La juez de 'Novo Carthago' cita como imputados a una hija y al yerno de Valcárcel

Tras casi un año de parón -por diversos motivos-, el 'caso Novo Carthago' vuelve a soltar amarras y desplegar velas. La juez instructora dio ayer un paso más en la investigación de esta presunta trama de corrupción que habría impulsado la recalificación ilegal de los terrenos, situados a orillas del Mar Menor, en los que la promotora Hansa Urbana pretendía levantar la macrourbanización Novo Carthago.

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Miriam Marín, llamó a declarar como imputados -ahora investigados- a Rosario Valcárcel, la hija mayor del expresidente regional y europarlamentario, Ramón Luis Valcárcel; al esposo de esta, Fulgencio Perán, y a su cuñado, Juan Francisco Cruz (un hermano de la esposa de Valcárcel). La juez les atribuye a todos ellos un presunto delito de cohecho, así como también a dos socios de Cruz en la firma Faromur Promociones SL: un amigo íntimo de éste, José Alberto Meroño Garriga, y Juan Sánchez Carrillo, hermano del exconcejal de Murcia Antonio Sánchez Carrillo. Las declaraciones, según informaron fuentes judiciales, están señaladas para los próximos 29 de junio y 11 de julio.

Los tres familiares directos del europarlamentario y los dos empresarios ya fueron imputados en el 'caso Novo Carthago' en marzo del pasado año por el anterior instructor, el magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Manuel Abadía. Ese auto fue uno de los últimos movimientos que el magistrado Abadía realizó en el caso antes de que la dimisión del consejero Antonio Cerdá le obligara a desprenderse del asunto.

Tal y como ya dejó entrever Abadía en su auto anterior, los tres socios de Faromur Promociones tendrán que explicar por qué razones la promotora Hansa Urbana les vendió dos parcelas en Torreguil a un precio «anormalmente bajo», precisamente en la misma época en la que estaba concluyendo la tramitación administrativa de la macrourbanización Novo Carthago. El magistrado y el Fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, ya apuntaron a que el cuñado de Valcárcel podría haber actuado como testaferro de este último, quien «podría haber obtenido beneficios derivados de la compra a bajo precio de ese solar».

Las sospechas contra la hija mayor de Valcárcel y el esposo de ésta van, al parecer, en el mismo sentido, ya que el magistrado cree que fueron perceptores de «dádivas y regalos» procedentes del promotor Rafael Galea. Entre los presuntos favores que investiga la justicia figura el hecho de que Rosario Cruz estuviera contratada dos años en un despacho legal de Sevilla, del que Galea era el principal cliente. Según revela la instrucción del caso, era la que más cobraba de los trece empleados que tenía el gabinete.