LA VERDAD, con el Trasvase Tajo-Segura

Quienes deben tomar hoy la decisión determinante en la Comisión Constitucional han de saber que este periódico, desde el respeto a las decisiones adoptadas por el Parlamento, apoyará con toda su fuerza e influencia la justa reclamación de la sociedad murciana y alicantina, ya que la aprobación del Estatuto de Castilla-La Mancha, en sus actuales términos, supone la liquidación de facto de una infraestructura de la que depende el porvenir de varios miles de familias. Oponerse a la liquidación del Trasvase no es la expresión de un sentimiento atávico o de una actitud victimista. Tampoco responde a un posicionamiento ideológico. No es, para entendernos, ni de derechas ni de izquierdas. La presencia del presidente Valcárcel y del socialista Pedro Saura, el pasado lunes en una protesta de los regantes, es una prueba palpable. La oposición a la demolición del Trasvase tampoco debe contemplarse en clave de enfrentamiento territorial. Los castellanomanchegos tienen tanto derecho al agua como los murcianos y los alicantinos.

De hecho, el uso preferencial de la cuenca cedente ya está garantizado por ley y no es objeto de discusión por ningún grupo político. Con la misma fuerza y coherencia puede defenderse el mantenimiento del Trasvase como la reclamación de una política hidrológica nacional que garantice el abastecimiento necesario a todas las Comunidades autónomas que precisan agua, desde Castilla-La Mancha a Murcia y Valencia. Ocurre, sin embargo, que en un alocado y garrafal proceso estatutario, auspiciado por el Gobierno y apoyado en algunos casos por el PP, el Estado ha ido despojándose de competencias y vaciando de contenido a la Constitución de 1978. El Estatuto de Castilla-La Mancha es el producto de este proceso. Y lo peor es que llega a su momento crucial sin el consenso político que requiere una norma de tal envergadura. La última fase de negociación, que todavía continuaba ayer en el Parlamento español, dejaba aún más en evidencia que el Estatuto se ha convertido en un instrumento político de cara a las disputadas elecciones a la presidencia de Castilla-La Mancha. Llegados a este punto, las estrategias se dirigen a buscar la mejor forma de rentabilizar políticamente el resultado de la votación de hoy de cara a las autonómicas de 2011. Mientras las posiciones se afinan en el PSOE y el PP para que sus candidatos no queden con la vitola de perdedor, los dos millones y medio de personas que están amenazados quedan relegadas a un segundo plano, sumidos en una honda preocupación.

La patronal murciana puso ayer negro sobre blanco la envergadura del dislate. De cerrarse el Trasvase se produciría una reducción del 9,4% del PIB regional y una pérdida del 10,3% del empleo. Nos enfrentamos, en el escenario más optimista, a 38.600 empleos menos y a una sangría de 1.275 millones de euros, según el informe de CROEM, basado en sendos estudios de la Universidad de Murcia y la Confederación Hidrográfica del Segura. En la más grave estimación se alude a la destrucción de 100.000 puestos de trabajo, cifra a la que habría que sumar otros 80.000 en la provincia de Alicante. Éste es el riesgo real al que se enfrentan murcianos y alicantinos, condimentado con otros efectos perniciosos no menos inquietantes: la explotación de acuíferos que están en el límite de lo técnicamente aprovechable, la pérdida del caudal ecológico del Segura y un avance imparable de la desertización.

No debemos llevarnos a engaño. Aunque el texto que salga hoy de la Comisión Constitucional no fije explícitamente una fecha de caducidad para el Trasvase, si recogiese el establecimiento de una reserva de 4.000 hectómetros cúbicos, que supone más del doble de las necesidades de Castilla-La Mancha, estaríamos ante el principio del fin de esa vital infraestructura. No se darían nunca condiciones para que el agua fluya del Tajo al Segura. Murcia, Alicante yAlmería quedarían sin ninguna alternativa para garantizar su desarrollo. Habría muchas voces que lo denunciarían. Y un periódico al frente de todos ellos.