Una larga lista de sonrojantes rebajas de pena en la Región de Murcia

Los juzgados de la Comunidad llevan ya años repitiendo como los más colapsados y lentos del país y las dilaciones conllevan que sean cada vez más los asuntos que acaban juzgándose tarde y mal. La ministra de Igualdad, Dolores Redondo, fue preguntada ayer por el acuerdo de conformidad que hace unos días libró a un grupo de empresarios de pisar la cárcel tras asumir que prostituyeron a menores de entre 14 y 17 años y no dudó al señalar que se debía a un fallo del sistema: «La justicia, cuando es tan lenta, no es justa (...) Respetamos el sistema, pero cuando el sistema falla hay que decir, en este caso, que la justicia lenta no es justa». Este pacto, sin embargo, dista mucho de tratarse de un caso aislado. Es un apunte más en una larga lista de sonrojantes rebajas de pena que la Justicia regional ha suscrito en los últimos años.

Roberto P. S. fue uno de los primeros murcianos en beneficiarse de la reforma del Código Penal que, en 2015, abrió la puerta a la suspensión de las condenas que individualmente no superen los dos años. Este profesor, que a sus entonces 41 años ejercía como profesor de Religión en el colegio San Vicente de Paul de la pedanía murciana de El Palmar, se marchó de rositas tras asumir que sometió a tocamientos a nueve de sus alumnos. Concretamente, reconoció, entre otras prácticas, que sentaba en sus rodillas a las niñas –salvo en un caso todas eran chicas– con la excusa de corregirles los deberes y aprovechaba el momento para tocarles los muslos y los genitales. El docente afrontaba cinco años por cada delito de abuso, pero un acuerdo acabó rebajando esa petición a un año de cárcel por cada niña. Nueve penas individuales de un año que quedaron en suspenso con el requisito de que, en los años venideros, no volviera a vérselas con la Justicia y que le permitieron conservar su libertad.

José León Tornero, uno de los pederastas más reincidentes de la Región, también se ha beneficiado del atasco que arrastra la Administración de Justicia. Hace unos años se sentó en el banquillo para responder por los abusos sexuales a los que sometió a varios chavales en el verano de 2004, aprovechando que era su entrenador de fútbol. Aunque la Fiscalía solicitaba más de 35 años de cárcel, León regresó a la prisión con una condena mucho más exigua. Apenas una quinta parte. La excesiva duración de esta causa era una de las razones. A las puertas del juzgado, las víctimas criticaron duramente la tardanza. «Yo ya tengo mi vida y solo quiero olvidarme de esto», clamó uno de ellos.

Los polémicos acuerdos de conformidad no se han ceñido únicamente, en los últimos años, a delitos sexuales. El juicio por el desastre medioambiental ligado al vertedero de Abanilla –el 'Prestige de la basura'– también se acabó resolviendo en los pasillos. Los hermanos Fenoll optaron por agarrar un acuerdo de conformidad al que habían cerrado la puerta dos años atrás. Ramón Fenoll, unos de los principales acusados de la gestión de las basuras en la planta de Proambiente, se quedó finalmente solo en el banquillo asumiendo haber enterrado sin autorización ni control, entre los años 2002 y 2009, miles de toneladas de residuos sin tratar en un espacio natural protegido de la Sierra de Abanilla. Este procesado, que afrontaba hasta seis años y medio de cárcel por un delito medioambiental, acabó siendo castigado con dos años de prisión gracias a un pacto que libró de toda culpa a su hermano José y a su sobrino, Ángel Javier Fenoll. La pena de cárcel impuesta a Ramón quedó en suspenso con el requisito de que no volviera a delinquir en un plazo de tres años. Esta medida no estaba condicionada, sin embargo, al pago de la responsabilidad civil porque, en este caso, el acusado fue declarado en situación de insolvencia.

La situación de colapso que atraviesa la Justicia también dejó en agua de borrajas algunos de los grandes fraudes destapados en la Región en las últimas décadas. El 'caso Alvalle', que indagaba en el fraude cometido entre 1994 y 1997 con ayudas de la UE para transformar naranja en zumo, se convirtió en todo un paradigma del fracaso del sistema. Tras años y años de pesquisas, el asunto acabó con penas mínimas para los cinco principales acusados, entre ellos, el consejero delegado de esa empresa, José María Casanova, y la absolución de los otros seis. Algo similar ocurrió con el conocido como 'caso Zumo', que se destapó a raíz del primero y que tampoco consiguió cerrarse con unas condenas ejemplarizantes.

