Contante y sonante

En el kit de emergencia que las autoridades aconsejan disponer para casos de catástrofe, junto al agua embotellada, la comida enlatada, linternas, radio, botiquín de primeros auxilios y otros elementos básicos, numerosos gobiernos aconsejan a sus ciudadanos incluir un artículo que consideran fundamental: dinero en efectivo. No concretan cuánto, pero cualquiera entiende que en situaciones de caos va a resultar difícil que te acepten una tarjeta de crédito como forma de pago por un kilo de arroz o una hogaza de pan, pongamos por caso.

Sin necesidad de invocar a dramatismos de ningún tipo, pero sí recelosos ante la expansión del dinero de plástico y del electrónico, hay quien lleva tiempo construyendo una muralla protectora en torno al contante y sonante, un bien que presentan riquísimo en bondades. Y que es, además, el método aún hoy más empleado. Con gran diferencia. El propio Dan Schulman, presidente de PayPal, la compañía estadounidense de pagos en línea, admite que «pasará mucho tiempo hasta que el efectivo desaparezca». Es cierto que el 93% de los consumidores de la zona euro dispone de una tarjeta de plástico y que, en nuestro país, el pasado año se realizaron 3.430 millones de abonos con ellas, un 12,6% más que en 2016, y que las operaciones a través de terminales de venta han crecido un 62% en la última década, según el Banco de España. Pero Concha Jiménez, directora general de Efectivo y Sucursales de la entidad estatal, lo tiene muy claro: «El efectivo sigue siendo el medio de pago preferido por los españoles, según nuestra última encuesta, sobre todo para compras de menor cuantía, tal y como revela el reciente estudio publicado por el Banco Central Europeo», resume.

Jiménez alude a los resultados de un informe presentado el pasado mes de noviembre por el BCE y que arroja datos esclarecedores: entre ellos, que el 79% de las compras en la Eurozona se completaron en metálico (ese porcentaje se eleva al 87% en España), frente al 19% realizado con tarjetas y un 2% por medio de cheques y otros métodos. Considerando el valor de las operaciones, el 54% corresponde al efectivo (el 68% en el caso español), un 40% a desembolsos electrónicos y el 6% al resto de fórmulas.

¿De qué se preocupan entonces los valedores del pago en mano? No es que estén especialmente inquietos, pero sí tratan de ralentizar una tendencia que, si no se controla, puede en su opinión mermar las ventajas que ofrecen los billetes y las monedas. Tienen incluso catalogadas estas virtudes teóricas: el efectivo, argumentan, es universal y más democrático porque es accesible a todo el mundo, es más seguro y evita el robo de identidad, minimiza los riesgos de estafa, protege la privacidad al no dejar rastro de los movimientos del usuario, permite a los hogares controlar mejor sus gastos y resulta inclusivo porque conecta a las personas. «Los billetes y las monedas son un bien colectivo. Son la red social suprema», llega a decirse en la web cashessentials.org, un sitio de internet lanzado en abril de 2016 para divulgar el ideario de Guillaume Lepecq, un experto en asesoría económica, francés de 51 años, que en 2001 fundó AGIS Consulting, firma especializada en medios de pago.

Lepecq es autor de una serie de publicaciones e informes que detallan el «importante papel del efectivo en la sociedad». Pasa por ser una autoridad entre los lobbys que hacen proselitismo del papel moneda, al punto de que en septiembre fue contratado como director general de uno de ellos, International Currency Association (ICA), firma británica que nació hace dos años con «el objetivo de proporcionar una voz potente para mantener la moneda como la opción de pago preferente». ICA publica informes y organiza conferencias y congresos para difundir los beneficios del efectivo y, como aspecto clave de su misión, «está en contacto y defiende sus principios ante instituciones, bancos centrales y autoridades gubernamentales», explica a este periódico Samantha Burns, directora de desarrollo empresarial de la compañía. «Contamos con 22 organizaciones como miembros activos y seis asociadas en diez países europeos, tres de Asia y tres de Norteamérica», detalla Burns.

