Imputados cinco altos cargos y tres ejecutivos de ACS por la desaladora

Miguel Á. Ródenas, Diego Manuel Pardo, Diego Cola Palau, Juan José Beltrán y Antonieta Fernández /LV
Miguel Á. Ródenas, Diego Manuel Pardo, Diego Cola Palau, Juan José Beltrán y Antonieta Fernández / LV

La instructora del 'caso La Sal' ve indicios de connivencia entre responsables públicos y empresarios para causar un perjuicio millonario a las arcas de la Comunidad

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

La nómina de antiguos cargos públicos y altos funcionarios de la Administración regional imputados por el 'caso La Sal', que investiga una presunta malversación multimillonaria de fondos públicos, acaba de sumar cinco nuevos nombres. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, notificó ayer un auto por el que dirige la investigación penal contra un grupo de integrantes del Consejo de Administración del Ente Público del Agua (EPA) y de las empresas públicas Hidronostrum o Desaladora de Escombreras, que fueron constituidas por el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel para impulsar la adquisición de la controvertida y muy onerosa planta desalobradora.

Los nuevos imputados son Diego Manuel Pardo Domínguez, Miguel Ángel Ródenas Cañada -quien también ocupó durante un tiempo la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)-, Diego Cola Palau, Juan José Beltrán Valcárcel y María Antonieta Fernández Cano, una antigua asesora del exconsejero Antonio Cerdá ya encausada junto a este en el 'caso Novo Carthago' de presunta corrupción urbanística.

Con esta resolución, la magistrada atiende la petición efectuada por la fiscal de estas diligencias, María Isabel Neira, quien en un informe del pasado julio reclamó que se dirigiera la investigación contra esos cinco ex altos funcionarios, además de reclamar la imputación de tres ejecutivos de ACS. La instructora del 'caso La Sal' también ha considerado justificado este último extremo, por lo que ha procedido a citar en calidad de investigados a José Alfonso Nebrera García, director general de ACS Servicios, Comunicaciones y Energía; Ramón Jiménez Serrano, consejero delegado de Tedagua SA y director general de proyectos integrados, vinculado al Grupo ACS Actividades de Construcción y Servicios; y Cristóbal González Wiedmaier, director financiero del Grupo ACS Industrial y consejero de la firma promotora de la desaladora Hidromanagement SL.

Las tomas de declaración se desarrollarán entre el lunes y el miércoles de la próxima semana

Las tomas de declaración tendrán lugar entre los próximos lunes y miércoles, lo que ofrece una idea de la celeridad con la que está llevando esta investigación la juez Azuar.

«Un proyecto preconcebido»

En su resolución, justifica el llamamiento a la causa de estos presuntos implicados por los indicios existentes acerca de una presunta «connivencia activa y preconcebida», como la denomina la magistrada Azuar, entre la parte empresarial que impulsaba la construcción de una desalinizadora privada en Escombreras y, «al menos, los responsables públicos que participaron en su desarrollo», hasta asumir finalmente el proyecto de forma íntegra con compromisos tremendamente gravosos para las arcas públicas.

Entre las cuestiones a las que deberán dar respuesta los cinco antiguos cargos públicos y altos funcionarios ahora imputados, así como los tres directivos de ACS igualmente llamados a la causa, la más relevante es establecer las razones por las que firmas de ese grupo empresarial pactaron entre sí unas cláusulas leoninas, que seguidamente la Administración regional asumió por completo. Especialmente llamativo fue que se pactara el pago de 600 millones por la explotación de las instalaciones a lo largo de 25 años, una cuantía que además de elevadísima estaba garantizada por la fórmula 'take or pay', que obligaba a la Comunidad a efectuar esos pagos aunque no se llegara a producir una gota de agua.

Con la decisión de adquirir el 100% de la planta, la Administración regional asumía íntegramente todos los riesgos del negocio y dejaba a las empresas del grupo ACS en una posición de absoluta ventaja, con los ingresos de 600 millones garantizados, según consideran tanto la Fiscalía como los agentes de la UDEF que han investigado el asunto.

 

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