La fiscal ya estudia pedir el procesamiento de los principales sospechosos

El acusador público no aprecia riesgo de que la causa sea archivada, pues estima que existe base probatoria suficiente para la apertura de juicio

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

El 'caso La Sal' está herido, pero su vida no corre peligro. Tal sería el diagnóstico que, en términos más médicos que jurídicos, podría establecerse acerca de la salud actual de estas diligencias. Sobre la viabilidad de esta investigación judicial no alberga duda alguna la Fiscalía Superior de la Región, desde la que ayer se confirmó a 'La Verdad' que ya se ha comenzado a estudiar una posible petición a la magistrada instructora, María del Mar Azuar, para que dicte auto de procedimiento abreviado -lo que vendría a equivaler al procesamiento en el caso de los sumarios- contra los principales sospechosos de esta presunta trama de malversación de caudales públicos.

El auto de la Audiencia Provincial, que anula la investigación a partir del 7 de septiembre pasado, no tiene efecto alguno sin embargo sobre todo lo actuado desde que en 2016 se incoaron las diligencias previas 956/16 en el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia. Entre los documentos incorporados a esta causa se encuentra una enorme cantidad de documentos intervenidos en la Administración regional, despachos jurídicos y empresas privadas, así como las declaraciones prestadas por los principales encausados. El hecho de que estos sospechosos comparecieran como investigados antes de que expirara el plazo es la mejor garantía de que las diligencias tienen futuro y no tienen, ni mucho menos, por qué estar condenadas al archivo.

Entre los imputados contra quienes podría acabar dirigiéndose finalmente la acusación pública y las privadas destaca el exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá, además de dos antiguos gerentes del Ente Público del Agua (EPA), Amalio Garrido Escudero y José Manuel Ferrer Cánovas; el abogado y ex secretario general de ese mismo organismo, Andrés Arnaldos Cascales; y varios representantes legales de las mercantiles Cobra e Hidromanagement, entre otros.