José Daniel Buendía: «Con el recorte del Trasvase va a haber una reconversión brutal del sector agrario»

–En ese estudio que elaboraron desde la Cátedra de Competitividad del Colegio de Economistas de la Región cuantificaban las graves consecuencias que supone una reducción de envíos del Trasvase como la establecida.

–Evidentemente, estamos ante un impacto muy negativo. La hipótesis que utilizamos se ha cumplido prácticamente en su totalidad, ya contemplábamos lo que ocurriría si el trasvase de agua se redujera en un 50%, teniendo como base el aumento de los caudales del Tajo a su paso por Aranjuez. De hecho, se calculó en torno a 100 hectómetros cúbicos, en función de lo que se ha trasvasado de media en los últimos 40 años, que son unos 200 hectómetros. Un volumen muy realista, tal como ahora se ha visto. A partir de ahí, a través de una herramienta científica adecuada, las tablas 'input-output', lo que hicimos fue estimar cuál sería el impacto no solo desde el punto de vista del sector agrario, en cuanto a las producciones vegetales susceptibles de utilizar ese agua, sino ver cuáles son los efectos que se propagan también en toda la industria agroalimentaria, así como en el resto de sectores.

–¿Y cuál sería el coste económico global para la Región de Murcia si se reduce a la mitad el agua procedente del Tajo?

–Sería de más de 870 millones de euros para el conjunto de la economía regional, con un impacto directo en la producción del sector agrario de 550 millones. Pero si hablamos en términos de valor añadido bruto (VAB) se contabilizan unos 400 millones de euros, de los que el impacto directo en el propio sector estaría en torno a los 300 millones. Y es que el 40% del total de los recursos del campo provienen del agua trasvasada.

–Aparte de estas grandes cifras en cuanto a pérdida de riqueza, están las consecuencias laborales, ¿cuántos empleos podrían perderse ante este escenario?

–Esta variable es fundamental. El impacto total estaría en torno a 21.000 empleos, de los cuales aproximadamente 19.000 serían de forma directa en el propio sector agrario, el resto son los indirectos y los inducidos. Son cifras muy importantes, ya que se trata de una agricultura intensiva, por lo que se requieren muchos puestos de trabajo. Pero, lógicamente, las consecuencias se amplían a otros ámbitos como, por ejemplo, la sostenibilidad de un sistema mucho más ecológico, más verde, donde el sector agrario es fundamental. Por ello, no solo tenemos que ver el impacto desde la perspectiva estrictamente económica, sino su relevancia social y, por qué no decirlo también, por la importancia que tiene desde el punto de vista de la distribución del propio espacio en muchas zonas rurales.

–¿El sector agrario regional se enfrentaría de esa forma a una reestructuración sin parangón?

–Estaríamos ante una reconversión del sector, por poner una similitud con lo vivido en algunas zonas industriales, como pasó en Sagunto (Valencia). Porque si la reducción de los envíos de agua se va a realizar y mantener como se intuye, está claro que, a falta de una alternativa inmediata, estamos en el comienzo de un cambio en el modelo. Así que conllevará una reconversión agraria brutal en la Región. No obstante, quedan algunas variables por despejar. Aunque, inicialmente, como digo, las expectativas de los agricultores y empresarios es que no van a disponer de una parte importante de recursos hídricos, de ahí que se cuestionen el hecho de no poder seguir con el modelo de negocio que han tenido hasta ahora.

–¿Muchos productores van a tirar la toalla?

–Es una alternativa bastante plausible, ya que muchos pensarán ahora en abandonar y cerrar. Por tanto, va a haber una reconversión, sin ninguna duda. Otro debate, según lo anunciado por el Gobierno, es si habría una alternativa real para sustituir las fuentes de riego. Y, en ese caso, entra ya de pleno a debate el tema de la desalación.

–¿La pretensión de compensar con más agua desalada es una opción viable?

–Hoy por hoy, se sabe cuál es la capacidad desaladora que existe, por tanto, si se es racional, lo que hay que hacer es trabajar con esa hipótesis. Y, evidentemente, en el mejor de los casos no se cubren las diferencias por el recorte de agua trasvasada. Mientras, aunque dicen que se va a compensar con el aumento de la desalación, la realidad actual es que no creo que estemos mucho más allá de los 60 hectómetros cúbicos de producción, mientras que, sin embargo, hablamos de un recorte de 100. Por tanto, esa es la expectativa que tiene por delante el agricultor.

–También está por ver si se cumplen los plazos en las inversiones para ampliar la capacidad en las plantas desalinizadoras.

–La reducción del recurso procedente del Trasvase podría ser que se compensara con mayor capacidad de agua desalada si se cumple con lo anunciado, aunque como digo vamos a ver a qué precio. Porque, dependiendo de lo que se haga, la reconversión en el sector va a ser más o menos profunda. Ahora queda por comprobar si se cumple con las promesas de incrementar la capacidad de agua desalada en 100 o 140 hm3, al mismo tiempo que se avance tecnológicamente para reducir el coste. Además, habrá que ver si se subvenciona el agua para el precio del 'input' final del agricultor.

–Y luego está el precio a pagar que, según los empresarios, hace perder toda la competitividad.

