El juicio al presunto violador de una joven en El Valle, en Murcia, se hará esperar aún cuatro años
La abogada de la víctima presenta una queja ante el Defensor del Pueblo advirtiendo de que el retraso «acrecienta el dolor» de la afectada
La Fiscalía reclama ocho años de cárcel para Sadik T., el acusado de violar a una joven en El Valle, en Murcia, en enero de 2022. La Audiencia Provincial, sin embargo, no ha encontrado hueco en su agenda para fijar el juicio por esta presunta agresión sexual antes del 17 de abril de 2029. La abogada Pilar de Haro, que ejerce la acusación particular y eleva su petición de pena hasta los doce años de prisión, ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo denunciando que, cuando llegue la vista, ya habrán transcurrido más de siete años desde que se produjo el supuesto ataque. La letrada remarca la importancia de ofrecer señalamientos más cercanos en el tiempo «para no acrecentar el dolor y el sufrimiento de la víctima».
Los hechos que deberán esperar a 2029 para ser enjuiciados se produjeron en la madrugada del 16 de enero de 2022 cuando el acusado se ofreció a llevar en su coche a varios asistentes a la fiesta que un amigo había celebrado en una casa de campo de Alcantarilla. En torno a las cuatro de la madrugada, explica el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, la joven se quiso marchar y aprovechó la oferta del acusado porque el coche de sus amigos ya iba lleno.
Tras dejar a otro amigo y quedarse solos el procesado se detuvo en el descampado pidiéndole la joven que la llevara a su casa. Ante su negativa esta le envió un Whatsapp a una amiga con su ubicación y pidiéndole que la fuera a buscar. Después, según el relato de la Fiscalía, Sadik se dirigió a un descampado en una zona de campo cerca de El Palmar donde presuntamente agredió sexualmente a la joven.
El Ministerio Público considera que el hombre incurrió en un presunto delito de agresión sexual por el que reclama ocho años de cárcel y una orden que la impida acercarse o comunicarse con la víctima durante ese tiempo. Además, reclama una medida de libertad vigilada durante una década y que indemnice a la afectada en 15.320 euros por los daños morales y las secuelas que padece como consecuencia de la agresión.
La letrada de la acusación particular denuncia el "alargamiento innecesario y cruel" del procedimiento
La letrada de la acusación particular insiste, en su escrito de queja, "que no se puede ni debe consentir que el llevar ante la justicia al autor los hechos (...) implique para el mismo beneficios como la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas cualificadas". Para la víctima, remarca De Haro, ese retraso "solo implica una nueva victimización secundaria por la forma en que es tratada por la Administración de Justicia y sus tribunales, no pudiendo sanarse y llegar a la curación total de sus lesiones, cerrando este capítulo de su vida ante el alargamiento innecesario y cruel de este procedimiento penal".