El juicio al 'Prestige de la basura' de Abanilla finaliza con un solo condenado y penas mínimas
Ramón Fenoll asume en solitario la responsabilidad de haber enterrado miles de toneladas en Abanilla y acepta dos años de cárcel, que quedan en suspenso
El juicio por el desastre medioambiental ligado al vertedero de Abanilla -el 'Prestige de la basura'- se acabó resolviendo en los pasillos. Los hermanos Fenoll optaron este miércoles por agarrar un acuerdo de conformidad al que cerraron la puerta hace cerca de dos años. Ramón Fenoll, unos de los principales acusados de la gestión de las basuras en la planta de Proambiente, se quedó finalmente solo en el banquillo asumiendo haber enterrado sin autorización ni control, entre los años 2002 y 2009, miles de toneladas de residuos sin tratar en un espacio natural protegido de la Sierra de Abanilla. El área está catalogada como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de especial protección para las aves (ZEPA).
Este procesado, que afrontaba hasta seis años y medio de cárcel por un delito medioambiental, acabó siendo castigado con dos años de prisión gracias a un pacto que libró de toda culpa a su hermano José y a su sobrino, Ángel Javier Fenoll. Al condenado también se le impuso una multa y la inhabilitación para ejercer actividades relacionadas con vertederos durante tres años. La pena de cárcel impuesta a Ramón quedará en suspenso con el requisito de que no vuelva a delinquir en un plazo de tres años. Esta medida no estará condicionada, sin embargo, al pago de la responsabilidad civil porque este acusado ha sido declarado en situación de insolvencia.
El pacto alcanzado con la Fiscalía deja fuera a José, otro de los hermanos Fenoll, y a un sobrino que también estaba encausado
Los hermanos Fenoll ya acudieron a la Audiencia en noviembre de 2021 para barajar la posibilidad de un acuerdo de conformidad, que en ese momento rechazaron. Cerca de dos años después los procesados cambiaron de opinión y decidieron ayer, tras unas intensas negociaciones que se prolongaron durante varias horas, sellar un pacto con el Ministerio Público que dejó a Ramón y a la mercantil Proambiente -actualmente en concurso de acreedores- como únicos responsables.
La sentencia, que la magistrada ponente de la Audiencia Provincial dictó in voce, clausura además las instalaciones de Proambiente durante un lustro -actualmente ya están cerradas- y prohíbe la realización en ellas de actividades que estén relacionadas con la gestión de basuras. El tribunal había reservado hasta una quincena de sesiones para bucear en la actividad que desarrolló la planta de tratamiento de residuos de Proambiente, que echó a andar en 1998 de la mano de Ángel Fenoll. Sin embargo, la exigencia de responsabilidades por este polémico vertedero, cuya gestión disparó la indignación de los vecinos y dio pie a sanciones millonarias, se acabó saldando en una única jornada y con penas mínimas.
Hábitat del búho real
La planta de Proambiente se hallaba muy cerca del espacio natural protegido de la sierra de Abanilla, un enclave que es hábitat, entre otros, del cantueso murciano y del búho real. El entorno se vio invadido y alterado por los tejemanejes del vertedero. La acusación estatal señalaba en su escrito que los vertidos de cerca de 100.000 toneladas de residuos sin tratar procedentes de la planta de Proambiente acabaron afectando a alrededor de 40 hectáreas de zonas protegidas medioambientalmente en la Sierra de Abanilla. El Ministerio Público pedía responsabilidades a gran parte de la familia Fenoll -finalmente solo Ramón fue condenado- por el impacto que causó la actividad del vertedero a parajes protegidos con daños a la fauna y la flora de la zona. Algunos son «irreversibles».
El gran ausente de la vista de este miércoles era el empresario Ángel Fenoll, principal imputado en la causa. Fue exculpado hace unos días por la Sala debido al alzhéimer que sufre y que, según reconocieron los magistrados, «le impide entender y expresarse con normalidad».
La defensa alerta de que Proambiente no podrá pagar los 13 millones de restauración de la sierra
Más allá de las responsabilidades penales derivadas del enterramiento ilegal de basuras que Proambiente realizó durante años, la sentencia que dictó ayer la Audiencia Provincial obliga a la empresa a hacer frente a unas cuantiosas indemnizaciones. La firma, actualmente en concurso de acreedores, deberá responder ante la Comunidad Autónoma del valor de la restauración de la zona de la sierra de Abanilla que se vio afectada por esas prácticas irregulare y el coste es superior a los diez millones y medio de euros. La fiscal Candela Martínez aclaró este miércoles que Proambiente ya ha abonado algo más de 1,4 millones de euros al Ejecutivo regional para compensar el gasto generado por esos trabajos, que han sido costeados por el erario público. A la Generalitat Valenciana, la empresa deberá abonarle más de 2,4 millones de euros.
El letrado de la firma advirtió, sin embargo, durante su intervención en la vista, de la situación económica que atraviesa la firma y de la imposibilidad de hacer frente a esos pagos. Un asunto que, remarcaron los magistrados, deberá ser resuelto durante el trámite de ejecución de la sentencia.
Los vecinos de la zona afectada por este desastre medioambiental exigen que se lleven a cabo labores de mantenimiento en la zona, dados los fuertes olores que soportan a diario.
