La fiscal estrecha el cerco a ACS por el presunto fraude millonario de la desaladora

Juan José Beltrán, María Antonieta Fernández, Diego Manuel Pardo, Diego Cola Palao, José Alfonso Nebrera y Miguel Ángel Ródenas. /LV
Juan José Beltrán, María Antonieta Fernández, Diego Manuel Pardo, Diego Cola Palao, José Alfonso Nebrera y Miguel Ángel Ródenas. / LV

El Ministerio Público pide la imputación de cinco ex altos cargos de la Comunidad y de tres directivos del grupo que preside Florentino Pérez

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

La investigación judicial del 'caso La Sal', acerca de una supuesta trama delictiva entre altos cargos de la Administración regional y empresarios privados para cometer una presunta malversación multimillonaria en torno a la desaladora de Escombreras, ha entrado en una nueva fase con un informe del Ministerio Fiscal, redactado en julio y notificado a las partes en las últimas horas, con el que se empieza a estrechar el cerco sobre el grupo empresarial ACS, que preside Florentino Pérez.

Basándose en las conclusiones de los informes realizados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en la cronología de la constitución de las sociedades privadas y públicas implicadas en este proyecto y en las declaraciones de un amplio grupo de imputados, que pasaron por el juzgado a lo largo del pasado junio, la fiscal María Isabel Neira considera que hay «suficientes indicios» como para dirigir la acción penal contra otra decena de personas vinculadas a la construcción y puesta en marcha de la desaladora.

De esta forma, reclama de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, que proceda a llamar en calidad de investigados a cinco antiguos altos responsables de la Comunidad Autónoma y a tres directivos del Grupo ACS, ante la existencia de elementos probatorios que apuntan a que «se planificó coordinadamente (entre la Administración regional y las empresas privadas) todo un esquema de contratos y sociedades», dirigidos en último término a conseguir que «el erario público murciano asumiese obligaciones y costes de tal envergadura que resultan injustificables». Todo ello para provecho de las mercantiles privadas, que se garantizaron pagos de hasta 600 millones de euros durante un periodo de 25 años, incluso en el caso hipotético de que la planta desalinizadora no hubiera producido una sola gota de agua.

«Desde 2009 el proyecto ha sido una fuente imponente de gastos» para la Comunidad

Tales compromisos han provocado que, «desde la recepción provisional y la puesta en marcha de la desaladora en abril de 2009, [este proyecto] se haya mostrado como una fuente de gastos imponentes para la Comunidad Autónoma que se mantiene nueve años después».

Antiguos altos funcionarios

Los altos funcionarios señalados ahora por la representante del Ministerio Público como presuntos responsables de esta situación son Juan José Beltrán Valcárcel, quien ejerció como vicepresidente del Ente Público del Agua (EPA) y presidente del consejo de administración de la sociedad pública Hidronostrum; María Antonieta Fernández Cano, antigua asesora del exconsejero Antonio Cerdá y ex secretaria general del EPA, Hidronostrum y Desaladora de Escombreras SA; y los antiguos vocales del EPA y miembros del consejo de administración de Hidronostrum Diego Manuel Pardo Domínguez, Diego Cola Palau y Miguel Ángel Ródenas Cañada, este último también expresidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

La petición de nuevas imputaciones se extiende a José Alfonso Nebrera García, director general de ACS Servicios, Comunicaciones y Energía; Ramón Jiménez Serrano, consejero delegado de Tedagua SA y director general de proyectos integrados, vinculado al Grupo ACS Actividades de Construcción y Servicios; y Cristóbal González Wiedmaier, director financiero del Grupo ACS Industrial y consejero de la firma promotora de la desaladora Hidromanagement SL.

La fiscal Neira sostiene que deben ser interrogados por los presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos y/o cohecho, fraude, falsedades documentales continuadas y delito societario, entre otros supuestos ilícitos penales que pudieran surgir en el transcurso de la investigación. La juez deberá decidir al respecto en los próximos días.

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