La Consejería solo registra tres inspecciones en dos años de la ley de cadena alimentaria

No hay datos de 2023, pero «las cosas están cambiando» y, al calor de las protestas del campo, la Dirección General de Agricultura, Industria Agroalimentaria y Asociacionismo Agrario asegura que ha reforzado el equipo de control de la ley de la cadena alimentaria y «se ha destinado personal con dedicación exclusiva». Además, avisa de que «durante esta campaña se van a realizar controles» y avanza que «ya se han iniciado en diferentes sectores de la economía».

La Agencia de Información y Control Alimentario (Aica), que depende del Ministerio, apunta hacia la Dirección General de Agricultura de la Comunidad cuando se le pregunta por el número de inspecciones realizadas en la Región en los dos últimos años, desde que está en vigor la reforma de la ley. No obstante, en su informe anual de 2022, recoge las tres inspecciones hechas por la Comunidad y destaca que se tradujeron en 15 controles sobre contratos comerciales (10 en el sector del vino y 5 en zumos).

En cualquier caso, el hecho de que solo se hayan hecho tres inspecciones en 2022 va en sintonía con las denuncias de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), que reclama a la Comunidad la creación de un órgano de control para que se cumpla la ley de la cadena alimentaria. «No está creado ni tiene recursos para hacer inspecciones», dijo Marcos Alarcón a LA VERDAD.

También lo ha denunciado el líder socialista José Vélez, que lleva tiempo responsabilizando a la Comunidad de dejar morir la ley de la cadena alimentaria en un cajón, al no desarrollar los mecanismos de control que son competencia autonómica.

Desde la Dirección General de Agricultura explican que el número reducido de inspecciones que han realizado responde a las limitaciones que tienen a la hora de hacer controles, porque solo se les permite supervisar cuando se cumplen tres requisitos: que exista una denuncia previa y hay que fiscalizar sí o sí; el agricultor implicado reside en la Región de Murcia; y, además, vende dentro de la Comunidad. Eso quiere decir que si vende en Valencia y se denuncia una irregularidad, esta no depende de la acción supervisora de la Consejería.

«Si hay denuncia y está dentro del ámbito geográfico de competencia, se inspecciona sí o sí», insisten fuentes de la Comunidad, a preguntas de este diario.

Según explican, hasta ahora las inspecciones funcionaban en coordinación con la Agencia de Información y Control Alimentario (Aica), que presenta su plan de control. Desde la Consejería «se complementan» esas actuaciones, buscando que no se centren todos los controles en el mismo sector.

Javier Alejandre, técnico de UPA que participa en Madrid en las reuniones con la Aica, no conoce cuántas inspecciones hace la Agencia de Información y Control Alimentario, pero tiene la sensación de que son muchas. A la Unión de Pequeños Agricultores le consta que hace dos años se hizo una en la Región tras una denuncia de esta organización en el inicio de la campaña del melocotón. A partir de ahí, comenzó un período de controles que derivó en que se empezaron a presentar contratos por escrito, algo que exige la ley desde 2013, pero que no se ha llevado a la práctica hasta después de la reforma de 2021, cuando se marcó como obligatorio llevar un registro nacional de la contratación. Sin embargo, admite que «a las comunidades autónomas les está costando arrancar» y aplicar la norma.

UPA también hizo otra denuncia el año pasado, que afectaba a explotaciones vinícolas de Castilla-La Mancha y llegaba hasta Jumilla, después de detectar «que había empezado la campaña del vino sin precios».

A pesar de que los agricultores siguen denunciando que venden a pérdidas, algo que prohíbe la ley de la cadena alimentaria, Alejandre tiene una visión «positiva» de esta normativa. No obstante, reconoce que las inspecciones de la Aica se centran en las irregularidades más fáciles de detectar: saltarse la obligación de formalizar los contratos y cumplir con los plazos de pagos.

Por su experiencia, una vez que se registran los contratos, por regla general se respeta la prohibición de vender a pérdidas. De hecho, en 2022 solo hubo ocho sanciones a nivel nacional por este motivo y en 2023 no hubo ninguna por parte de la Aica. Pero la práctica demuestra que los agricultores siguen vendiendo por debajo del coste de producción.

«El precio que nos están dando por los productos es insoportable», comentó a LA VERDAD un agricultor de Águilas, que el miércoles acudió a la manifestación de las organizaciones agrarias en la Delegación del Gobierno.

«No ganamos ni para comer. Esto es una ruina», añadió Juan José Gómez, otro agricultor dedicado a la siembra de tomates, melocotón y sandía en Águilas.

