Educación no pondrá nuevas restricciones al móvil hasta que lo valore con sus expertos
La ministra Pilar Alegría quiere prohibirlos en los colegios e institutos y propone «el uso cero» en horario lectivo
El uso del móvil en las aulas se ha convertido en una fuente de conflictos en los institutos y colegios, pero también en arma política para agitar el debate social. El Ministerio de Educación se ha descolgado ante las autonomías con una propuesta inesperada para los consejeros y taxativa: prohibir los teléfonos en horario lectivo en los centros educativos. La Consejería de Educación, que recuerda que el Ministerio no tiene competencias para tomar esa decisión, da largas a la propuesta y seguirá adelante con su plan de regular su uso tras la valoración de un grupo de expertos que, por otra parte, aún no está constituido.
La ministra de Educación, Pilar Alegría, anunció el miércoles, durante un receso de su reunión con las autonomías para tratar otra cuestión, su intención de prohibir el uso de teléfonos móviles en escuelas e institutos, debido a la «preocupación» en una parte de las familias y los profesores. El Ministerio propondrá «el uso cero del móvil en horario lectivo en Primaria y en Secundaria», salvo en aquellas situaciones en que el docente «lo considere necesario para la actividad pedagógica». La ministra quiere dar «respuesta a esta inquietud que comparten tantísimas familias y la propia comunidad educativa».
La Consejería anunció hace casi un mes la creación del comité, pero aún no se ha reunido para evaluar la situación
Para aplicar la prohibición de los móviles en el aula, el Gobierno español deberá ponerse de acuerdo en enero con las distintas comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias para aplicar esas políticas educativas. Alegría defendió que los móviles deben quedar completamente prohibidos durante el horario escolar en los seis cursos de Primaria y que el uso de los 'smartphones' también estará vetado como norma general en el horario lectivo en los institutos de ESO, Bachillerato y FP con la única excepción de que el profesor los autorice en clase bajo su supervisión y para desarrollar contenidos pedagógicos. La ministra también explicó que, antes de tomar una decisión, quiere extender la reflexión y el debate al resto de la comunidad educativa del país (padres, profesores y alumnos), por lo que pretende discutir el asunto con estos colectivos en el Consejo Escolar del Estado.
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¿Estás a favor de prohibir el uso de móviles en los centros educativos?
La propuesta del Ministerio no fue bien acogida por la Consejería de Educación, que ya tenía su plan en marcha para acordar su propia regulación sobre el uso del móvil. La Comunidad, que insiste en que el Estado no tiene competencias, anunció hace un mes su plan para formar un grupo de expertos «que trabajen en busca de un marco normativo, reglamentario y preventivo que ofrezca garantías». El equipo estará integrado por directores de centros educativos, docentes especializados, familias, pedagogos, psicólogos, Fiscalía y Magistratura, cuerpos de seguridad del Estado, informáticos y sector tecnológico, que mantendrán contacto periódico y permanente y regularán «un compendio normativo, reglamentario y preventivo actualizado en todo momento», aseguran fuentes de la Consejería de Educación.
Muchos institutos de la Región han prohibido ya la utilización personal y recreativa del dispositivo incluso en el recreo
En cualquier caso, la Comunidad avanzó este jueves que está dispuesta a «dar un paso adelante» y regular el uso del teléfono móvil en los centros educativos si así lo recomienda el grupo de trabajo. La Consejería de Educación no se plantea de momento la prohibición taxativa de la utilización de los teléfonos para uso personal y recreativo en los colegios e institutos, tal y como sí han hecho otras comunidades como Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunidad de Madrid, y ultiman Cataluña y Valencia. Pero sí quiere reorganizar la utilización de todas las herramientas digitales en el ámbito educativo y, para ello, tiene prevista la creación de un grupo de expertos «que trabajen en busca de un marco normativo, reglamentario y preventivo que ofrezca garantías».
