Francisco Lucas llevará a Jumilla a los tribunales por el veto a los rezos islámicos
El delegado del Gobierno pide a la Abogacía del Estado que recurra el acuerdo municipal, una vez agotado el plazo dado para su anulación
Una vez agotado el plazo con el que contaba el Ayuntamiento de Jumilla para atender el requerimiento del Ejecutivo central, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas ... , mueve ficha y está decidido a llevarlo a los tribunales. Así, ha solicitado a la Abogacía del Estado la interposición de un recurso contencioso-administrativo para anular el acuerdo aprobado el pasado mes de julio por el PP en el que se proponía un cambio normativo para vetar el uso de instalaciones deportivas municipales, entre otras cuestiones, para actividades religiosas. Fuentes de la Delegación apuntan que la decisión se toma «en defensa de la convivencia y de los derechos fundamentales de la ciudadanía recogidos en la Constitución». Ya en su entrevista con LA VERDAD el pasado domingo 7 de septiembre, Lucas situó la polémica de Jumilla, junto a la de Torre Pacheco, como «determinante» para decidise a asumir la responsabilidad de ponerse al frente de la Delegación del Gobierno.
Fue el 11 de agosto cuando los ministerios de Política Territorial y Justicia solicitaron esa revocación al Consistorio al entender que la medida «vulnera los principios constitucionales de libertad religiosa, igualdad y neutralidad administrativa, y constituye una clara desviación de poder».
Según ha sabido LA VERDAD, la alcaldesa, Severa González, del PP, solicitó a finales de agosto un informe jurídico a la Dirección General de la Administración Local de la Comunidad Autónoma sobre la adecuación a derecho del acuerdo de Pleno: «Y, en consecuencia, si este Ayuntamiento ha de atender el requerimiento de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia revocando dicho acuerdo plenario».
El Ayuntamiento solicitó a la Comunidad un informe sobre la moción que insta a prohibir actos religiosos en los recintos deportivos públicos
El objetivo del cambio normativo atendía a la propuesta original de Vox de impedir de hecho los rezos que, con motivo de la fiesta del fin del Ramadán y del Cordero, celebraba en el campo de fútbol de esta localidad la comunidad musulmana. Tras la polémica levantada, la alcaldesa popular adelantó que serían los servicios jurídicos del Ayuntamiento los encargados de realizar un informe sobre la legalidad o no de la moción.
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