El cierre del 'caso Desaladora' frena al fiscal en su voluntad de actuar contra Valcárcel

El cierre del 'caso Desaladora' frena al fiscal en su voluntad de actuar contra Valcárcel

Fiscalía y las acusaciones privadas tenían en el objetivo al político del PP porque todas las grandes decisiones se tomaron por el Consejo de Gobierno

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Ramón Luis Valcárcel, expresidente de la Comunidad, saldrá indemne del 'caso La Sal', en el que se investiga una presunta malversación millonaria de fondos públicos en el proceso de adquisición, por parte de la Administración regional, de la desaladora de Escombreras. Fuentes contrastadas y de toda solvencia, vinculadas a estas diligencias, han confirmado a 'La Verdad' que el político murciano se encontraba en el objetivo tanto del Ministerio Público como de varias de las acusaciones particulares personadas en este proceso, por considerarlo el supuesto responsable último, y no solo en el ámbito político, de las principales decisiones adoptadas en torno a esa planta desalinizadora, que además fueron adoptadas en buena medida desde el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Una responsabilidad que se extendería desde la cesión de una parcela pública a los impulsores del proyecto industrial, cuya legalidad está en entredicho en esas diligencias, hasta la adquisición con fondos públicos de las instalaciones desalobradoras. Sin olvidar, por supuesto, la decisión política de constituir el Ente Público del Agua (EPA), que sirvió como instrumento para incorporar la desaladora a los bienes de la Administración regional y que, además de estar llamado a proporcionar nuevos caudales de agua, sirvió para soslayar la obligación legal de contar con el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), sobre la disponibilidad de recursos hídricos, antes de dar luz verde a los nuevos desarrollos urbanísticos.

El burladero del fuero

Las fuentes mencionadas confirmaron ayer a este periódico que si ninguna de las acusaciones había pedido hasta el momento la citación de Valcárcel en calidad de investigado se debe, fundamentalmente, a que hasta el día de hoy sigue disfrutando de un aforamiento especial como diputado del Parlamento Europeo. De hecho, alguna de las acusaciones privadas estaba esperando simplemente a que perdiera tal condición, algo que ocurrirá en los próximos días, ya que no ha vuelto a integrar las listas del PP en las elecciones europeas, para reclamar al Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia que procediera a encausarlo.

Por lo que respecta a su aparente responsabilidad, la diferencia entre el caso de la desaladora y otros procesos de supuesta corrupción en los que se han visto envueltos algunos de quienes fueron sus consejeros estriba, siempre según esas fuentes, en que aquí casi todas las decisiones trascendentales fueron adoptadas por el Consejo de Gobierno que él presidía.

Cierre en falso

El auto notificado este jueves por la Audiencia Provincial, que pone un cierre precipitado a la investigación judicial del 'caso La Sal' al estimar que se superó uno de los plazos máximos previstos en la ley, clausura cualquier vía a una posible imputación del exjefe del Gobierno murciano en esta causa. De hecho, a partir del pasado 7 de septiembre, en que se cumplió el plazo máximo de seis meses sin haberse ordenado una prórroga, todas las diligencias practicadas hasta el día de hoy han perdido todo su valor. Y lo mismo aquellas que pudieran estar previstas, que ni siquiera podrán llevarse a la práctica. Así viene a confirmarlo la decisión adoptada ayer por la magistrada instructora, María del Mar Azuar, quien dejó sin efecto las citaciones fijadas para los próximos días, en calidad de testigos, de los exalcaldes de Murcia, Miguel Ángel Cámara; de Cartagena, Pilar Barreiro; de Torre Pacheco, Daniel García Madrid; y de Fuente Álamo, María Antonia Conesa; además del expresidente de la CHS, José Salvador Fuentes Zorita, y varios altos funcionarios de la Comunidad.

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