La Delegación rechaza que se esté liberando a los inmigrantes llegados en pateras, «pero pueden elegir si se van»
El organismo estatal matiza que los irregulares vistos el miércoles por las calles de Cartagena declinaron integrarse en el plan de acogida
La Delegación del Gobierno insistió ayer en que ni dio orden ni la Policía Nacional puso en libertad a ninguno de los inmigrantes magrebíes llegados en pateras a las costas cartageneras durante los últimos días. Todo ello, pese a la denuncia realizada por los sindicatos policiales y una vez que varios grupos de irregulares fueran vistos deambulando por las calles del casco antiguo de Cartagena a lo largo del pasado miércoles.
Ese organismo estatal matizó que una vez que los 'sin papeles' llegan al puerto de Escombreras, se les identifica, pasan un reconocimiento médico básico y se les inicia un procedimiento administrativo de expulsión del territorio español, por haber entrado de manera ilícita al país.
Si tras ello se comprueba que los centros de internamiento de extranjeros (CIE) están colapsados, como ocurrió anteayer, son las ONG las que se hacen cargo de ellos. Pero, en este caso, los pateristas pueden elegir entre quedar en libertad o aceptar su integración en el Sistema Nacional de Acogida Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Las mismas fuentes de la Delegación del Gobierno explicaron que en el caso de los inmigrantes que fueron vistos por las calles del casco antiguo de Cartagena anteayer, se pudo dar el caso que eligieran quedar en libertad, a la espera de ser requeridos por el Ministerio del Interior para ser expulsados de España, según marca la ley de extranjería.
Tres meses en una ONG
En el Sistema Nacional de Acogida Humanitaria, regulado en el RD 441/2007, el inmigrante «no se encuentra privado de libertad», según fuentes de la Delegación, ya que puede abandonar este recurso –su estancia en la ONG– cuando voluntariamente lo considere. El plazo máximo de permanencia es de tres meses, aunque excepcionalmente en función de la vulnerabilidad se puede prorrogar. Si son enviados a un CIE tienen que estar un mínimo de 60 días recluidos. Pasado ese tiempo deben ser puestos en libertad.
Para la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, si se quedaron en libertad los inmigrantes es «porque no hay medios suficientes para atenderlos». Por eso, dijo que la obligación del Gobierno de España «es poner los servicios suficientes para darles una atención digna». Y añadió que la asistencia a estas personas «no puede descansar solo en las poblaciones que somos punto de entrada», puesto que se trata de «un asunto de Estado».
