Estrés institucional

Así, el primero de los factores que ha estresado a nuestra democracia ha sido la fragmentación parlamentaria, que ha generado dificultades de gobernabilidad. Si en la legislatura anterior, PP y PSOE sumaban más del 80% de los escaños y, como anécdota, UPyD alcanzaba su techo con cinco escaños; en las elecciones de 2015 y de 2019, los dos principales partidos lograron en torno al 55-60% de los escaños, y entraban en la arena política, primero Podemos y Ciudadanos, y luego Vox. Ahora bien, el problema no debe situarse en la fragmentación en sí, sino en la incapacidad del propio sistema de partidos de digerir esta realidad adecuadamente (por ejemplo, a través de consensos entre partidos 'moderados' que dieran estabilidad y avanzaran reformas).

Y, de ahí, los problemas de gobernabilidad que hemos vivido. Recordemos que, en este corto periodo, se han producido dos repeticiones electorales como consecuencia de no haberse podido formar gobierno, en junio de 2016 y en noviembre de 2019, y, por el camino, prosperó la moción de censura contra el presidente Rajoy en junio de 2018. Pero el precario Gobierno encabezado por Sánchez que salió de aquella censura tuvo que convocar anticipadamente elecciones en noviembre de 2019, ante la incapacidad de aprobar los primeros Presupuestos Generales del Estado. Una inestabilidad que se ha contagiado a nivel autonómico, siendo la Región de Murcia muestra sobresaliente, sin olvidar la onda expansiva que tuvo en Madrid y Castilla y León el aleteo de la censura fallida aquí vivida.

A mayores, tampoco ha ayudado a dar estabilidad política la volatilidad de los principales líderes (por el camino han ido cayendo todos, menos Sánchez –que cayó, pero resucitó–), ni los escándalos de corrupción política (desde la Gürtel a los ERE andaluces).

En segundo lugar, otro elemento que ha tensionado aún más nuestro sistema democrático en los últimos años ha sido una degeneración progresiva del anterior: de la fragmentación política hemos pasado a un 'bi-bloquismo', con un enfrentamiento cainita en dos bloques, que pugnan por la victoria electoral siguiendo la lógica 'amigo-enemigo', con discursos populistas. Tanto que, en esta contienda, se ha perdido en buena medida el respeto a las instituciones, cuyo menoscabo es un daño colateral asumible si sirve al relato para ganar votos. El bloqueo en la renovación del Constitucional y del CGPJ es uno de los mejores ejemplos.

En tercer lugar, debe destacarse la tensión derivada de la insurgencia en Cataluña en 2017, que venía cociéndose con un fuego cada vez más intenso desde las elecciones autonómicas de 2015. El Estado logró parar in extremis el golpe, pero la fractura constitucional fue evidente y todavía hoy no ha sido suturada la herida. Prueba de ello es que los principales órganos jurisdiccionales (TS y TC) han tenido que erigirse en baluarte último de nuestro orden constitucional, lo que les ha obligado a adoptar una jurisprudencia en cierto modo 'defensiva'.

Además, en cuarto lugar, también creo que ha estresado a nuestra democracia la mayoría 'Frankenstein' que sostiene el actual Gobierno, con fuerzas políticas abiertamente hostiles a nuestro orden constitucional, y su frenética acción legislativa, que antepone el eslogan político y las urgencias electorales a la buena técnica jurídica, al rigor científico y a la necesaria construcción de consensos en temas trascendentes.

Y, por último, a esta tensión institucional han contribuido también otros actores más allá de los partidos. Por un lado, qué duda cabe que la crisis de la Corona, con la 'expatriación' forzosa del Rey emérito, ha aportado su grano de tensión; y, por otro lado, tampoco ha ayudado la 'alineación' partidista en el seno del TC o del CGPJ.

Pues bien, dígase claro: este estrés institucional es insoportable. Por ello, hago votos por que el próximo ciclo político abra las puertas a un cambio de tendencia y prime la moderación que todavía se observa en una mayoría social.