Piden imponer 800 millones de fianza a los 32 investigados por la desaladora

Un policía judicial entra en la desaladora de Escombreras durante un registro ordenado por el juzgado. / antonio gil / agm
Un policía judicial entra en la desaladora de Escombreras durante un registro ordenado por el juzgado. / antonio gil / agm

Las acusaciones privadas que impulsan De Ramón, Anse y Contrapoder reclaman a la juez que embargue los bienes de los encausados para cubrir el supuesto 'agujero'

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Ochocientos millones de euros. O, lo que es lo mismo, 133.600 millones de pesetas para los nostálgicos y para aquellos que siguen sin llegar a captar las auténticas dimensiones de estas cifras expresadas en euros. Tal es la cantidad que tres acusaciones privadas en el llamado 'caso La Sal', las impulsadas por el letrado Diego de Ramón, la asociación anticorrupción Contrapoder y la organización ecologista Anse, acaban de solicitar que se imponga a los 32 investigados hasta el momento en estas diligencias. A unos 25 millones de euros por cabeza, que ahí es nada.

El objetivo de tan descomunal cuantía es tratar de garantizar las posibles responsabilidades pecuniarias que puedan deducirse en su día, derivadas de una hipotética sentencia condenatoria en la que pudiera estimarse que hasta ahí asciende el daño causado a las arcas de la Administración regional. Las tres acusaciones, que ya están actuando de forma unificada, han sacado la cifra de 600 millones de euros del compromiso asumido en su día por la Comunidad Autónoma, que garantizó por contrato esos pagos a empresas del Grupo ACS a cambio de la explotación y mantenimiento, por un periodo de 25 años, de la desaladora de Escombreras. A esa cuantía de 600 millones habría de sumárseles otros 200 millones, en concepto del tercio adicional que fija la ley.

Los impulsores de esta medida cautelar tan contundente consideran que debe darse a los -hasta el momento 32 imputados un plazo prudencial para que aporten esas garantías, pasado el cual la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, debería proceder «a ordenar los embargos de bienes suficientes para cubrir dichas responsabilidades». Y advierten de que si no se adoptaran estas cautelas, «la sentencia que se pueda dictar será ineficaz en cuanto a la restauración del daño económico producido por los investigados».

Los solicitantes afirman que sin esa medida sería «ineficaz» una hipotética sentencia condenatoria

Si se llegara a tener que proceder al embargo, las acusaciones privadas reclaman acudir al auxilio de 'punto neutro' del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para hallar toda la documentación posible acerca de los bienes y propiedades susceptibles de ser trabadas.

Unidad de acción

La petición de esta fianza constituye la primera iniciativa legal de calado de las tres acusaciones particulares mencionadas, Diego de Ramón, Contrapoder y Anse, que desde hace unas semanas vienen actuando de manera unificada. Una cuarta acusación, la ejercida por la letrada Lucía Arias en nombre de la Asociación Acción Cívica contra la Corrupción, no se ha integrado en ese grupo, mientras la impulsada por la propia Comunidad Autónoma, como perjudicada, parece que va a seguir su propia línea.

La magistrada ordena detener a cuatro implicados tras no haber sido localizados

La magistrada María del Mar Azuar, instructora del 'caso La Sal', ha dictado un auto por el que ordena la detención de cuatro presuntos implicados en la presunta trama delictiva que, según se trata de establecer con estas diligencias, se habría montado en torno al proyecto de la desalinizadora de Escombreras. La juez ha tomado esta decisión después de que todos los intentos por localizar y citar al juzgado a los cuatro sospechosos hayan sido en vano, ya que no constan sus direcciones. Según la resolución, a la que 'La Verdad' ha tenido acceso, se trata de cuatro personas que aparecerían vinculadas a sociedades mercantiles que impulsaron el proyecto: Rosa María V.F., Jorge P.P., José I.Z. y Carolina V.M.. Las requisitorias han sido remitidas tanto a la Dirección General de la Policía como a la de la Guardia Civil. El auto les confiere diez días para que comparezcan por su pie.

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