Antonio, otro pequeño agricultor de Beniaján, cuenta que este año no venderá sus limones porque le ofrecen 6 céntimos por kilo, quitando la parte mala, que suele ser el 50%. Con eso no cubre gastos y prefiere dejar los limoneros sin recoger.

El técnico de UPA entiende la dificultad que entraña hacer controles y detectar las ventas a pérdidas. Según explica, no se trata de imponer un precio mínimo a una cosecha porque cada agricultor tiene sus propios costes de producción. De hecho, organizaciones como Asaja cuentan con un Observatorio de Precios que marca el mínimo de la media de costes en determinados cultivos. Esta herramienta ayuda a visibilizar que toda venta que se registre por debajo de esos costes se puede entender como un indicio de que se está vendiendo a pérdidas. Pero ni así está claro cuál es el precio mínimo de un cultivo, porque hay que tener en cuenta cuánto se paga por el agua en cada zona específica.

Por eso, en la práctica, este tipo de inspecciones solo pueden arrancar partiendo de denuncias. Pero eso no está pasando y el técnico de UPA lo achaca a que «hay miedo» en el campo. Pese a que desde las organizaciones agrarias explican a los agricultores que la información que se suministra es anónima, nadie quiere «morder la mano que le da de comer». «Aún así, cada vez hay más avisos a las autoridades. Van aumentando año a año».

«Esto es un cambio de cultura y de hábitos» que ganará fuerza gracias a la «amenaza de campañas de inspección y control», concluye el técnico de UPA.

Para José Miguel Marín, de Coag, es evidente que la ley de la cadena alimentaria no se está cumpliendo en la Región de Murcia. «No se puede pensar que se cumple porque hay casos evidentes, como que se están cortando limones a 10 o 12 céntimos y no se cubren costes ni de lejos».

«Tenemos que reconocer que la aplicación de la ley de la cadena alimentaria no es fácil, pero sí pedimos que se siga trabajando en su implantación. En los puntos más difíciles tenemos que intentar mejorarla, consolidar lo que funcione bien y modificar lo que funcione mal, pero es absolutamente falso que no se puede aplicar», añadió.

Antes de que las organizaciones agrarias sacaran 2.000 tractores, camiones y vehículos del campo a las calles para protestar por la situación del campo, el presidente, Fernando López Miras, se reunió con representantes de Coag, Asaja y UPA y les puso sobre la mesa tres medidas inminentes.

La primera de ellas, un plan plurianual dotado de 18 millones para destinarlos al seguro agrario y a la concesión de ayudas a agricultores que, aun cumpliendo los requisitos, se quedaron fuera de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). También les habló de crear un observatorio de precios, de aumentar las inspecciones en la cadena alimentaria y de abrir una mesa de negociación. Ya tienen un documento a consensuar.

El secretario general de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Alfonso Gálvez, reconoce que «la ley de la cadena alimentaria no se está aplicando con seriedad en la Región de Murcia».

Así de contundente se ha manifestado y, para demostrarlo, pone sobre la mesa el problema del limón. «La prueba más palpable es que no se puede aceptar que los limones estén a cero cotización en campo, o que estén a diez céntimos, y que luego el consumidor en España lo pague a 2 euros o, en cualquier país de la Unión Europea, a 4 o 5 euros. Eso no tiene ningún sentido», señala.

Gálvez defiende, además, que hay que respetar «el valor de los productos». Y en ese sentido, desde Asaja defienden la aplicación de la regla de un tercio para cada uno de los tres componentes de la cadena alimentaria. La organización agraria considera que de esta forma estarían cubiertos los costes de producción. «Todos ganarían y el consumidor también tendría productos disponibles a un precio razonable».

Pero para Asaja, la batalla por ganar está en la exportación de la ley de la cadena alimentaria al resto de Europa ya que, según explica Gálvez, debido a los precios de terceros países las empresas y cooperativas de la Región que trabajan para los grandes grupos que dominan la distribución en la cadena alimentaria europea, como tienen la posibilidad de comprar barato fuera de la UE, presionan a los agricultores con esos precios extracomunitarios.

«Al final, el perjudicado siempre es el agricultor. No se trata de ir contra los exportadores, sino de conseguir que nuestra ley, que es pionera en Europa, se aplique en toda la UE y que siempre estén garantizados los costes de producción del agricultor, con independencia de las presiones que esté recibiendo desde otros eslabones».

Para Gálvez es hora de parar «la impunidad» de las prácticas abusivas que favorecen que se siga vendiendo a pérdidas. Se da el caso de que un agricultor dedicado a frutales, por ejemplo, tiene un tiempo limitado para recoger y vender su producción o se arriesga a perderla. Por eso, añade, se dan situaciones en las que aceptan vender por debajo de los costes de producción.