hectómetros cúbicos en el Tajo. En el artículo, titulado 'LA VERDAD, con el Trasvase Tajo-Segura', dejaba claro que, con independencia de quién estuviera al frente del periódico, esta cabecera siempre defendería con la misma fuerza y coherencia tanto el mantenimiento del Trasvase como la reclamación de una política hidrológica nacional que garantice agua a todas las comunidades, desde Castilla-La Mancha a la Región de Murcia. Ese posicionamiento editorial se lo argumenté a José María Barreda, cuando le conocí en Albacete, y a María Dolores de Cospedal, en Toledo, tras su victoria en las elecciones autonómicas.
El Etatuto manchego, que inicialmente fijaba para 2015 el fin del Trasvase, no salió adelante. La clave estuvo en la movilización social y en la unidad mostrada en la Región de Murcia. Días antes de la votación, los regantes se manifestaron en Murcia y junto a ellos estaban el presidente Valcárcel y el líder de los socialistas murcianos, Pedro Saura. No siempre hubo unidad. Un par de años antes, dos diputados del PP, Alberto Garre y Arsenio Pacheco, rompieron la disciplina de voto de su partido al negarse a votar a favor de la toma en consideración del texto estatutario manchego. Nadie como nuestro compañero Manuel Buitrago ha analizado y relatado mejor esas guerras del agua, que tuvieron uno de sus hitos en la aniquilación del trasvase del Ebro por parte del expresidente Rodríguez Zapatero. Otro momento clave fue la aprobación del Memorándum, impulsado por el ministro Arias Cañete, con el apoyo de la Región de Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Madrid, territorios todos gobernados entonces por el PP. Hubo una tregua en la guerra, porque todos cedieron, aunque en el Memorándum estaban también las semillas de la siguiente batalla. Con esa ley, la reserva mínima en la cabecera del Tajo se elevó a 400 hectómetros cúbicos y a cambio el Levante se beneficiaba de que el caudal a su paso por Aranjuez quedaba en 6 metros cúbicos por segundo. La paz del agua no duró mucho. La ofensiva contra el Trasvase regresó con García-Page en la presidencia de Castilla-La Mancha.
La ley del Memorándum tenía puntos débiles porque, como siempre ha ocurrido, los criterios técnicos se acomodaron con calzador a los objetivos políticos. El Memorándum pretendía dotar de seguridad jurídica al Trasvase y, sin embargo, cinco disposiciones fueron anuladas transitoriamente por el Constitucional, después de que Aragón recurriera al haber quedado fuera del preceptivo trámite de audiencia alegando que tienen diez pueblos donde viven un millar de personas, pero que forman parte de la cuenca del Tajo. Mucha más trascendencia tuvo a la postre que las reglas de explotación asociadas al Memorándum dejaran cerrado el Trasvase once meses seguidos durante la grave sequía de 2017 y que en el plan de cuenca no se fijaran caudales ecológicos al Tajo, como dictaminó luego el Supremo en cinco sentencias, lo que se ha subsanado en el último ciclo de planificación, aunque según los regantes con criterios más políticos que técnicos, provocando, junto a las nuevas reglas propuestas de explotación, la posibilidad de que el sureste reciba hasta un 50% menos de agua para regadío en 2027. La situación es muy complicada para la agricultura regional pues ese recorte coincidirá con el cierre de pozos ordenado por la UE y sin que las desaladoras estén interconectadas y funcionando con fotovoltaica. La prueba de la inconsistencia del plan ministerial de Ribera es el inopinado anuncio, a través del líder socialista murciano Francisco Lucas, de dos nuevas desaladoras en Águilas y Torrevieja, pero de momento son promesas que en ningún caso llegarían a tiempo para compensar el recorte del Tajo, aseguran los regantes, que dudan de la financiación de esas plantas. La incertidumbre no puede ser mayor al conocerse esta semana otra sentencia del Supremo que anula parte del Plan del Tajo. Nadie del Ministerio ni de la Confederación del Tajo ha explicado cuáles son sus consecuencias, con el argumento de que aún no se les ha notificado.
La posibilidad de que populares y socialistas murcianos vayan de la mano como hace quince años parece hoy imposible. Ha existido una oportunidad sobrevenida para, con una proposición de ley, blindar el Trasvase. A mi juicio, la iniciativa del PP difícilmente hubiera prosperado jurídica y técnicamente, porque condiciona el Plan del Tajo, ya aprobado, al acueducto y no al revés, aunque en el plano político tenía la virtualidad de influir en la planificación hidrológica desde el Parlamento. La iniciativa del PP defendida por Miras fue apoyada por Vox y por todos los diputados populares, incluidos los manchegos pero con la ausencia de Feijóo. Podemos se abstuvo y el PSOE votó en contra. Lucas dice que el Trasvase es irrenunciable, pero se alinea con el Ministerio, lo que le aleja de los regantes. Difícil lo tiene Lucas viendo los whatsapp entre Sánchez y Ábalos de 2023 sobre el marcaje a los barones del PSOE.
A los regantes se les acabó la paciencia. El Plan del Segura puso en evidencia las potenciales consecuencias de una merma importante de los recursos del Tajo. Se avecina otra turbulenta etapa en esta historia de nunca acabar si se aprueban las reglas de explotación propuestas. Si no se unen para su modificación los partidos murcianos, terminarán por salir como están. Y con un recorte del 50% del agua del Tajo, habrá mucha pérdida de empleo y PIB regional. La desalación forma parte de la solución, pero el mix de agua necesario para el Levante precisa, tanto hoy como en 2027, de un Trasvase que no esté fatalmente diezmado.
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