–Es que la rentabilidad de la producción agrícola se hace en unos determinados términos, con un coste del agua, que, para que nos entendamos –sin precisar demasiado–, podría ser del doble de precio que se paga por el recurso del Trasvase. Evidentemente, esto modifica la estructura de costes y, por tanto, la rentabilidad. De modo que, cuando se pongan todos los elementos encima de la mesa, habrá que estudiar la situación desde el punto de vista de la viabilidad de las explotaciones. Y es que también existe un impacto en la producción de vegetales, según el tipo de calidad del agua desalada.

–Con todo, ¿cree usted que el hachazo al Trasvase anticipa el entierro de la infraestructura?

–No pienso que quede muerto, pero sí que con este plan estamos ante un cambio muy profundo. Aunque tengo expectativas positivas de que el Trasvase tiene una razón de ser y que no podrá ser eliminado. Es una infraestructura que está ahí, por supuesto con todas las cuestiones y los problemas de impacto que haya tenido, pero es una infraestructura necesaria. Así que va a tener un porcentaje de utilización en la medida en que también hay que hacer trasvases de agua potable para el consumo de la ciudadanía. Serán diez hectómetros, serán quince, siete, pero serán... Eso es inapelable. No creo que se pueda eliminar en este caso.

–¿Entiende la movilización que hay en el campo y en el conjunto de la sociedad civil murciana ante el futuro negro que se avecina?

–Como ciudadano siempre he sido un defensor de la necesidad de tener en nuestra sociedad una masa crítica importante y, ante cualquier acontecimiento, creo que esta tiene el derecho y el deber de ejercer su papel. Así que, en este caso, está justificada esa movilización. Considero que ahora mismo está acreditada la preocupación. Y aunque el escenario final no lo conocemos, evidentemente hay unos elementos que ya están determinados. Porque, a pesar de que quedan por despejar muchísimas variables, ahora mismo el impacto no es neutro, como están defendiendo desde el Gobierno central, sino netamente negativo.

–La sensación en la ciudadanía es que se toman decisiones por intereses políticos.

–Una decisión así debe basarse, por supuesto, en criterios escrupulosamente científicos, técnicos. En fin, como ciudadano quiero pensar que hay un comité de expertos que hace evaluaciones de impacto ambiental, que hace su trabajo igual que cada uno en su parcela y, evidentemente, hay unos resultados. Por otra parte, el Consejo de Estado ha puesto un poco el dedo en la llaga, al entender que no es una decisión compaginada con los intereses de todas las cuencas. Así que parece que la iniciativa adoptada deja algo que desear. Por tanto, hay que pedir que cualquier decisión de este tipo tenga un respaldo científico-técnico; eso es de cajón, no se me ocurre pensar en algo que no sea así.

–¿Se podrá abordar alguna vez el problema del agua y de la interconexión de cuencas desde un enfoque simplemente técnico?

–Pues en cuanto nos pongamos de acuerdo en las condiciones técnico-científicas para compatibilizar los intereses medioambientales y económicos, algo que es algo fundamental y que no se ha tenido en cuenta en este caso. Vamos a pensar que se puede tomar una decisión sin sesgo político, adoptada desde un punto de vista meramente técnico. Esa es mi expectativa. Creo que se puede partir de un punto mínimo y, bueno, pues vamos a ver qué ocurre en el futuro.

–¿Confía aún en que se pueda salvar la situación en el futuro?

–Nada está escrito del todo. Hay muchos condicionantes que influyen, porque en temas medioambientales y de recursos hídricos hay sensibilidades diferentes. Habrá gobiernos que tengan posiciones distintas. Por ello, desde mi perspectiva, soy optimista, no creo que sea la estocada de muerte del Trasvase, sino una situación difícil que espero que no vaya a más.

–Pero mucha gente teme que la decisión adoptada no se quede ahí y el final de todo sea liquidar la infraestructura, ¿qué supondría exactamente en pérdidas para la Región de Murcia?

–En ese caso, estamos hablando de palabras mayores. El impacto que tendría entonces de forma agregada, si se tiene en cuenta que en términos de producción el sector agrario alcanza un valor de 3.000 millones de euros y de que las ramas vinculadas al Trasvase representan casi el 60%, se llegaría a los 1.800 millones de euros, además de 700 millones en términos de valor añadido bruto. Mientras que por lo que respecta al mercado laboral, como consecuencia tanto de la especialización en el ámbito agrario como por el hecho de que el 55% del total depende del Tajo-Segura, hablaríamos entonces de unos 40.000 empleos.

–Claro que también hay voces que consideran que ante retos como el cambio climático o el problema medioambiental del Mar Menor, el ajuste podría ayudar a reducir la presión de la agricultura intensiva de regadío.

–La recuperación de la laguna es una cuestión muy importante y quizá hay quien la puede utilizar maliciosamente, pero considero que es compatible tener una joya como el Mar Menor –con un nivel óptimo y de calidad en sus aguas–, con nuestra especialización productiva en el ámbito agrario. Evidentemente, se han producido situaciones irregulares, que habrá que corregirlas, si es que no ha habido, como en este caso, un control eficaz del cumplimiento de toda la reglamentación existente en cuanto a la producción agraria. Pero esto es una cuestión que no se debe utilizar para enturbiar el debate sobre si tenemos una agricultura eficiente o si es necesario el agua del Trasvase.