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Sábado, 7 de julio 2018, 11:15
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La Fiscalía archivó una investigación sobre presuntas irregularidades en concesiones y autorizaciones administrativas otorgadas por la Autoridad Portuaria de Cartagena a la empresa Hydromanagement, propietaria de la desaladora de Escombreras e integrada en el grupo ACS.
Tampoco ve infracción penal en los informes favorables de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma para la instalación del cajón de captación de agua fuera de la dársena y para el vertido al mar de la salmuera.
El Ministerio Público recibió en 2017 una denuncia del abogado Diego de Ramón contra el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y contra la Comunidad. Y, tras analizar la documentación solicitada a estos organismos, y constatar que la Fiscalía de Murcia ya archivó unas diligencias «prácticamente idénticas» en 2016 -incluida una investigación de la Guardia Civil-, cerró sus pesquisas.
El fiscal no ve indicios de infracción penal en las decisiones adoptadas en el año 2014 por el Puerto, con Antonio Sevilla de presidente. Acerca de Medio Ambiente, dice que «más allá de posibles irregularidades con trascendencia administrativa, no se acreditó responsabilidad penal por miembros de la Dirección General».
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