Las organizaciones sanitarias de la Región acogen divididas la futura ley de eutanasia

El debate refleja la evolución social a lo largo de las últimas décadas. Si hace años era difícil encontrar voces partidarias de la legalización de la eutanasia en la profesión médica en la Región, hoy las posiciones son mucho más plurales.

En el Colegio, no obstante, se mantiene el rechazo a la medida. El presidente de la comisión deontológica de la institución, Gumersindo González, cuestiona que el derecho a la eutanasia pueda sustentarse en la autonomía del paciente. «Hablamos de personas que están cerca del final de su vida, con cuadros depresivos, con un sufrimiento psíquico. Son situaciones que afectan a la claridad con la que toman la decisión, que se ve muy condicionada», advierte.

La posición del Colegio se alinea con la comisión deontológica de la Organización Médica Colegial (OMC) de España, recuerda Gumersindo González. «Lo que el paciente necesita es apoyo para que su situación sea tolerable; no quiere morir, sino parar de sufrir», señala.

Pero no todos los facultativos se sienten identificados con los argumentos de las corrientes más conservadoras. «Creo que los colegios de médicos no representan a la mayoría, somos muchos los que estamos a favor de esta regulación», asegura Mario Soler, presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) de la Región. «La eutanasia hay que legalizarla con procedimientos muy, muy garantistas, de forma que se trate de una decisión consciente, meditada y nunca motivada por un proceso agudo o una depresión», advierte. En este sentido, quienes como la ADSP defienden la regulación de la eutanasia ponen en valor los controles establecidos en el proyecto de ley, que ha recabado un amplio apoyo en su primer trámite en el Congreso de los Diputados.

Los pacientes tendrán que manifestar dos veces a su médico de familia, por escrito y en un plazo de quince días, su deseo de acogerse a la eutanasia. El facultativo deberá informarle de cuál es su situación, de las alternativas terapéuticas de las que dispone y de los cuidados paliativos que puede recibir. Si persiste en su idea, otro médico 'consultor' deberá revisar el caso y determinar si el paciente cumple los criterios. Esto es, si padece una patología incurable y terminal o una enfermedad «grave, crónica e invalidante».

Si este facultativo autoriza la petición, el caso llegará entonces a una comisión regional de expertos. Tras su evaluación, la última palabra la tendrá de nuevo el paciente, que por cuarta vez tendrá que reiterar su deseo de acogerse a la eutanasia o suicidio asistido.

Para la Asociación de Usuarios de la Sanidad, se trata de un procedimiento «muy garantista», y pide al Gobierno autonómico que no utilice la futura comisión regional para «entorpecer» la aplicación de la ley. Aunque el rechazo del PP es frontal, la Consejería de Salud evita la confrontación, y señala que «es un tema que se tiene que abordar desde un punto de vista estatal y que requiere de consenso con comunidades autónomas y profesionales». En cualquier caso, «nosotros apostamos por otras alternativas, como los cuidados paliativos que eviten el sufrimiento y el dolor innecesarios», subrayan fuentes de este departamento.

El debate de la eutanasia no es ajeno a la polarización política e ideológica, más bien todo lo contrario. Algunas organizaciones sanitarias tratan de buscar, pese a ello, posiciones de consenso. La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) se mantiene «neutral» a la espera de «profundizar en el debate», explica Adoración Lozano, médica de Cuidados Paliativos y miembro de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Smumfyc), integrada en Semfyc. «Tenemos que escuchar a la sociedad», reflexiona. Para Lozano, «falta formación e información», y en el fragor de la polémica tienden a confundirse asuntos diferentes, como «la eutanasia y los cuidados paliativos».

Algunos contrarios a la nueva ley creen que la eutanasia puede ser un camino al que los pacientes recurran ante la ausencia de un buen sistema de cuidados paliativos. «Se vanaglorian de facilitar la muerte cuando no se ha procurado el buen morir», señala Carmelo Gómez, director de la cátedra de Humanización y Cuidado a Mayores de la UCAM y presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica. Pero para el presidente de la ADSP, Mario Soler, contraponer ambas cuestiones «es un poco demagógico». «Es evidente que hay que garantizar unos cuidados óptimos, pero hay pacientes que en el uso de su libertad no desean seguir viviendo la vida que les espera, en unas condiciones que ven inaceptables», advierte.

Rafael Pacheco, especialista en Medicina Legal y Ética Médica, cree que la ley es «oportuna», aunque «hay que esperar a su publicación en el BOE, porque cualquier matiz puede suponer cambios importantes». Lo fundamental, subraya, es que haya «muchas garantías», incluida la posibilidad de acogerse a la objeción de conciencia. El proyecto de ley así lo establece, al igual que ya ocurre con la interrupción voluntaria del embarazo. Pero todavía hay incógnitas. Por ejemplo, si serán los médicos de familia, como parece desprenderse del texto, los encargados de suministrar las sustancias que provoquen la muerte del paciente.

El debate continúa, pero el Congreso ha dado ya el primer paso y la aprobación de la ley parece segura.«Si otras sociedades avanzadas han abordado este tema, no es tan disparatado que España lo haga», reflexiona Rafael Pacheco. «Lo importante es hacerlo con cautela y garantizando los derechos y libertades».