La tarea de ICA no es desinteresada. Entre sus socios se encuentran empresas dedicadas al diseño de billetes y sus hologramas, a la impresión de los mismos, al papel, a las máquinas de procesado... o agrupaciones como ATMIA, asociación comercial estadounidense que agrupa a compañías dedicadas al transporte de dinero en furgones blindados. Negocios como los integrados en Aproser (Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad), que aglutina a más del 70% de sociedades de este sector en España. Eduardo Cobas es su secretario general. «No decimos que se defienda lo nuestro, que también, sino algo tan básico como la libertad de medios de pago. Que la gente pueda elegir sin verse obligada a utilizar determinados medios», comenta. Tras repasar las virtudes ya descritas por los promotores del efectivo (universalidad, privacidad, seguridad...), Cobas rechaza tajantemente la extendida idea de que existe una asociación íntima entre el uso de dinero en metálico y la estafa fiscal. «No hay ninguna base teórica que permita afirmar una correlación entre el fraude y el pago en efectivo. Al contrario, hay muchas más posibilidades de que el ciudadano sufra una estafa con los nuevos medios alternativos de pago», afirma. El directivo es también contrario al límite de 2.500 euros ahora vigente en España para los abonos en mano. «Se criminaliza el metálico sin fundamento. En los países donde no existe límite, como los nórdicos, los niveles de economía sumergida son mínimos -dice Cobas-. Tratamos de transmitir nuestros argumentos a quienes tienen alguna responsabilidad en estos temas y su receptividad es... variable».

A la gestión política se refieren también algunos reproches de los sindicatos con presencia en la banca. Roberto Tornamira, secretario federal del Sector Financiero, Oficinas y Seguros de UGT, cifra en «85.000 los puestos de trabajo destruidos en la banca española desde el inicio de la crisis, en 2008, como efecto directo y evidente del cierre de oficinas, más de 18.000 en el mismo periodo». Esta pérdida de empleo ha coincidido en el tiempo con «la importante recepción de dinero público por parte de las entidades». Como datos comparativos, Tornamira detalla que en el cuatrienio 2010-2014, «en la zona euro ha desaparecido un 12,64% de las sucursales existentes», mientras que en ese espacio de tiempo «el porcentaje de retroceso en España ha sido del doble, el 25,86%, pasando de 43.164 oficinas a 31.999».

No hay fórmula matemática para concretar en qué medida ha afectado a estas circunstancias el fomento de los nuevos sistemas de pago, pero el responsable de UGT tiene claro que «el empleo se reduce sobre todo por las fusiones de empresas, que generan cierre de oficinas, y también por efecto de la digitalización». Tornamira, por tanto, se sitúa junto a quienes defienden el efectivo, sobre todo porque «a base de reducir costes laborales y de aplicar las nuevas tecnologías para recortar mano de obra» se ha llegado, dice, a que «un 50% de municipios pequeños o muy pequeños de España carezcan ya de sucursales y servicios bancarios básicos».

En el campo opuesto juega la Asociación Española de Banca (AEB). Su portavoz, José Luis Martínez Campuzano, rebate los números aportados por Roberto Tornamira. «En España, más del 92% de la población vive en municipios con al menos dos oficinas y el Banco Mundial cifra nuestra inclusión financiera en el 98%, una de las mayores de Europa», dice. «El objetivo de los bancos es facilitar el servicio de pago al cliente con independencia del instrumento que elija para llevarlo a cabo. Y hay una clara preferencia de los consumidores por los pagos digitales, que son seguros, cómodos y cada vez más inmediatos». Por esto, la patronal del sector lleva años «redoblando esfuerzos» para fomentar los métodos electrónicos y «las oficinas móviles», aunque, en opinión de Martínez, «es necesario que las autoridades tomen conciencia de que hay que extender la conexión de internet para garantizar el acceso a los servicios bancarios».

En la AEB anida el convencimiento de que «la digitalización financiera es imparable y demandada por los clientes». Su portavoz admite que «ese proceso puede conllevar ajustes de empleo», pero asegura que «en el sector bancario los ajustes siempre se han acometido de forma no traumática».