El exalcalde de Aledo afronta dos años de prisión por el presunto amaño de contratos

La petición de pena, que no obligaría en principio a Alcaraz a entrar en prisión, se ve aligerada en base al importante retraso que ha sufrido este caso, que se inició en 2011 y que en 2013 tomó consistencia propia como pieza separada del 'caso Biblioteca' -centrada en otra presunta trama en Librilla-, bajo el nombre de 'caso Líber'. El Ministerio Público, que reclama además la inhabilitación especial de Alcaraz para cualquier empleo o cargo público durante ese periodo, entiende que se debe aplicar la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada y rebajar -hasta en dos grados -las penas que afrontarán Alcaraz y el resto de procesados.

En un escrito de más de cien folios, al que LA VERDAD ha tenido acceso, el Ministerio Público desgrana su acusación contra catorce supuestos responsables de esta trama. Junto al exalcalde popular, el fiscal señala a quien fue su teniente de alcalde, Antonio Alcaraz; tres secretarios del Ayuntamiento de Aledo, Ana María García Asensio, Concepción Pajarón Fernández y Rosario Hita Vera; tres empleados de las firmas constructoras Urvisán y Urvitec, Encarnación Martínez Conesa, Francisco Julián Mena Martínez y José Ángel Munuera; los administradores de una serie de empresas que, supuestamente, actuaban como meras 'comparsas' en las licitaciones de los contratos públicos, José David Buendía Conesa, Hipólito Buendía Buendía, Francisco Juan Redondo Sánchez y José Antonio Sánchez Espigares; y el directivo de Urdemasa Agustín Martínez Martínez. A todos ellos reclama que se les impongan dos años y quince días de cárcel por presuntos delitos continuados de prevaricación, fraude, alteración de precios de concursos y falsedad en documentos públicos. La Fiscalía solicita, asimismo, para ellos penas de multa -de entre 15.000 y 30.000 euros- e inhabilitación para empleo o cargo público durante dos años y quince días.

El fiscal señala también en su escrito al arquitecto y cabeza visible de la firma asesora Acadi, Domingo Peñalver. Se da la circunstancia de que este acusado es el único presunto cabecilla de las operaciones 'Biblioteca' y 'Líber' que sigue vivo. Sus supuestos compinches y socios, el funcionario de la Consejería de Presidencia José Luis Cano, y el empresario José Antonio Núñez Sánchez, fallecieron en un accidente de tráfico y al caer desde el decimosegundo piso de la Torre Godoy de Murcia, respectivamente.

El fiscal reclama para Peñalver la misma pena que para el resto de acusados -dos años y quince días de prisión-por supuestos delitos de negociaciones prohibidas, fraude y alteración de concursos y falsedad en documento público. En su caso afronta, además, varias multas -una de ellas de 30.000 euros- y dos años y quince días de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

El Ministerio Público solicita, además, en su escrito que se declare la nulidad de todas las adjudicaciones que se hicieron en base a esos contratos supuestamente amañados. El fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, que suscribe el escrito, explica que el coste de ejecución material de una obra se estima en el 80% del contrato adjudicado y, por tanto, interesa el decomiso del 20% de esos contratos supuestamente delictivos que acabaron en manos de Urvisan, Urvitec Levante y Urdemasa. La acusación subraya, no obstante, que esta petición se considerará «de imposible ejecución» respecto a las dos primeras si acreditan estar disueltas y liquidadas sin obtención de beneficios para los socios.

El fiscal coloca el inicio de las andanzas de esta presunta trama en el año 2001 cuando el fallecido Cano Valverde, sostiene, «pergeñó un plan para enriquecerse ilícitamente» abusando del cargo que desempeñaba en el servicio de asistencia técnica a municipios de la Dirección General de Administración Local, adscrita entonces a la Consejería de Presidencia. En ese objetivo utilizó supuestamente dos mercantiles: Control&Gis Consultores, bajo el propio control de Cano Valverde, y Acadi S.L., también controlada de facto por Cano Valverde pero en la que figuraba Peñalver como administrador.

La presunta trama delictiva se habría adjudicado decenas de contratos públicos -hasta 42-, por un importe cercano a los tres millones de euros, gracias al control absoluto que en apariencia tenía de todo el proceso. Así, el alto funcionario Cano era quien presuntamente supervisaba todos los proyectos de obra; su amigo y socio Domingo Peñalver era quien redactaba esos proyectos, y el empresario e igualmente socio de los anteriores, José Antonio Núñez, se los adjudicaba casi por sistema. Y ello gracias a que el sistema de adjudicación era el negociado sin publicidad, al tener un presupuesto inferior a los 60.000 euros.

Lo que presuntamente se hacía para simular la concurrencia de empresas, según explica el fiscal en su escrito, era invitar al concurso a firmas que actuaban como «meras comparsas», presentando ofertas ficticias. A cambio recibían compensaciones como subcontrataciones de obras. Las irregularidades eran supuestamente tan evidentes que se llegaban a cursar todas las invitaciones a empresas al mismo número de fax, o se entregaban en mano a una misma persona como representante de las diferentes mercantiles. Los presupuestos de algunas de las obras habrían sido fraccionados para eludir así el procedimiento abierto. Y en otros casos se habría abierto el expediente cuando ya los trabajos estaban incluso concluidos.