El letrado Arnaldos afirma que toda la Comunidad conocía el contrato «leonino» de Escombreras

Andrés Arnaldos. /Guillermo Carrión/ AGM
Andrés Arnaldos. / Guillermo Carrión/ AGM

El abogado coloca en una posición delicada al exconsejero Bernal al señalar que este incluso le encargó un informe sobre la desaladora

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

«Todas las instancias autonómicas conocían y reconocían los contratos de arrendamiento y de operación y mantenimiento firmados por Desaladora de Escombreras (DESAU), a pesar de que ahora se recurra a la insostenible ficción de dirigir la vista hacia otro lado». Esta contundente afirmación, recogida en un escrito por el que el abogado Andrés Arnaldos solicita el archivo de las diligencias penales sobre la desalinizadora de Escombreras, bien podría acabar teniendo el efecto contrario al que en apariencia pretende el abogado y, en vez de contribuir al archivo de la causa, hacer que se extienda a organismos autonómicos que hasta el momento parecen hallarse fuera de sospecha.

Los argumentos esgrimidos por Arnaldos, que además se apoya en diversa documentación que a la vez ha remitido al juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, colocan en una posición especialmente delicada al exconsejero de Hacienda y exvicepresidente del Gobierno autonómico, Juan Bernal, a quien atribuye haber estado informado desde el primer momento de los compromisos que asumía la Administración regional con la planta desaladora. Más todavía, asegura que incluso le encargó la elaboración de un informe sobre la 'carta de patrocinio' remitida por la Comunidad al Banco Español de Crédito, que sirvió como aval para que esta entidad otorgara un préstamo a empresas del Grupo ACS para construir la desalinizadora.

Así, el abogado arremete contra el informe de la Intervención General de 2018 en el que se sostiene, «de forma falsaria», según Arnaldos, que no se había tenido conocimiento de esa 'comfort letter' o 'carta de patrocinio' hasta el año 2015. «Prueba de que tales afirmaciones no son ciertas es que el despacho Arnaldos Abogados, a instancias de Juan Bernal, entonces consejero de Economía y Hacienda, elaboró un informe en noviembre de 2013, titulado 'Configuración jurisprudencial de las cartas de patrocinio. Análisis del compromiso suscrito por el Ente Público del Agua (EPA) de la Región de Murcia frente a la mercantil Banco Español de Crédito'», manifiesta el letrado en el escrito enviado a la magistrada María del Mar Azuar, a quien además aporta copia de los documentos que lo acreditarían.

Igualmente, señala que los Servicios Jurídicos y la Intervención de la Comunidad «conocían perfectamente» el proyecto de la desaladora «desde su nacimiento», y que informaron sobre la creación de Hidronostrum, que fue aprobada por el Consejo de Gobierno.

Los compromisos de arrendamiento y mantenimiento de la desaladora, adquiridos por la Comunidad por un periodo de 25 años, suponían el desembolso de 600 millones de euros; unos contratos que la Fiscalía considera «leoninos» y que pueden constituir una presunta malversación y que Arnaldos asegura que «todas las instancias autonómicas» conocían al detalle.