La Fiscalía se querella contra tres funcionarios del SMS y un comercial por el caso de las prótesis

Así lo confirmaron este viernes al diario LA VERDAD fuentes de la investigación, y señalaron que el decreto de interposición de la denuncia fue firmado por el fiscal Rafael Pita el 6 de mayo y comunicado esta semana a los Servicios Jurídicos de la Consejería. El representante del Ministerio Público no indica el importe del presunto daño causado a las arcas públicas, que según las fuentes consultadas oscilaría entre un millón y 1,7 millones de euros. Así lo adelantó en febrero este periódico, que destapó este asunto en noviembre a raíz de la denuncia presentada ante la Fiscalía por la Consejería que dirige Juan José Pedreño. Salud inició también una auditoría interna, a raíz de los datos recabados por la Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Consejería.

El fiscal también ha resuelto dirigirse al Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, para que cese en las indagaciones iniciadas por mandato suyo en el mes de diciembre, salvo que el juzgado que instruya el caso (según el reparto de asuntos del Decanato) le encargue nuevas averiguaciones.

Fue ese grupo policial el que planteó en abril a la Fiscalía la conveniencia de judicializar estas actuaciones y ampliarlas, mediante el análisis de las comunicaciones realizadas por los investigados a través de sus correos electrónicos corporativos. El Ministerio Público ve adecuado trasladar la investigación a los juzgados y acuerda solicitar la intervención de las citadas comunicaciones escritas, para esclarecer la presunta participación en los hechos delictivos de V. F. G., jefe de servicio de la Unidad de Aprovisionamiento Integral; M. N. G., jefe de servicio de esa central de compras; A. C. M., médico de la sección de Radiología Vascular Intervencionista de La Arrixaca; y S. D. M., quien, según la Fiscalía de la Región de Murcia, «como comercial mediaba entre la distribuidora de productos Logimed SL y el Servicio Murciano de Salud».

Los agentes expusieron que su investigación confirmó las supuestas irregularidades detectadas de forma inicial por la Consejería en la adquisición de material sanitario no incluido en el catálogo de productos del SMS y en el abono, por parte de este, de precios superiores a los que habría correspondido. El 'modus operandi' habría consistido en que los cuatro investigados, a pesar de tener conocimiento de los requisitos del Servicio Murciano de comprar productos sanitarios, y en concreto que estos estuvieran incluidos en un determinado catálogo, «impartieron las instrucciones correspondientes al personal auxiliar, de manera que se utilizaran códigos de productos sí incluidos en el catálogo, para la adquisición y pago por el SMS de productos no incluidos». Ello permitió, en apariencia, el abono por parte de la Administración pública, de «un precio superior» al que habría correspondido.

La Fiscalía descarta, eso sí, declarar secreta la causa por considerar que las cuentas de correo electrónico están alojadas en el servidor de la Comunidad Autónoma y, por lo tanto, los afectados tienen una capacidad limitada de acceso a los mismos para borrar o manipular información.

La investigación interna del SMS apuntó a un sobrecoste de 700.000 euros en la compra de tapones de embolización para uso vascular periférico. Son unas prótesis que se utilizan en radiología vascular intervencionista para cortar, por ejemplo, hemorragias en arterias. El análisis de abundante documentación (como pedidos y facturas) sacó a la luz posibles sobreprecios de hasta el 1900% e irregularidades cometidas desde el año 2019 a 2024, cuando la Comunidad tomó medidas tras una denuncia interna. Además, la Policía halló indicios de contrataciones verbales.