El fiscal pide procesar al gerente de dos empresas de Murcia por vertidos industriales

En un escrito fechado el 10 de abril, al que ha accedido LA VERDAD la Fiscalía solicita al Juzgado de Instrucción 7 de Murcia «que se acuerde la continuación de las diligencias [abiertas en 2022] por los cauces del procedimiento abreviado», previo a la apertura del juicio oral. Ante la eventual vista, el Ministerio Público concretaría las penas que, según su criterio, debería imponerse. En la causa está personada como acusación particular la asociación Ecologistas en Acción, a través del abogado José Manuel Muñoz Ortín.

El fiscal coordinador de Medio Ambiente en la Región, Miguel de Mata, explica en el escrito que la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil emitió «varios informes periciales» sobre los derrames. Los especialistas de la Benemérita concluyeron «que los vertidos directos sobre el terreno (e indirectos a las aguas subterráneas mediante la filtración a través del suelo) son susceptibles de causar daños sustanciales a la calidad del suelo, ya que suponen la alteración de sus parámetros fisicoquímicos, así como un riesgo grave a los equilibrios de los ecosistemas naturales». Sobre esto último, cita la «contribución al mal estado químico de la masa de agua subterránea y contaminación del Mar Menor».

El fiscal recuerda que la patrulla del Seprona localizó el 22 de octubre de 2020 un vertido en Gea y Truyols. Y señala que «se determinó que la procedencia de dichas aguas de residuos industriales procedían de la mercantil Fini Golosinas S. L. U., ya que, en el documento de identificación se detalla que, el citado día, fueron retirados 23.980 litros de aguas de proceso» con un determinado código de identificación.

El vertido «habría supuesto una cantidad de suelo contaminada de 225 toneladas en 150 metros cúbicos y un coste asociado a las tareas de restauración del terreno de 32.896,86 euros».

Los guardias «sorprendieron a un camión cisterna de transporte de residuos» y remolque, conducido por P. M. T., «vertiendo el contenido líquido de la cisterna en un terreno en el que se estaban realizando trabajos de construcción de una granja para terneros para su compactación». Según la Fiscalía, «las muestras analizadas por Confederación Hidrográfica del Segura determinaron que se trata de aguas residuos industriales no aptos para el riego agrícola y mucho menos para compactación de suelos». Además, «contrariamente a lo asegurado» por los investigados, «las aguas no procedían de un pantano de riego sito en la finca Lo Duro de Roldán, determinándose así la falsedad del documento de control de transporte esgrimido por el conductor de la cisterna».

La Fiscalía también halla indicios de delito por el vertido del 11 de junio de 2021. Ese día, los agentes, en una finca de Valladolises dedicada a una actividad de acopio, tratamiento y clasificación de compost, «comprueban cómo un camión cisterna comienza a verter el contenido de la cuba por aspersión; el vehículo circula dando vueltas a lo largo de un camino perimetral de tierra sin compactar en interior del recinto, por lo que el líquido vertido se filtra rápidamente casi sin formar charcos».

Se trataba «del mismo conductor que en el vertido anterior» y «del mismo empresario». Y las analíticas de la cisterna y de un embalse de pluviales» acreditaron el vertido de «aguas residuales industriales procedentes de la mercantil Eurogranizados», en la que ese día, por el mismo camión y conductor, se retiraron de 26.980 kilos de desechos. El derrame habría afectado a 215,25 toneladas de suelo, en 143,5 m3. El coste de restauración del terreno ascendería a 140.763,50 euros.

La defensa del gerente presentó una pericial que «contradice las conclusiones del Ucoma y del Seprona», pero el fiscal rechaza archivar el caso. Dice que los peritos «deberán exponer sus razonamientos en el acto del juicio».

El abogado de Rodar y de Retoño, Juan Solano Álvarez, manifestó a LA VERDAD su convicción de que ni por parte de estas empresas ni de su gerente se han cometido ilícitos penales, tanto en el ámbito medioambiental como en el documental. «Intentaremos evitar la apertura de juicio y hacer valer nuestros derechos en todas las instancias que sea preciso», apuntó el letrado. Solano reclama el sobreseimiento sobre la base de «informes periciales elaborados por técnicos competentes, que acreditan la trazabilidad de los residuos gestionados y que no es cierto que Rodar se deshaga ilegalmente de residuo alguno y que se sirva de documentos falsos». «No hay evidencia de daños al suelo ni a las aguas subterráneas», recalcó. Y celebró que la Fiscalía descarte la posible estafa, pues «no ha habido intención de engañar a las empresas productoras y se ha justificado totalmente el destino y el adecuado tratamiento de los residuos».

La Fiscalía interesa que se considere responsables civiles subsidiarias a las mercantiles Rodar Transporte y Gestión de Residuos S.L. y a Transportes Retoño. Eso sí, en las diligencias practicadas hasta ahora, el fiscal De Mata no ha encontrado «elementos suficientes para entender que existe la comisión de un delito de estafa a las mercantiles personadas» en la causa en calidad de acusaciones. Así lo indica en su escrito al juzgado, y explica que no halla indicios de delito en dos hechos: uno, el no haberse acreditado «que la gestión de los residuos se haya hecho conforme a la legalidad»; y dos, «que no haya sido la mercantil Rodar quien finalmente ha gestionado los residuos retirados» a las citadas mercantiles «actuando como operador/agente y no como gestor final». Además, señala el fiscal, «la defensa ha presentado documentación sobre la trazabilidad y gestión de los residuos retirados a Caramelos Cerdán, DZ Licores, Eurogranizados y Fini».

El Ministerio Público adopta este criterio «sin perjuicio de que se estime que» las mercantiles denunciantes «puedan ejercer las acciones civiles que a sus derechos les conviniere si entendieren que existe perjuicio e incumplimiento contractual».

El Ministerio Público también reclama el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto al resto de investigados, entre ellos el dueño de la granja de terneros de Gea y Truyols en la que ocurrió un vertido, al no haberse probado que conociera el origen del líquido.