El PP quiere cambiar la ley y recuperar el 5% de votos para entrar en la Asamblea
Miras y sus aliados pretenden eliminar el 3% vigente desde 2015, lo que perjudicaría a los partidos minoritarios y podría dejar fuera a Ciudadanos
El Partido Popular y sus aliados expulsados de Ciudadanos y Vox tienen la intención de llevar a la Asamblea Regional, antes de que concluya la ... legislatura, el cambio de la Ley Electoral de la Región de Murcia, con el objetivo de subir del 3% al 5% la barrera para obtener representación parlamentaria en las elecciones autonómicas. También se estudia regresar al modelo de cinco circunscripciones electorales, en lugar del distrito único que rige desde 2015.
La retirada de la reforma del Estatuto de Autonomía facilita los planes de Fernando López Miras y sus socios. El texto, que ha sido devuelto por el Congreso de los Diputados a la Asamblea Regional tras solicitarlo el PP y sus socios tras una polémica maniobra legislativa, blindaba el modelo electoral que se aprobó hace seis años, con una única circunscripción para todo el territorio autonómico y un mínimo del 3% de los votos para entrar en el reparto de escaños. Exigía el nuevo Estatuto una mayoría de tres quintos de la Cámara para su modificación, mientras que en la actualidad solo se pide la mayoría absoluta. Al no haber Estatuto, los populares tienen vía libre. No obstante, la reforma no se presentará a corto plazo, pero sí antes de que finalice la legislatura e incluso el próximo año 2022.
La intención de los populares es realizar el cambio legal, aunque no a corto plazo, pese a ser conscientes de que generaría críticas
Como en los ayuntamientos
Fuentes del Ejecutivo, el PP regional y de los grupos parlamentarios que lo sustentan confirman que en sus agendas figura llevar próximamente a la Asamblea una propuesta para modificar la Ley Electoral para, como mínimo, elevar al 5% el porcentaje de votos que se exige. Aseguran que es lo que impera en la mayoría de comunidades autónomas, como Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana, Baleares, La Rioja, Cantabria y Extremadura. Muchas de ellas, apuntan, gobernadas por el PSOE. Asimismo, para acceder al reparto de concejales en los ayuntamientos en los comicios municipales se exige el 5% de los votos.
No pasa así con las circunscripciones en las elecciones al Congreso de los Diputados, donde el umbral se fija en el 3%, así como en las normativas electorales de Andalucía, Cataluña, País Vasco, Castilla y León, Navarra, Asturias, Aragón y Castilla-La Mancha.
El PP ya aceptó a regañadientes la reforma de la Ley Electoral aprobada en julio de 2015, que supuso el primer acuerdo del Parlamento autónomo salido de las urnas un mes antes.
Los populares votaron a favor porque se lo exigía Ciudadanos para investir a Pedro Antonio Sánchez como presidente de la Comunidad. Pero nunca se mostraron convencidos de la circunscripción única ni de rebajar el porcentaje de votos necesario, llegando a plantear durante el periodo de enmiendas de la reforma la celebración de una consulta popular para que la ciudadanía decidiera sobre la modificación legislativa. Poco tiempo antes salió una propuesta de la sala de mandos de la sede de González Adalid para aumentar todavía más el número de circunscripciones electorales, incrementando las cinco en las que se dividía el territorio autonómico hasta hace seis años. Esta idea no llegó a materializarse de forma oficial.
Ahora, con la mayoría absoluta parlamentaria que, 'de facto', gozan desde la fallida moción de censura, los populares están decididos a volver al modelo que imperó en los tiempos de Ramón Luis Valcárcel. A sabiendas, incluso, de que una parte de la sociedad no entendería la maniobra, máxime después de haber aprovechado la situación excepcional creada en la Asamblea para eliminar de un plumazo la limitación de mandatos en la ley del presidente -que impedía a López Miras ser reelegido una tercera vez- y de haber cambiado de forma exprés el Reglamento de la Cámara para retirar el Estatuto de Autonomía del Congreso, con el fin de contrarrestar las enmiendas presentadas por PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos al texto pactado en 2019.
Apelan a que comunidades autónomas como Madrid, Galicia, La Rioja, Comunidad Valenciana, Cantabria y Extremadura exigen el 5% de los sufragios
La puntilla para Ciudadanos
En el Partido Popular, sus socios y en el Gobierno regional son conscientes de que la oposición y una parte de la ciudadanía criticarían con dureza este hipotético cambio en la Ley Electoral, aunque recuerdan que los socialistas se beneficiarían del mismo, pues la barrera del 5% y las circunscripciones benefician a las fuerzas mayoritarias.
El gran perjudicado sería Cs, que tendría muy complicado mantener su representación en la Asamblea, de continuar la tendencia a la baja que marcan las encuestas. El último barómetro del Cemop daba a los naranjas una intención de voto del 4,7%, lo que les dejaría fuera. También lo tendría más difícil una candidatura impulsada por Movimiento Ciudadano de Cartagena.
Un modelo fruto de un pacto entre cinco partidos
La reforma de la Ley Electoral se ideó unas semanas antes de las elecciones autonómicas de 2015. PSOE, Podemos, IU y UPyD se comprometieron a cambiarla si obtenían mayoría suficiente para ello en la Asamblea, en lo que se llamó el 'Pacto del Moneo'. Cs apoyaba esta reivindicación, pero, finalmente, no suscribió el acuerdo.
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