El juicio de 'Novo Carthago', en el aire a la espera de una solución a la huelga

La justicia murciana se encuentra a día de hoy en pleno colapso por los estragos derivados de este paro, que ya ha obligado a aplazar miles de actuaciones. La reunión que el Ministerio y el comité de huelga mantuvieron este lunes finalizó sin acuerdo, pero con el compromiso de volver a sentarse nuevamente este lunes, cara a cara, para tratar de avanzar en las negociaciones.

La Sección Tercera ha reservado hasta una veintena de sesiones, que se prorrogan hasta el 25 de abril, para este caso. Si el esperado acuerdo entre el Ministerio y los huelguistas llega con prontitud, aún cabría la posibilidad de apretarse el cinturón y celebrar 'Novo Carthago' en las jornadas que queden. Esa esperanza, sin embargo, se disuelve si el conflicto se enquista y la huelga se dilata en el tiempo. El comité de huelga emitió un comunicado este viernes en el que reconocía «lo alejado de las posturas de ambas partes», un detalle que ya deja entrever que el camino que queda por delante será arduo.

El tribunal, una vez que se salve este nuevo escollo, afrontará el reto de indagar, no solo en ese presunto 'pelotazo' junto al Mar Menor, sino en toda una época: aquella en la que el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel y sus poderosos consejeros gobernaban la Región con holgadas mayorías. El expresidente del Ejecutivo regional no se verá obligado finalmente a compartir banquillo con su antiguo equipo -pese a que dos jueces llegaron a tenerle enfilado-, pero su nombre planeará en el juicio contra el que un día fue su núcleo duro.

Esta vista sí obligará a pasar por el juzgado a dos de los consejeros más poderosos de los gobiernos de Valcárcel: Antonio Cerdá, titular de Agricultura y Agua en varios de esos ejecutivos, y Joaquín Bascuñana, que fue consejero de Obras Públicas del Ejecutivo autonómico, entre otros cargos de una larga trayectoria política siempre vinculada al PP. Además, fue delegado del Gobierno entre 2011 y 2015, año en el que dimitió por su imputación en este caso. En los últimos tiempos Bascuñana se ha visto señalado, además, por acusaciones de otra naturaleza, como las de varios exalumnos del seminario marista de La Marina, en el municipio alicantino de Elche, que le acusan de supuestos abusos sexuales cuando ejerció de profesor en esta institución religiosa allá por los años 70.

Sobre las espaldas de ambos planea una pesada espada de Damocles. El fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, apunta a Cerdá como presunto autor de un delito de falsedad en documento público en concurso ideal con otro delito continuado de prevaricación, en los que habría incurrido con la presunta «manipulación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor». Afronta una petición de tres años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación, además de una multa. El Ministerio Público reclama además, para Bascuñana, penas de seis años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por presunta prevaricación, como último responsable desde la Consejería de Obras Públicas de la aprobación del proyecto.

'Novo Carthago' sienta además en el banquillo a otros cinco ex altos cargos y asesores del Gobierno regional: la antigua asesora personal de Cerdá, María Antonieta Fernández Cano, acusada de prevaricación y blanqueo de capitales, por los que se le piden tres años y ocho meses de prisión; el ex director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el ex director general de Administración Local y de Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; el ex subdirector general de Urbanismo, José María Ródenas Cañada; y el antiguo asesor jurídico de Urbanismo, Luis María Romero Agulló, quienes están acusados de prevaricación -en calidad de partícipes- y que se enfrentan a peticiones de inhabilitación que rondan los seis años. Un octavo imputado, el ex director general de Medio Natural Carlos Brugarolas, falleció en junio de 2019 a la espera de este juicio.

El fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, no esconde su preocupación por el aplazamiento de este macrojuicio, que ya se veía venir y que, por el momento, es una incógnita. Advirtió de la actual saturación de las agendas judiciales en la Región y de que la búsqueda de un nuevo señalamiento podría aplazar la causa hasta el año 2026. Con este horizonte temporal, reconoció Díaz Manzanera, se abriría la puerta al reconocimiento de la dilación del procedimiento y a que los procesados obtuvieran rebajas en sus condenas.

Para plantar cara a esta contienda, el exconsejero Cerdá ha estado respaldado, a lo largo del procedimiento, por el letrado Aurelio Llanes, mientras que Bascuñana se deja asesorar por Francisco Martínez-Escribano, decano del Colegio de Abogados de Murcia. Este profesional ya se encargó durante años de la defensa del expresidente Pedro Antonio Sánchez en el 'caso Auditorio' -aunque este finalmente fue representado en la vista por José Antonio Choclán, magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional y conocido profesional-.

Con semejante plantel, el presidente de una de las subsecciones de la Sección Tercera de la Audiencia, el juez Álvaro Castaño Penalva, será el encargado de dirigir una vista, con hasta una veintena de sesiones, que se perfila larga y complicada. El magistrado será, además del presidente, el ponente de la sentencia, que podría suponer un nuevo maremoto político. Castaño estará acompañado en estrados por las magistradas Ana María Martínez Blázquez y María Teresa de Jesús Gómez Casado, una de las últimas incorporaciones de la Audiencia.