Los asuntos de corrupción no escapan tampoco a los estragos que genera la tardanza judicial. Para el exalcalde de Aledo Simón Alcaraz, la hora de rendir cuentas ante los tribunales está cerca, pero el león no será, finalmente, tan fiero como lo pintan. La Fiscalía formuló, a finales del pasado año, su escrito de acusación en el 'caso Líber' y reclama dos años y quince días de prisión al exregidor popular como supuesto líder de la trama de corrupción que, entre 2002 y 2007, habría amañado decenas de contratos públicos en la localidad. La petición de pena, que no obligaría en principio a Alcaraz a entrar en prisión, se ve aligerada en base al importante retraso que ha sufrido este caso, que se inició en 2011 y que en 2013 tomó consistencia propia como pieza separada bajo el nombre de 'caso Líber'. El Ministerio Público entiende que en este caso también se debe aplicar la atenuante de dilaciones indebidas y rebajar las penas que afrontarán Alcaraz y el resto de procesados. El fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, ha tildado en ocasiones de «sonrojante» el retraso de algunos de estos casos de corrupción, como el 'caso Ninette', que continúa encallado en el juzgado de Instrucción número 2 de San Javier desde hace casi dos décadas.

El tráfico de drogas es otro de esos delitos en los que los acuerdos están a la orden del día. Uno de los más polémicos fue el que la Fiscalía cerró el pasado enero con Pedro Sánchez Guirao, 'el Karateca', que acabó librándole de afrontar una condena de más de 17 años de cárcel. Este traficante de drogas, uno de los más conocidos de la Región, salió bastante airoso de esta nueva cita judicial, tras sellar un pacto con la Fiscalía por el que fue condenado a seis años y tres meses de prisión, casi un tercio de la pena a la que inicialmente hacía frente. El Karateca, que ya disfrutaba de la libertad provisional, se atrevió incluso a utilizar su derecho a la última palabra para agradecer a la Fiscalía su «benevolencia» y para remarcar que «para mí es un orgullo que tengamos un fiscal como tenemos».

Ya los integrantes del 'clan de la Loles', responsable de uno de los chiringuitos de venta de estupefaciente más conocidos de Murcia, en el barrio de La Fama, habían conseguido meses antes escapar de la justicia con penas mínimas. Dolores M. S., 'la Loles', varios de sus hijos y algunos de sus secuaces reconocieron ante la Audiencia haber manejado el negocio de la venta al menudeo de droga en este conocido enclave de la capital, cerrando así un acuerdo con la Fiscalía que les evitó –salvo a uno de ellos– el paso por prisión. «¿Cómo vamos a estar?», reconocían los acusados a su salida del juzgado ante las cámaras de la televisión autonómica. «Estamos encantados».

Una mujer fue condenada a 219 días de trabajos comunitarios tras reconocer ante el tribunal que forzó a sus dos hijas, de 15 y 23 años, a ejercer la prostitución. Esta madre trabajaba como camarera en un club del polígono industrial Base 2000 de Lorquí y aprovechaba ese local para concertar citas para sus dos hijas con distintos clientes. La mujer afrontaba inicialmente penas que sumaban ocho años de cárcel, pero nuevamente un acuerdo abrió la puerta a una rebaja de la pena. Se le aplicaron las atenuantes de dilaciones indebidas y reconocimiento de los hechos y sus penas, que sumaban tres años de cárcel, se conmutaron por trabajos en beneficio de la comunidad. Junto a ella se sentaban en el banquillo Rabah K. y Fernando J. M., quienes regentaban los dos clubes –Tu Nueva Tentación (TNT) y Neverland– en el polígono de Lorquí donde se prostituyó a la menor, que aceptaron penas de dos años y seis meses de cárcel, respectivamente. Ninguno de ellos pisó tampoco la cárcel.

Cirilo F. C. también consiguió, el pasado mayo, escapar más o menos indemne de la pesada espada de Damócles que pendía sobre su cabeza. Este hombre llegó al Palacio de Justicia de Murcia con la amenaza de ser condenado a hasta nueve años de prisión acusado de violar a su exnovia drogándola con amitriptilina, un potente medicamento utilizado para enfermedades mentales. Tras reconocer el ataque sexual, sin embargo, el enésimo acuerdo entre la Fiscalía y su defensa rebajó su pena a los dos años, el máximo que contempla la ley para evitar pisar la prisión. El tribunal obligó, además, a este ecuatoriano de 49 años a mantenerse alejado de su exnovia y a participar en un programa de igualdad de trato y educación sexual.