Para el Ejecutivo regional la propuesta del Ministerio de Educación «es un nuevo cambio de opinión de los muchos a los que nos tiene acostumbrado el Gobierno de España, y más cuando hace tres semanas la ministra Pilar Alegría indicó que prohibir el uso de las tecnologías y el acceso a móviles sería 'poner puestas al campo'».
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El uso indebido está penado ya con sanciones que van de la retirada a la expulsión
La Normativa de Convivencia Escolar regional, de 2016, establece que las normas de comportamiento sobre la autorización para usar móviles deben quedar incluidas en el reglamento de régimen interno de cada centro, que redactan los equipos directivos, los claustros y el consejo escolar. Con todo, la orden de convivencia sí marca sanciones que castigan el uso inadecuado y sin autorización de los móviles, que pueden ir desde la retirada del dispositivo a la expulsión del centro.
Los institutos disponen así de total libertad para acotar la utilización recreativa del teléfono móvil en el centro y, mientras algunos permiten a los estudiantes que los activen en el recreo, cada vez son más los que lo han prohibido de manera taxativa. Es el caso del IES Alfonso X de Murcia, donde los alumnos no pueden encender sus teléfonos tampoco en el recreo. Los estudiantes de primero y segundo de la ESO ni siquiera utilizan el móvil para tareas escolares en clase. El uso personal y recreativo está prohibido y sancionado para todos. Si los alumnos emplean el dispositivo de forma indebida, se les retira y deben recogerlo en el centro sus padres. En otros centros, como el Sanje de Alcantarilla y el Ramón y Cajal, permiten la utilización en el recreo.
El reglamento regional de convivencia sí establece sanciones para penalizar el mal uso de los móviles, que oscilan entre la retirada del teléfono cuando se utiliza sin permiso, que es una falta leve; hasta la expulsión en el caso de que se utilice para grabar y humillar a compañeros y docentes.
Las familias han expresado en varias ocasiones su opinión sobre la cuestión. La presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fapa), Marisa Maldonado, piensa que «no podemos prohibir a los menores y los adultos usar sin control y no ser ejemplo». En la misma línea, el presidente de Concapa, Alberto González Costea, entiende que la regulación del uso del teléfono en los menores no es una cuestión que pueda circunscribirse al ámbito escolar: «Es un asunto al que debe atender toda la sociedad, no solo los centros educativos».
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Marín denuncia las «trabas» a que lo alumnos de FP realicen sus prácticas
El Gobierno regional ha denunciado que el Ministerio de Educación ha desoído la demanda de 14 comunidades, entre las que se encuentra la Región, para suspender de forma indefinida la medida obligatoria de dar de alta en la Seguridad Social a los alumnos de Formación Profesional que realizan prácticas en empresas, «hasta que se despejen todas las dudas, inseguridad e incertidumbre jurídica que a día de hoy, y a unos días de su obligatoriedad, se mantienen». Así lo expresó el consejero de Educación, Víctor Marín, en la reunión de la Conferencia de Educación, organizada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en Madrid el miércoles. Marín criticó que «el Gobierno de España ponga trabas para que los alumnos de FP realicen prácticas, una medida que claramente desincentivará la necesaria implicación y participación de las empresas en el desarrollo de la Formación Profesional».
«No podemos consentir que se frene el avance de la Formación Profesional, poniendo dificultades a las empresas, que son pieza fundamental en el desarrollo de estas enseñanzas, y es necesario mantener el prestigio que esta formación ha logrado en los últimos años», indicó el consejero.
El titular de Educación recordó que para paliar esta situación, que entra en vigor el 1 de enero de 2024, «el Gobierno regional se ha anticipado y ya había previsto en los presupuestos de Educación para el próximo año la cantidad de 550.000 euros para hacerse cargo del coste del alta que provoque dicha norma en los centros sostenidos con fondos públicos, y que no recaiga en las empresas». Marín, junto a los consejeros de Educación de 13 comunidades autónomas más, reclamó al Gobierno central garantizar la calidad formativa y titulación del alumnado en prácticas, y resaltó que «el Ministerio no ha tenido en cuenta las sugerencias de la mayoría de las comunidades.
