La Consejería dice que hay 5.750 empleos ligados a la desaladora de Escombreras

El letrado de la Comunidad solicita a la juez del 'caso la Sal' que no paralice la planta

LA VERDAD MURCIA.

El Gobierno regional defiende el «carácter estratégico» de la desaladora de Escombreras y ha solicitado a la juez del 'caso la Sal' que no paralice la producción de agua de esta planta porque ello acarrearía «importantes perjuicios económicos y pérdida de puestos de trabajo». La titular del Juzgado de Instrucción 5 de Murcia, María del Mar Azuar Fernández, que investiga un presunto delito de malversación de caudales públicos en la gestación de estas instalaciones, tiene que tomar una decisión sobre la petición que hizo la Fiscalía del TSJ para intervenir judicialmente la desaladora.

El escrito enviado a la magistrada por el letrado de la Comunidad Autónoma aporta un informe técnico del actual gerente de la planta para que lo tenga en cuenta en la vista sobre las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. La intervención que solicitó en diciembre la fiscal del caso, Maribel Neira, no comporta que se paralice la desaladora, sino que sea controlada por un funcionario de la Intervención General del Estado. Este administrador debe velar por los pagos que realiza la Comunidad Autónoma a las empresas propietarias y encargadas de infraestructura, para evitar perjuicios al erario público.

El informe técnico elaborado por José Sandoval Moreno, actual gerente de la desaladora de Escombreras, que depende de la Consejería de Agricultura y Agua, indica que la interrupción del suministro a los clientes acarrearía pérdidas económicas y laborales. Cifra en 5.750 el número de empleos «que dependen directamente de la continuidad» de la 'fábrica' de agua.

El 98% de la producción se destina a la agricultura y el resto a los campos de golf. La venta de agua fue el año pasado de 18 hectómetros cúbicos, sobre una capacidad total de 21, la mayoría para 115 clientes de Arco Sur Mar Menor y de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Señala que hay peticiones de los agricultores para comprar hasta 30 hectómetros anuales. Sostiene que la desaladora «presta en estos momentos un servicio extraordinario».