El PP quiere implantar a nivel estatal las medidas de Miras contra la ocupación ilegal
LA VERDAD
MURCIA.
Jueves, 25 de agosto 2022, 08:25
El Partido Popular ha registrado en el Congreso una proposición de ley para luchar contra la ocupación ilegal y permitir el desalojo en 24 horas, porque «no podemos permitir el aumento de ocupaciones ilegales», a raíz de los datos que reflejan un aumento del 60% de las ocupaciones en la Región de Murcia en 2021.
Así lo anunció diputada nacional del PP por Murcia Isabel Borrego, quien reclamó al Gobierno de España la aprobación de esta ley para «poner fin a la impunidad de la ocupación ilegal porque no puede entenderse como una vía de acceso a la vivienda, sino como un delito contra la propiedad privada».
«La pasividad de Pedro Sánchez está permitiendo el aumento de este fenómeno al virar a los postulados de la izquierda más radical negando el problema», argumentó Borrego, quien remarcó que esta situación «está permitiendo que no se ponga fin a las bandas organizadas».
Entre otras cuestiones, tal y como explicó la parlamentaria, la proposición de ley del PP contempla la imposibilidad de que la ocupación ilegal pueda dar lugar a la inscripción en el padrón municipal; mecanismos para impedir que se empadronen o que se acojan a otros beneficios por parte de las administraciones, así como el endurecimiento de las penas en el caso en el que se trate de mafias. Así se proponen medidas en el ámbito fiscal a favor de los propietarios como «la exención del pago del impuesto de bienes inmuebles y del impuesto de patrimonio mientras dure la ocupación ilegal».
Pionero en España
Borrego resaltó que «el Gobierno de López Miras fue el primero en España en implantar una ley regional para frenar el fenómeno, dentro de las competencias de la propia comunidad, pero el Gobierno de España debe asumir las suyas para atajar este problema de raíz».
De hecho, para el PP, «la defensa de la propiedad privada y la lucha contra la ocupación ilegal es una prioridad, frente a una izquierda que abandona a los propietarios», a lo que reiteró que «defendemos el derecho de que las personas que tienen dificultad para acceder a una vivienda sean apoyadas por las administraciones».
