La Audiencia tuvo que señalar el juicio a la red de prostitución a 3 años vista
La investigación, plagada de declaraciones y 'pinchazos' telefónicos, se prorrogó hasta siete años en un juzgado
El caso de prostitución de menores que ha encogido el estómago de la sociedad murciana llegó a manos de la Justicia a comienzos de ... 2015. La Policía Nacional acababa de destapar las tropelías de unas 'madame' y de un grupo de empresarios que habían sido capaces de prostituir a unas adolescentes aunque sabían que no habían alcanzado, siquiera, la mayoría de edad. La rueda judicial comenzó a girar y el caso recayó en el juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, un órgano que, solo en ese año, vio cómo se amontonaban encima de la mesa otros 7.738 asuntos más, según los datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en su memoria.
El conocido magistrado José Fernández Ayuso dictó en abril de 2015 un auto en el que archivaba la causa contra otros 14 acusados que inicialmente estaban en el procedimiento y, un año después, en 2016, declaró la especial complejidad del asunto. Efectivamente, según explican fuentes cercanas al caso, en los meses posteriores la instrucción de este entramado estuvo plagada de declaraciones, de 'pinchazos', de oficios a las compañías telefónicas... Una labor que el magistrado tuvo que simultanear con el impulso de alguna conocida causa de corrupción y que concluyó, aparentemente, en 2018, cuando dictó el auto de continuación por procedimiento abreviado, que viene a equivaler al procesamiento y pone fin a la investigación. En 2019, la Fiscalía puso encima de la mesa su escrito de conclusiones provisionales, con sus peticiones de prisión para los empresarios, y, en 2020, el juez dictó, por fin, el auto de apertura de juicio oral.
El asunto llegó finalmente a la Audiencia Provincial en marzo de 2021 y en mayo los magistrados convocaron a las partes a un primer intento de cuadrar una conformidad, que no culminó. En octubre de 2021 el tribunal asumió, entonces, el reto de meter en la agenda las 16 sesiones que estaban previstas para juzgar a esta red y no encontró hueco hasta septiembre de 2024, prácticamente tres años después. Ya hace tiempo que la saturación de la agenda de las secciones de la Audiencia, que se encuentran desdobladas y con jueces de refuerzo, obliga a señalar juicios a tres años vista. Actualmente, tal y como ya avanzó LA VERDAD, el tribunal está señalando vistas para octubre de 2027.
Fuentes de la Fiscalía explican que, en este caso concreto, la atenuante de dilaciones indebidas se aplicó por el hecho de que tardara hasta una década en tramitarse. Una situación, remarcan, que el Tribunal Supremo admite como una atenuante muy cualificada.
«Un mensaje injusto»
La asociación murciana de apoyo a la infancia maltratada (Amaim) denuncia que la decisión de dejar en libertad a estos condenados «revictimiza a las afectadas y envía un mensaje equivocado, contradictorio e injusto sobre la gravedad de estos delitos». Esta organización reclama una «revisión exhaustiva» de esta sentencia y la adopción de medidas urgentes «que garanticen la seguridad y el bienestar de nuestros niños». El grupo Vox en la Asamblea Regional ha presentado una propuesta de declaración institucional «en apoyo a las víctimas» de la prostitución infantil.
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