García de la Vega, una guerra que aún no está perdida para el Real Murcia

Solo el hecho de que el magistrado Ignacio Sancho Gargallo, ponente de este caso en la Sala Civil de esta instancia judicial, haya solicitado más información al Real Murcia tras una reunión el pasado 10 de septiembre que debía ser definitiva. Una cita, como adelantó LA VERDAD, de la que debía salir una sentencia en firme, lo que hace albergar esperanzas a los abogados granas de que el empresario mexicano pase a ser solo historia pasada en la vida del club tras ocho años en primera plana.

Para los miles de murcianistas que en aquellas fechas apoyaron a la entidad con diversas aportaciones no hay debate: más allá de la pelea judicial el Real Murcia de finales de 2018, y pese a que fuera propiedad de García de la Vega como aseguró el TAS, estaba con el agua al cuello, al borde de la desaparición, y necesitaba una inyección económica urgente. Aportaciones económicas que el empresario mexicano, en los meses previos que estuvo al frente de la entidad, no hizo. Por eso el murcianismo en masa, y también miles de simpatizantes desde distintos lugares del mundo, ya fuera vendiendo pulseras o comprando acciones en las dos ampliaciones de capital que reflotaron el club y que recaudaron cerca de 3 millones de euros, dieron un paso adelante y salvaron a la entidad. Dinero que fue destinado por gestores como Tornel y el Kbusiness a tapar algunos agujeros del concurso, con las administración y salarios atrasados de empleados y jugadores.

El escenario de 2018 era dantesco para el Real Murcia, con sus trabajadores sin cobrar durante meses, con impagos de facturas y obligaciones públicas sin cubrir desde años atrás. Pero ahora es la Sala Civil del Supremo la que debe decidir cuáles eran las verdaderas intenciones del murcianismo en 2018. Que detrás del movimiento de salvación hubieran más de 30.000 aficionados y que siete años después el club haya quedado limpio de deuda pública y cuente con una salud de hierro tras el desembolso millonario de Felipe Moreno, podría declinar la balanza del lado del Murcia, una utopía hasta hace poco.

Que el actual presidente, que aquel curso todavía no había aparecido en la vida del club grana, sea un tercero en esta causa y haya pagado más de dos millones al mexicano por una parte de su presunto paquete accionarial grana, una cantidad superior a lo que De la Vega se gastó en el Murcia, también podía afectar a lo que finalmente dicten los magistrados de esta instancia a la hora de resolver el caso. Una postura contraria a la que mantiene el empresario mexicano, que asegura que no hizo aportaciones al club porque no le dejaron, porque Raúl Moro se echó atrás una vez que le vendió el club, y porque le echó a la calle y le dio las llaves del Enrique Roca a la familia Gálvez.

La jueza De las Heras, del Mercantil 1 de Murcia, lo tuvo claro en noviembre de 2019: dicho movimiento y también la ampliación de capital de finales de 2018 buscó el interés societario y justificó que salieran adelante todas las iniciativas que propulsaron la salvación del club centenario, aunque la Audiencia Provincial, en enero de 2020, interpretó que dicho aumento de capital, agarrándose a una declaración pública de Víctor Gálvez, tenía la intención de diluir el capital de De la Vega, algo que para los murcianistas no era el objetivo final, y sí la salvación del club de su vida.

Con el litigio ya en el Supremo, el tercer y definitivo escalón, el Murcia aportó, meses antes del 10 septiembre, información sobre el Plan de Reestructuración, la operación acordeón y la creación del nuevo capital, argumentando que las acciones objeto del litigio en el Mercantil han desaparecido.

Los asesores legales del club grana, con Higinio Pérez a la cabeza, se agarran a que Iconos Nacionales recurrió el Plan de Reestructuración pero no impugnó la junta de accionistas en la que se acordó la reducción de capital a cero que demostraba el sacrificio por seguir salvando la entidad de los accionistas que habían puesto su dinero en las ampliaciones objeto de este litigio e iban a perderlo. Los letrados granas también buscaron demostrar que la ampliación de 2018, como todo lo que llegó después, lo hizo la afición grana por salvar a su club y no por diluir el capital del mexicano.

García De la Vega ha respondido al Real Murcia en el Supremo presentando la sentencia de la Audiencia Provincial del pasado 17 de julio que dio por no válida el Plan de Reestructuración presentado por los abogados del club, aunque estos tedrán hasta el próximo día 22 para presentar alegaciones al Supremo, que quiere escuchar al club grana, lo que hace albergar esperanzas a los gestores de la entidad murciana. Un retraso que podría permitir que la junta de accionistas fijada para el próximo 6 de octubre se lleve a cabo antes de que esta instancia judicial dicte una resolución histórica.

Una vez que la sentencia del Supremo se ha retrasado, el club confía en que la misma no llegue antes de la junta de accionistas del 6 de octubre destinada a aprobar las cuentas del ejercicio anterior y a poner los cimientos de un nuevo Plan de Reestructuración. En caso de que este organimo superior no se pronuncie antes de dicha fecha, el nuevo capital social será de 11,3 millones, y estará repartido entre miles de accionistas una vez que la Audiencia Provincial tiró para atrás el Plan de Reestructuración.

Por lo tanto, con este cuadro de acciones, Felipe Moreno a través de Hause La Fuente, seguirá teniendo la máxima representación con 6,8 millones de capital, lo que le otorga el 59,9% del club. A la segunda posición vuelve Francisco Tornel, que con 651.050,87 euros será el segundo máximo accionista, mientras que en tercera posición aparece Fibranet con 499.999 y el 4,3% del capital social. Otro de los accionistas diluídos con el Plan de Reestructuración y que regresa a escena será el Kbusiness, con 418.220 euros de aportaciones y el 3,6% de la propiedad del club, porcentajes parecidos a otros actores en la vida principal de la entidad hasta 2023 como Enrique Roca, Prevemur, Gesa Mediación, Grupo Multimedia PIC, Tomi Maquinaria y hasta la Fepemur, que recuperaría sus 37.651 euros de aportaciones y el 0,33 del capital social.

En el caso de que la resolución del Supremo llegue antes del 6 de octubre y no sea favorable al Real Murcia, el club estará obligado a suspender dicho acto, reformular los puntos del día y volver al capital social anterior a la aprobación de la junta del 4 de septiembre de 2018 en la que Iconos Nacionales tenía un 84,2% de acciones del Murcia adquiridas a Corporación Augusta de Raúl Moro, lo que será un claro paso atrás para la entidad grana.