1975, el año de las mujeres

Las mujeres casadas españolas, es decir, la inmensa mayoría de adultas, vieron reconocida su capacidad jurídica plena para actos importantes en su vida diaria. Adquirían, gracias a la ley del 2 de mayo de 1975, plena capacidad para aceptar herencias y gestionar su patrimonio, incluidos los bienes del matrimonio (gananciales); para actuar en el ámbito mercantil sin necesitar la autorización de su marido; para abrirse una cuenta corriente en el banco o pedir un crédito; para no perder la nacionalidad española si se casaban con un hombre de otro país; y para ser las tutoras de sus hijos. Esto no significó que en España, de la noche a la mañana, todos estos cambios fueran aceptados. Tardarían, desde luego, pero contar con una ley propia fue un paso vital que demostró la permeabilidad de la sociedad española a los derechos de las mujeres, y particularmente de las mujeres casadas. Estar casada había supuesto durante muchos siglos ser tratada por nuestra legislación –y muchas otras– como eternas menores o incapacitadas.

A mí me gusta señalar, pues este tema está ligado a mi investigación, que no eran las españolas las más atrasadas de Europa en cuestión de derechos. Tan solo diez años antes, las francesas se libraban de la licencia marital y también en aquel momento los bancos hicieron una campaña en la que intentaron atraer a las mujeres casadas como clientas, conscientes de su capacidad de gasto y gestión. La consecución de esta modificación de 1975 en la legislación española estuvo influida por varios hechos. Determinante fue el empuje de cuatro juristas que formaban parte de la Comisión General de Codificación. Eran mujeres cuyos nombres figuran en los anales de la conquista de la igualdad en España, si bien provenían de esferas ideológicas equidistantes. María Telo, especialista en Derecho de Familia, reconocida feminista y activista en la dictadura franquista, con un perfil internacional en la defensa de los derechos de las mujeres. Concepción Sierra Ordóñez, también especialista en derecho de familia, y posteriormente especialista en causas de separación matrimonial y divorcios. Carmen Salinas Alfonso, que entonces actuaba de asesora jurídica de la Sección Femenina. Y Belén Landaburu, otra jurista y además una política muy señalada dentro del falangismo, con una amplia carrera en cargos oficiales.

Coincidió en 1975 otro hecho fundamental: la ONU celebró el Año Internacional de la Mujer e invitó a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a participar en eventos que destacasen la creciente presencia de las mujeres en ámbitos antes vetados. La dictadura franquista vio una nueva oportunidad de blanquear su imagen internacional acentuando unos visos de modernización que existían, pero desde luego que no eran plenos. Se encargó a la Sección Femenina –es decir, la rama femenina del partido falangista español– que liderase un amplio conjunto de actividades. Otras organizaciones y colectivos no afines al Gobierno también celebraron actos, con el objeto de evitar que el régimen instrumentalizara el Año Internacional de la Mujer. A la postre esto sirvió para revitalizar y reagrupar el fragmentado feminismo, que esta vez llegaba para quedarse.

Podría escribir ahora que mi madre estuvo allí, y fue protagonista de la llegada del feminismo español. Pero les estaría mintiendo. Mi madre fue una más de los millones de españolas que se abrazaron estos cambios legislativos, y que sin haber oído jamás de ellos, los hicieron suyos. Esa mayoría sosegada, pero firme, incorporó derechos nuevos, hábitos que mejoraban sus vidas, espacios de libertad bendecidos por el progreso y por toda la sociedad. Desde 1975, cada generación de españolas hemos disfrutado de los derechos acrecentados heredados de la generación previa. Derechos que, lejos de ser gratuitos, fueron peleados en las comisiones, en las calles o en el hemiciclo. Celebremos estos 50 años, y que vengan muchos más.