La implantación de las 35 horas en la Comunidad comenzará este año y costará más de 130 millones

Los sindicatos dan prácticamente por cerrado el acuerdo con el Gobierno regional, pero aún hay flecos relevantes que pueden dilatar las conversaciones. En concreto, uno de los puntos que mantienen las posiciones distantes es cuándo comenzará a implantarse la reducción de dos horas y media semanales para alcanzar las 35. La Consejería ha aceptado que sea este mismo año, pero difiere sobre el mes que sería más adecuado. UGT y CC OO sostienen que sea a partir de junio cuando se reduzca una primera hora para los 9.565 empleados del área de administración y servicios y los 27.881 del Servicio Murciano de Salud. El personal docente no universitario, cuya plantilla al servicio de la Comunidad Autónoma asciende a 21.397 empleados, según los datos actualizados a enero de 2022, tendrá el primer recorte de la jornada en septiembre, coincidiendo con la apertura del nuevo curso escolar.

La Consejería de Economía y Hacienda, que en principio no había reservado cantidad alguna para este asunto en el Presupuesto de la Comunidad de 2023, asegura que no dispone de recursos para empezar a aplicar la medida en junio, y defiende que se posponga hasta septiembre, con lo que el recorte de jornada comenzarían a disfrutarlo todos los empleados públicos al mismo tiempo.

La segunda fase de la implantación de la nueva jornada laboral se adoptaría en 2024. Los sindicatos proponen que la hora y media restante se reduzca entre el personal de administración y servicios y del SMS a partir de junio, y en septiembre de nuevo para los empleados dependientes de la Consejería de Educación.

Las negociaciones para volver a aplicar en la Comunidad Autónoma la semana de 35 horas, que fue suprimida en el año 2011 como consecuencia de los recortes salariales y sociales adoptados para hacer frente a la profunda crisis económica, se iniciaron en diciembre del pasado año, en un encuentro celebrado en el Palacio de San Esteban entre los secretarios generales de UGT, Antonio Jiménez, y CC OO, Santiago Navarro, con el presidente regional, Fernando López Miras, y el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín.

Desde entonces, las reuniones se han sucedido entre ambas partes. Los sindicatos han tratado de acelerar las negociaciones en las últimas semanas, sobre todo ante las elecciones sindicales previstas en la Comunidad Autónoma para el día 22 de este mes. Pero la Consejería de Economía y Hacienda se resiste a aceptar un compromiso que tenga un coste excesivo para las arcas regionales.

El Sindicato Médico (CESM) disiente de UGT y CC OO en el inicio de la reducción de jornada y coincide con la Consejería en que debería ponerse en marcha en septiembre, aunque por distintos motivos. Considera que aplicar la medida en junio, cuando muchos empleados inician sus vacaciones, complicaría su ejecución, por lo que defiende que sea en septiembre, pero en un solo año, no en dos como reclama el Ejecutivo. María José Campillo, presidenta del CESM en la Región, además, rechaza que este asunto haya que cerrarlo con prisas para llegar a las elecciones sindicales con un acuerdo firmado. «Lo que a nosotros nos preocupa es adoptar la mejor decisión para los empleados públicos, no para para las elecciones», indica a LA VERDAD.

El acuerdo final se ha retrasado debido a que la Consejería de Economía y Hacienda ha tratado de alargar lo más posible la aplicación de la nueva jornada, con el fin de repartir en varios ejercicios el coste que tendrá en el erario público. De hecho, en un principio planteó que la implantación se produjera de forma progresiva en un plazo de tres años.

Los sindicatos calculan que con esta medida la Comunidad deberá realizar entre 3.000 y 3.500 nuevas contrataciones para cubrir la reducción de jornada, pero discrepan con la Consejería sobre el coste económico que tendrá. Mientras que Función Pública prevé que la semana laboral de 35 horas le supondrá al erario regional un gasto extra de más de 130 millones de euros, fuentes sindicales precisan que la dotación presupuestaria necesaria podría rondar entre 40 y 50 millones de euros.