El Ministerio asigna 517 plazas de capacidad a la Región para el reparto de menores extranjeros
El Gobierno central da luz verde al Real Decreto que activa la redistribución de niños y adolescentes solos de Canarias y Ceuta
El Consejo de Ministros aprobó este martes el Real Decreto que permitirá iniciar el reparto obligatorio de los menores migrantes no acompañados que actualmente colapsan los servicios de acogida en Canarias y Ceuta, lo que supone el final a un desarrollo normativo marcado por los enfrentamientos con las regiones gobernadas por el PP, incluida la Región de Murcia, y Castilla-La Mancha (PSOE).
El decreto establece de forma definitiva la capacidad ordinaria de cada comunidad y, por tanto, el número de niños y adolescentes que tendrán que ser trasladados a cada territorio de los cerca de 3.000 que entrarán en esta redistribución. Finalmente, la Región de Murcia debe disponer, según este Real Decreto con una capacidad ordinaria de 517 plazas para menores migrantes, 13 más de las señaladas en el cálculo anunciado en mayo.
La capacidad ordinaria sirve también para determinar cuándo una comunidad pasa a ser considerada territorio tensionado y puede activar la derivación de menores a otras zonas de España. Esta definición se otorga a cualquier comunidad autónoma donde los menores acogidos tripliquen la capacidad atribuida por el Ministerio de Juventud e Infancia.
El último cálculo del Ministerio, hecho público en julio, señalaba que por la Comunidad tendría que hacerse cargo de 133 menores. Aunque desde el Gobierno regional señalaron ayer desconocer cómo quedará la cifra con la nueva capacidad ordinaria. Fuentes del Gobierno autonómico subrayaron tras conocer el cálculo, que este se ha aprobado «sin aclarar cuál será el número oficial de niños, niñas y adolescentes migrantes que llegarán a la Región de Murcia desde Canarias».
Respecto a la situación en el resto de comunidades, el Gobierno central ha establecido que la capacidad ordinaria de acogida es de 2.827 plazas en Andalucía, 2.650 en Cataluña y 2.325 en la Comunidad de Madrid. Además, Aragón debe disponer de 441 plazas, Asturias de 331, Islas Baleares de 406, Canarias de 737, Cantabria de 194, Castilla y León de 783, Castilla-La Mancha de 692, Extremadura de 344, Galicia de 886, Navarra de 223, País Vasco de 731, La Rioja de 107, Ceuta de 27 y Melilla de 28.
Este martes, el presidente de la Región, Fernando López Miras aseguró no haber sabido «absolutamente nada» sobre los detalles del Real Decreto antes de su aprobación y consideró que el reparto es «desigual, discriminatorio, desequilibrado y no responde a ningún tipo de lógica». «Se hace desde la arbitrariedad», aseveró tras lamentar que País Vasco y Cataluña «no recibirán ni tendrán que acoger a esos menores».
Por otra parte, el presidente, preguntado por el destino de los menores del centro de Santa Cruz, se limitó a afirmar que «el Gobierno regional va a prestar protección a todos aquellos menores que la ley establezca que tienen que ser tutelados por la Comunidad». Además, lamentó que «se cumplen dos años de la apertura del Hospital Naval sin ningún tipo de información del Gobierno de España ni al Ayuntamiento ni a la Comunidad». «Es totalmente opaco lo que pasa ahí dentro –afirmó–. Con esta situación no podemos seguir».
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, consideró que el Real Decreto aprobado supone «un paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante». «Estamos hablando de niños y niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y humanitaria», destacó.
El Real Decreto debe ser ahora publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo que se prevé que ocurra este mismo miércoles, momento tras el cual las comunidades y ciudades autónomas que cumplan este requisito de sobreocupación, que por ahora son solo Canarias y Ceuta, podrán reclamar la declaración de situación de contingencia migratoria extraordinaria para que cualquier menor que llegue a su territorio a partir de ese momento sea trasladado en un plazo máximo de 15 días, mientras que los que ya se encuentran allí irían saliendo en los próximos meses.
De este modo, el Real Decreto entraría en vigor este jueves 28 de agosto, momento en el que ya podrían empezar a activarse estos repartos, aunque según adelantó este martes el diario ABC, que cita fuentes oficiales, en el seno del Gobierno ya se reconoce que no esperan que los primeros movimientos comiencen hasta finales de septiembre.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, definió la aprobación de este real decreto como «un punto de inflexión en el desarrollo del proceso de acogida vinculante, digna y solidaria de la infancia migrante no acompañada» que llega a España.
Rego explicó que, a partir de este momento, «está todo dispuesto para que comiencen los traslados de acuerdo con el protocolo establecido».
«Hoy damos un paso importante para garantizar los derechos de todos esos niños, niñas y adolescentes que llegan solos y solas a nuestro país. Tenemos la obligación de darles una acogida digna y solidaria y en ello trabajamos desde hace meses a pesar de los intentos de bloqueo de determinados territorios», añadió.
-
El Ejecutivo regional critica el «ocultismo y la falta de información del Gobierno de España»
Tras la celebración del Consejo de Ministros, el Ejecutivo regional insistió este martes en el «ocultismo y la falta de información del Gobierno de España sobre el reparto de menores migrantes no acompañados».
La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, denunció que «el Gobierno central está utilizando a las comunidades como comodín para resolver los problemas de su fracasada política migratoria, sin diálogo, ni coordinación» y resaltó que la capacidad ordinaria establecida por el Ministerio «no se ajusta a la capacidad real del sistema de protección de la Comunidad, ya que el Gobierno de Sánchez ignora que tenemos un sistema de protección, con una sobreocupación que supera el 200%».
Conchita Ruiz: «Hemos creado 200 plazas en centros de portección en año y medio»
La titular de Política Social insistió en que «la solidaridad de la Región de Murcia está más que demostrada y que en el último año y medio se ha atendido a cerca de 1.400 menores no acompañados y se han creado más de 200 plazas adicionales y hasta 16 centros de protección nuevos».
Asimismo, la consejera cifró en aproximadamente 30 millones de euros el gasto de acogimiento residencial que ha realizado el Gobierno regional en los dos últimos años para atender a menores extranjeros no acompañados. «Un sobreesfuerzo que no ha sido tenido en cuenta por el Ministerio a la hora de hacer sus cálculos, ni tampoco las tres puertas de entrada de la inmigración que existen en la Región de Murcia, como son la llegada de pateras, el tránsito entre regiones limítrofes y el Hospital Naval de Cartagena», remarcó Ruiz. Según el Gobierno regional, esta última vía abierta por el Gobierno central en 2023 ha facilitado el acceso a la Región de 331 menores migrantes procedentes de Canarias desde su apertura.
La consejera sostuvo que «es el Gobierno de Sánchez quien desprotege a los menores no acompañados que llegan a nuestra Región, tensionando el sistema de protección y comprometiendo la calidad de la atención y el bienestar de los menores» y anunció que «el Gobierno de la Región de Murcia recurrirá cualquier decisión que adopte el Gobierno de España que sea impuesta y no consensuada».
