Nuevos casos a la vista: 'Novo Carthago', 'La Sal' y la declaración de Vélez

El juicio por el 'caso Novo Carthago', otro de los grandes procedimientos por supuesta corrupción urbanística que han instruido los tribunales murcianos en las últimas décadas, continúa en 'stand by' en la Audiencia a la espera de una solución a la huelga que los letrados de la administración de justicia (LAJ) mantienen desde el pasado 24 de enero. Los magistrados tienen reservadas una veintena de sesiones hasta el próximo 25 de abril y aún confían en que el Ministerio pueda desencallar el conflicto y se pueda enjuiciar esa supuesta recalificación ilegal de un terreno protegido junto al Mar Menor, en Cartagena, para tratar de levantar una urbanización con hasta 10.000 viviendas, hoteles y dos campos de golf.

La vista obligará a pasar por el juzgado a dos de los consejeros más poderosos de los gobiernos del expresidente regional Ramón Luis Valcárcel: Antonio Cerdá, titular de Agricultura y Agua en varios de esos ejecutivos, y Joaquín Bascuñana, que fue consejero de Obras Públicas del Ejecutivo autonómico, entre otros cargos de una larga trayectoria política siempre vinculada al PP. Además, fue delegado del Gobierno entre 2011 y 2015, año en el que dimitió por su imputación en este caso. En los últimos tiempos, Bascuñana se ha visto señalado, además, por acusaciones de otra naturaleza, como las de varios exalumnos del seminario marista de La Marina, en el municipio alicantino de Elche, que le acusan de supuestos abusos sexuales cuando ejerció de profesor en esta institución religiosa allá por los años 70.

Cerdá afronta una petición de tres años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación, además de una multa. El Ministerio Público reclama además, para Bascuñana, penas de seis años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por presunta prevaricación.

Aunque estuvo en el punto de mira, Valcárcel no se verá obligado a compartir el banquillo de 'Novo Carthago' con el que un día fue su núcleo duro. El expresidente regional tiene, sin embargo, otro frente abierto. Se le han agotado las posibilidades de librarse de sentarse en el banquillo por su supuesta implicación en el caso de la desaladora de Escombreras. La jueza rechazó, hace meses, el recurso que su abogado presentó contra el auto en el que lo procesaba por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones. La Fiscalía ultima ya un escrito en el que exigirá importantes responsabilidades al exlíder del Ejecutivo por su papel crucial en esta supuesta trama. La acusación popular reclama que se le impongan hasta 13 años de prisión.

Los populares no son los únicos pendientes de la actividad de los juzgados. El delegado del Gobierno, José Vélez, tiene que declarar como investigado ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Caravaca de la Cruz. El líder del PSRM-PSOE y anterior alcalde de Calasparra debe responder por un supuesto delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos en la adjudicación de la explotación de la plaza de toros de la localidad para la celebración de unos festejos taurinos. La declaración, prevista para febrero, quedó suspendida también por la huelga de letrados de la administración de justicia y amenaza con complicar la campaña electoral del socialista.