Las responsabilidades «parecen apuntar más alto», advierte la fiscal

«No parece creíble que sea un proyecto ejecutado por un grupo de personas que actuasen a espaldas de los órganos de gobierno», sostiene en un informe

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

A medida que avanza la investigación sobre el denominado 'caso La Sal', que trata de esclarecer la supuesta existencia de una trama defraudatoria relacionada con la construcción y explotación de la desalinizadora de Escombreras, las responsabilidades «parecen apuntar más alto». Así lo señala, textualmente, la fiscal María Isabel Neira en un informe que acaba de remitir al Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia y en el que reclama, nuevamente, la intervención judicial de la planta desalobradora para garantizar que el perjuicio causado a las arcas públicas es el menor posible.

«No parece creíble que el proyecto ejecutado por un grupo de personas, encuadradas en la parte pública, actuasen a espaldas de los órganos de gobierno, sin control de nadie y generando costes inasumibles», asegura en su escrito. E insiste en esa línea en que las actas de los consejos de administración -del Ente Público del Agua (EPA)-, los emails incautados y lo escuetamente declarado por algunos investigados parecen apuntar más alto».

Hasta el momento, el investigado de mayor rango en estas diligencias es el exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá.

La representante del Ministerio Público considera que la intervención judicial de la desaladora está más que justificada en función, en primer lugar, de la gravedad y del elevado número de delitos que podrían haberse cometido, pues aprecia indicios de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude, cohecho y falsedad documental, a los que se podrían sumar los de administración desleal y actividades prohibidas a funcionarios. A ese extenso elenco presuntamente delictivo se suma el hecho de que la Comunidad habría estado pagando hasta marzo de 2018, en apariencia, un canon ilegal a Enagás por la toma de agua para la dersaladora en el puerto de Escombreras, con un coste aproximado de 1,7 millones de euros anuales.

La fiscal también tiene datos que apuntan a que las arcas públicas estarían asumiendo un coste no justificado de casi 800.000 euros al año por el consumo energético de la planta desalobradora, que sería menor del que se está facturando. Y ello simplemente porque a nadie en la Administración regional se le habría ocurrido comprobar cuál es el consumo real de electricidad que se está produciendo.

La petición a la magistrada María del Mar Azuar de que nombre un interventor se justifica porque, en su opinión, no existen medidas eficaces que sean menos gravosas.