El Seprona saca a la luz balsas de purines sin cubrir cerca de ramblas del Mar Menor

Los agentes también levantaron acta sobre derrames contaminantes con perjuicios «sustanciales» en cauces secundarios conectados con la rambla del Albujón, la principal de la cuenca marmenorense. Así consta en la calificación preliminar de la Fiscalía regional, que dada la relevancia y complejidad de este asunto, relacionado con la contaminación del Mar Menor por nitratos, recabó informes periciales de la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado.

Los desbordamientos de balsas de purines y los lixiviados, en especial en episodios de lluvias torrenciales, causaron daños en «los ecosistemas, la flora y la fauna» de, al menos, las ramblas de El Palmeral y de Las Cáveas, en Fuente Álamo. «Especialmente en los episodios de torrencialidad, frecuentes en la zona, que arrastran y lavan el terreno junto con los vertidos, los lixiviados de materia orgánica y nutrientes pueden desembocar finalmente en el Mar Menor, en el momento que se producen estas avenidas», explicaron fuentes de la Fiscalía regional a LA VERDAD.

Apuntaron que las escorrentías bajan por los cauces próximos a las explotaciones de porcino en dirección a la laguna «a través de la rambla del Albujón, con la que están conectadas hidráulicamente».

«La falta de impermeabilización de las balsas y otras zonas de almacenamiento producen infiltraciones no controladas del purín al terreno», a diferentes profundidades y distancias, resumieron en el Ministerio Público. Y agregaron que, efectivos del Seprona de la Región de Murcia y de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (Ucoma) –que reforzaron sus labores de control en el año 2022 y continúan 'peinando' esta amplia zona de la Región– también encontraron ocupaciones del dominio público hidráulico con distintas instalaciones. Las inspecciones desvelaron también el peligro de alteración química de la masa de agua subterránea en Mazarrón; y extracciones ilegales de aguas subterráneas con pozos.

Acerca de la nueva remesa de querellas, y a modo de ejemplo, en la Fiscalía indicaron que en sus batidas por los municipios del Campo de Cartagena la Benemérita detectó, en una de las granjas, «irregularidades en la impermeabilización de conducciones, balsas y estercoleros». También hallaron «lixiviados y desbordamientos de purín con afección a terreno natural y al Dominio Público Hidráulico (DPH); localización de los sistemas de almacenaje a menos de cien metros de cauce; extracción ilícita de agua; ocupación ilícita del DPH; gestión de residuos incorrecta; y ausencia de vallado perimetral individual de las balsas, lo que conlleva el incumplimiento de numerosa normativa ambiental sectorial, regional y estatal».

Según los especialistas de la Guardia Civil en la defensa de la naturaleza, el propietario no pudo demostrar que las balsas fueran «totalmente impermeables», de acuerdo con los criterios de la Ley de recuperación y protección del Mar Menor. Por ello, «se requiere una impermeabilización artificial de las balsas», concluyeron. Además, en este caso, la «ocupación no autorizada» del dominio público» generó «un daño sustancial en la rambla de El Palmeral por alteración hidromorfológica de su espacio fluvial y, por tanto, un grave deterioro del medio físico y biológico de la misma».

Las actividades supuestamente ilícitas, que investigará un juzgado, alcanzan «la extracción ilícita de agua desde el pozo existente en la explotación, que podría estar causando un riesgo de daño en la masa de agua subterránea de Mazarrón». Ello, por el vertido de «materia orgánica, nutrientes y metales pesados» al suelo (incluidas la capas inferiores) y al subsuelo.

Esta conducta «puede llegar a condicionar la disponibilidad» del acuífero «para el sustento de los ecosistemas naturales y para poder cumplir los objetivos medioambientales». Estas fuentes recordaron que la CHS, en su planificación hidrológica para el periodo 2022-2027, recoge las masas de agua subterráneas «en estado cuantitativo y cualitativo malo», lo que exige aplicar medidas en virtud de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea.

Las querellas de la Fiscalía contra las nueve granjas de cerdos se formulan en virtud del artículo 325 del Código Penal. Este recoge penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años». El citado artículo eleva hasta un máximo de ocho años de prisión por conductas graves.

Días atrás, la Fiscalía trasladó a la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor documentación relativa a estas denuncias para que inicie, a nivel administrativo, expedientes de aplicación de la Ley de responsabilidad ambiental. Se trata de que los titulares de las explotaciones ganaderas, sean particulares o empresas, paguen sanciones equivalentes al coste de restauración de los daños ocasionados a la naturaleza que calculen los técnicos autonómicos. El fiscal delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Miguel de Mata, ha emprendido una segunda ronda de exigencia del cumplimiento de la citada ley. En la primera fase, la Fiscalía forzó al Gobierno regional -previa sentencia del Tribunal Superior de Justicia- a abrir siete expedientes. Ello, en paralelo a la vía judicial ('caso Topillo'). Los siete expedientes han supuesto multas por 2,37 millones de euros contra compañías agrícolas por vertidos de aguas con nitratos desde desaladoras ilegales al Mar Menor y los acuíferos. Algunas han presentado recursos judiciales. En los expedientes está personada la asociación Ecologistas en Acción, que defiende el principio legal de 'quien contamina paga'.