La doctrina de la Audiencia condena a muerte la causa del Teatro de Cehegín

Las diligencias judiciales abiertas sobre el Teatro-Auditorio de Cehegín, cuyas obras quedaron inconclusas después de haber contado con una subvención de nueve millones de euros, serán las siguientes en acabar engrosando la nómica de 'víctimas' del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El futuro de este procedimiento se vislumbra mucho más que sombrío después de que el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Caravaca de la Cruz dictaminara, el pasado noviembre, que la única salida consistía en el archivo de las diligencias por haberse superado el plazo legal para prorrogarlas, sin que así se hubiera hecho.

Aunque la Fiscalía Superior interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, con el propósito de que esa decisión del juez instructor pudiera ser revocada, fuentes del Ministerio Público reconocen que las opciones de que ello ocurra son en estos momentos prácticamente nulas, teniendo en cuenta las últimas decisiones del órgano al que corresponde resolver la cuestión.

Estas diligencias se incoaron en el año 2017, a raíz de una denuncia interpuesta por la propia Fiscalía Superior de la Región. Los hechos acerca de los que se promovía una investigación judicial se remontaban a 2006, cuando el popular José Soria ejercía como alcalde. En aquellos días, la Consejería de Cultura otorgó al municipio una subvención de nueve millones de euros para levantar una gran infraestructura cultural, que no era otra que un gran Teatro-Auditorio. Sin embargo, según la denuncia del Ministerio Público, la tramitación del expediente habría estado preñada de irregularidades; algunas de ellas prácticamente idénticas a las que se habrían producido con el Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras, por el que está ya procesado y pendiente de juicio el expresidente del Ejecutivo murciano Pedro Antonio Sánchez.

Una de las aparentes ilegalidades más flagrantes consistiría en que no constaba en el Consistorio de Cehegín la convocatoria de concurso alguno, como tampoco de acuerdo formal, para la adjudicación del proyecto a un despacho de arquitectos, lo que podría suponer «un incumplimiento de las normas esenciales reguladas en la Ley de Contratos». Tampoco existía mención alguna sobre la forma en que se pagaron los honorarios de esos profesionales.

Las investigaciones dirigidas por la Fiscalía y desarrolladas con la colaboración del Grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional apuntan a que solo se desarrolló una primera fase del teatro, que se quedó prácticamente en la estructura. A día de hoy, de hecho, este ambicioso proyecto cultural sigue ofreciendo un aspecto desolador, con las vigas y las planchas de hormigón al aire, lo que ha llevado a los vecinos de Cehegín a otorgarle la irónica denominación de 'La jaula de King Kong'.

Pese a que la fiscal asignada al caso reclamó ya en un primer momento que se declarara la complejidad de la causa y que se prorrogara la investigación hasta los 18 meses, el magistrado instructor no habría tomado decisión alguna hasta bien transcurridos los seis meses del plazo legal de que disponía. Cuando se dispuso a hacerlo, después de varios requerimientos de la Fiscalía para que impulsara esa investigación, cayó en la cuenta de que ya se habían vencido todos los plazos y que, como además no se había practicado prueba alguna ni se había tomado declaración a los principales sospechosos, no cabía otra opción que el sobreseimiento.

Aunque el Ministerio Público recurrió a la Audiencia, la resolución, que a día de hoy sigue pendiente, apunta a que confirmará el 'fallecimiento' de este procedimiento. Una nueva muerte por inanición.