El 10 de septiembre, otra fecha clave para el futuro del Real Murcia

Lo que se va a juzgar en algo más de un mes, básicamente, es si la ampliación de capital de 2018 que diluyó las acciones del Real Murcia que De la Vega le había comprado a Raúl Moro es legal o no después de que el Juzgado Mercantil 1 de Murcia dijera que sí en primera instancia, posteriormente la Audiencia Provincial asegurara que no aceptando el recurso de De la Vega, y más tarde el Real Murcia interpusiera un nuevo recurso de casación ante el Supremo del que ahora está pendiente el murcianismo, que fue actor principal en la lucha por la salvación.

Precisamente lo que suceda en septiembre con la ampliación de 2018 afectará directamente a la segunda, la de 2020 que recaudó otros 1,6 millones y cuya viabilidad o no el Mercantil 2 de Murcia condicionó a lo que suceda en el Supremo. Hasta García de la Vega, en un segundo plano desde hace años, tiene planeado regresar a Murcia para dejarse ver y meter presión, según algunos de sus allegados en la Región de Murcia.

El Real Murcia se enfrenta a otro día clave en su historia, aunque hay nuevos actores y condicionantes. Si esta guerra que arrancó en 2018 tenía como protagonistas de un lado al empresario mexicano y del otro al grupo de murcianistas liderados por Francisco Tornel que dieron un paso adelante para salvar al club en un momento agónico, ahora también hay que incluir en la ecuación a Felipe Moreno, que además de haber desembolsado una cantidad ingente de millones para poner al día a la entidad desde su llegada en 2023, actualmente es propietario no solo del actual Real Murcia, también de parte del Murcia de García de la Vega si finalmente el Supremo termina de dar la razón al mexicano.

El motivo: los 2.050.000 euros pagados por Moreno a De la Vega desde marzo de 2023 hasta aquí como parte de su acuerdo que le han permitido adquirir el 60% de Iconos Nacionales, la empresa que se quedaría con el paquete mayoritario de acciones del Real Murcia en caso de que el Supremo le de la razón a De la Vega el próximo 10 de septiembre, fecha en la que este organismo tomará una decisión, aunque la redacción de la sentencia podría llevar hasta un mes más según los expertos.

Si el Supremo acepta el recurso del Real Murcia y da por buena la ampliación de 2018 que cambió la vida del club, nada cambiará en el día a día de la entidad a la espera de saber qué pasa con el Plan de Reestructuración grana, un asunto menor en relación a lo está en juego ahora. En este caso, De la Vega ya no cobraría los 2 millones que le restan por percibir de Moreno y quedaría tocado, aunque si gana y el Supremo le respalda, el capital social del Real Murcia podría volver a ser de 178.000 euros, como en 2018, antes de las ampliaciones y todo lo sucedido después, de los que 150.000 pertenecerían a De la Vega y un Moreno que ostentaría algo más de un 50% del club, bastante menos de lo que tiene ahora, aunque quedaría por definir qué pasa con todas sus aportaciones posteriores, las que han sacado a la entidad grana del pozo en el que estaba.

Para entender cómo comenzó todo hay que remontarse a diciembre de 2017 cuando Corporación Augusta de Raúl Moro, dueña del 84,2% del club, e Iconos Nacionales, de García de la Vega, celebraron un contrato con opción a compra de la entidad a favor del mexicano que éste ejecutó el 7 de marzo de 2018. Moro interpretó el contrato de forma distinta, no reconoció la compra y vendió posteriormente el mismo paquete accionarial a la familia Gálvez.

De la Vega acudió al TAS, que en abril de 2018 sentenció que su compra sí era legal y que el Real Murcia suyo. Pero ni Moro ni Gálvez, ni tampoco los posteriores consejos de administración del club estimaron que debían inscribir al mexicano sin que éste ejecutara antes la sentencia del TAS en el TSJ de Andalucía, circunscripción de la empresa de Moro que había vendido las acciones.

Por eso De la Vega no pudo asistir como socio a las juntas de accionistas posteriores a su compra, ni tampoco a la del 4 de septiembre, cuando fue aprobada una ampliación de capital que, meses después y tras un gran movimiento de salvación, el club grana reunió 1,3 millones, se salvó de una muerte anunciada y coronó a Tornel como máximo accionista.

De la Vega, muy señalado por no aportar capital cuando sí pudo hacerlo, acudió a la justicia ordinaria, pero el Juzgado Mercantil 1 de Murcia, el 7 de noviembre de 2019, desestimó la petición del mexicano de tumbar la ampliación de 2018 que había diluído su capital social por entender que éste, efectivamente, debió emprender un proceso de 'Exequator' en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia para validar dicha sentencia en España. Además, la Jueza María Dolores de las Heras confirmó a Tornel como máximo accionista grana.

Pero el empresario mexicano interpuso en diciembre de 2019 un recurso en la Audiencia Provincial, que puso en entredicho el movimiento de salvación en el que se implicaron más de 30.000 personas. La sentencia determinó que la Junta de Accionistas del 4 septiembre de 2018 que aprobó dicha ampliación fue ilegal ya que García de la Vega debió estar al ostentar 84% del capital social. Un mazazo que el Murcia espera revertir en el Supremo, en otro día clave de su existencia.