Investigan una presunta red que vertía residuos industriales al medio natural

Estas actividades aparentemente fraudulentas también habrían supuesto una estafa a al menos dos compañías del sector alimentario ubicadas en Molina de Segura y El Palmar (Murcia), según han denunciado la Guardia Civil y la Fiscalía. Las sociedades perjudicadas contrataron, de buena fe, servicios de gestión de residuos a una conocida empresa de ámbito nacional y esta, a su vez, subcontrató los trabajos a dos compañías, una de la misma actividad y otra de transporte. El gerente de estas dos últimas mercantiles es una de las personas imputadas.

Los hechos bajo investigación ocurrieron desde 2016 hasta 2022 y han supuesto ya la imputación de diez personas, entre responsables y trabajadores de las empresas. Dos de estas firmas son Rodar (gestor) y Retoño (transporte), que tienen instalaciones en Valladolises (Murcia) y Roldán (Torre Pacheco), confirmaron a LA VERDAD fuentes judiciales. Y precisaron que las diligencias incluyen los presuntos delitos contra el medio ambiente, falsedad documental y estafa. Según la información que ha trascendido, las mercantiles estafadas serían Golosinas Fini y Eurogranizados.

El Juzgado de Instrucción 5 de San Javier inició la causa, previa denuncia de la Fiscalía de Área de Cartagena, pero se inhibió en favor del Juzgado de Instrucción 7 de Murcia. El magistrado inició esta semana la toma de declaraciones. Este diario contactó con las empresas denunciadas, que declinaron dar su versión. Según el Seprona, Rodar tenía autorización de la Consejería de Medio Ambiente para la aplicación de lodos de depuradoras en parcelas agrícolas, desde unas instalaciones del paraje Lo Tapia y Los Martínez del Puerto, pero no para trabajos de gestión de residuos.

Las pesquisas se remontan al 14 de marzo de 2016, cuando una patrulla del Seprona perteneciente al Campo de Cartagena sorprendió al conductor de un camión cisterna vertiendo aguas residuales en una explanada sin cultivo. La Asociación de Vecinos de Los Martínez del Puerto había alertado de la presencia en una explanada y en unos caminos de unos «vertidos líquidos» que provocaban «un fortísimo olor».

El transportista afirmó que estaba realizando un riego de la finca para su posterior compactado, previa autorización de Medio Ambiente a Rodar y Retoño para la gestión de los residuos arrojados. Sin embargo, los funcionarios detectaron que se trataba de un derrame contaminante.

A pesar de las denuncias formuladas ante el Ayuntamiento de Murcia, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), en abril de 2021 a la Benemérita no le constaba la apertura de expedientes administrativos. En todo caso, los agentes no habían cejado en su empeño y, en otro recorrido por la comarca, el 22 de octubre de 2020 localizaron en Gea y Truyols otro camión que vertía líquidos en un terreno donde se construía una granja para terneros. El «color verdoso y un olor ácido» del agua, que formaba charcos a lo largo de 400 metros de extensión, y la ausencia de una apisonadora levantaron sus sospechas.

Los funcionarios tomaron muestras y la CHS certificó que las aguas vertidas eran «residuos industriales no aptos para riego agrícola y mucho menos para compactación de suelos». El Seprona ubicó el origen de los residuos en la empresa Fini Golosinas SLU; y la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) del Instituto Armado cuantificó el volumen arrojado en 23.980 litros de aguas, aseguró que tenía «una elevada carga contaminante» y calculó que había 3.071,62 toneladas de suelo afectadas. El coste de la restauración del terreno, precisó, sería de 287.854,66 euros.

La Benemérita apuntó que habría «un grupo organizado para ilícitos penales». Argumentó que arrojar residuos al medio natural, en distintos años, con una tapadera legal y «sin levantar sospechas de la administración ni de los servicios de vigilancia, requiere de un amplio conocimiento» y medios técnicos. Situó en la trama a la compañía que logró los contratos e investigó a dos de sus empleados, al ver una «pasividad» deliberada respecto a las firmas subcontratadas.

Un tercer vertido, en Valladolises en 2021, consolidó las pruebas sobre la probable eliminación de residuos mediante dos procedimientos: la simulación del riego con «fertilizantes agrícolas» en fincas autorizadas por la Consejería para la aplicación de lodos de depuradora como enmienda agrícola; y fingiendo la compactación de suelos objeto de obras.