El gobierno local de Orihuela rechaza recuperar las siglas LGTBI en el área de Bienestar Social
Una moción del PSOE urgía también a aprobar el plan contra agresiones homófobas; la edil se comprometió a aprobarlo una vez lo haya revisado
Las siglas LGTBI no regresarán a la nomenclatura de la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Orihuela. El Pleno rechazaba ayer con los votos del equipo de gobierno de PP y Vox la moción presentada por el PSOE que urgía también a la concejala del área, Agustina Rodríguez, a aprobar el plan contra las agresiones homófobas que dejó preparado su predecesora en el cargo, la socialista Carmen Moreno.
La edil del PSOE Aynara Navarro vio en la negativa del PP otra muestra del, a su juicio, «sometimiento» del PP a sus socios. La concejala Rodríguez lo negó y defendió que las políticas LGTBI siguen presentes en su agenda y pidió a la oposición que respetara su derecho a revisar el plan mencionado, pues, según dijo, su intención es «mejorarlo».
«Dejen de lanzar ataques preventivos y de asustar al colectivo», dijo Rodríguez en un debate que en los puntos anteriores se desarrolló sereno. Las propuestas del gobierno salieron adelante sin tropiezos, entre ellas la regularización de dos viviendas ilegales, ambas sitas en Correntías. Lo han hecho a través del llamado proceso de minimización de impacto ambiental, un nuevo resquicio en la ley valenciana al cual se pueden acoger aquellas edificaciones irregulares construidas antes de 2014.
La relación de propuestas a condecorar por la Policía Local también salió adelante por unanimidad. La oposición, sin embargo, no desaprovechó la ocasión para cargar contra la inclusión y posterior retirada de la medalla al mérito policial para el gerente de Itevebasa y socio del alcalde, Pepe Vegara. El PP defendió que la propuesta no contravenía el reglamento de la Policía Local aprobado por el gobierno PSOE-Cs y Navarro rogó una reforma de este para exigir que se adjunte una relación de hechos que justifique la concesión de cada distinción.
El equipo de gobierno tampoco encontró mayor obstáculo en aprobar las modificaciones de crédito para afrontar el pago de facturas por servicios ya prestados. El PP culpó de esta decisión a la herencia recibida del anterior gobierno PSOE-Cs y los naranjas alegaron que las facturas relacionadas eran en su mayoría deudas contraídas incluso antes, por el gobierno del popular Emilio Bascuñana.
Igualmente salió adelante el proyecto básico de expropiación del paseo entre Cabo Roig y Aguamarina. Ante las críticas del PSOE por falta de un presupuesto consignado, el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, alegó que ya está trabajando en dotar la operación y defendió su propuesta como más «garantista» y conciliadora con los vecinos en un claro reproche a la reapertura «a las bravas» ejecutada por el exconcejal socialista Antonio Zapata.
En el turno de preguntas, Ciudadanos no encontró respuesta satisfactoria cuando exigió saber quiénes fueron los dos patrocinadores anónimos que sufragaron las luces de las pasadas fiestas de Moros y Cristianos. El gobierno respondió que esa pregunta debían dirigirla a la asociación festera y les reprocharon que no sacarán ellos el contrato de luces a tiempo cuando estaban en el gobierno.
