«El comisario de Aguas dijo que no había que hacer nada con las desaladoras ilegales»

Rosario Quesada y Manuel Aldeguer./LV
Rosario Quesada y Manuel Aldeguer. / LV

Los testimonios que incriminan a exdirectivos de la CHS se acumulan en el juzgado que investiga la contaminación del Mar Menor por vertidos

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

El agente medioambiental 7099 de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que ya declaró en su día ante la Fiscalía Superior sobre las posibles razones de la contaminación del Mar Menor, ratificó el pasado jueves aquellas manifestaciones ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Ángel Garrote. Y a preguntas del fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, Miguel de Mata, y de los abogados defensores, dejó algunas frases que comprometen seriamente a algunos antiguos altos cargos de la CHS, hoy imputados en el denominado 'caso La Sal'.

Así, nada más comenzar su declaración como testigo, el agente medioambiental recordó que en 2009 hubo una reunión, «en la que pregunté a Manuel Aldeguer (el entonces comisario de Aguas) si teníamos que hacer algo respecto de las desaladoras privadas ilegales en el Campo de Cartagena, y contestó que no teníamos que hacer nada, que la CHS ya vería cómo trataba ese problema».

No es que les diera instrucciones para que no denunciaran, aclaró, «pero tampoco nos pidió que las inspeccionáramos. Nos dijo que conocían el problema de esas desaladoras, pero desde 2009 a 2012 no se denunció ninguna instalación ilegal».

«Imagino que alguien de la Confederación les dijo a los agricultores que las plantas eran legalizables»

En ese momento, explicó, todavía no conocía que en la CHS existía un listado con una relación de cientos de desalobradoras clandestinas, que es algo de lo que se enteró en 2012, cuando comenzaron las inspecciones. «Los agricultores nos comentaban que la lista la habían entregado ellos. Habían montado una asociación para intentar legalizarlas. Sabían que las desaladoras y los pozos no eran legales, pero colaboraban con nosotros. Imagino que habría alguna reunión con alguien de la CHS en la que se les dio la posibilidad de legalizarlas. Nos sorprendió que hubiera un listado y no se hubiera hecho nada antes».

«Todo iba a la laguna»

Sobre el lugar en el que acababan los vertidos de salmuera procedentes de esas instalaciones pirata, el testigo señaló que «las tuberías iban enterradas», por lo que resultaba imposible conocer a dónde iban a parar exactamente y se limitaban a consignar en sus informes lo que les decían los agricultores. «Ellos se conectaban a una red, sin saber muy bien a dónde iba».

Acabó constatando que la red de salmueroductos acababa en la rambla del Albujón. «En realidad, todas esas aguas vertían al Mar Menor. Sabíamos esto desde que comenzamos las inspecciones, desde aproximadamente el año 2010. Había una tubería en la rambla del Albujón que pensaba que era para drenajes, pero en realidad era para la salmuera».

El agente de medio ambiente también ratificó la declaración anterior de uno de sus compañeros, en el sentido de que un día, por causa de unas fuertes lluvias, quedaron al descubierto unas tuberías. Y aseguró que cuando iban a ser clausuradas «el jefe de servicio paró las obras para que no se hiciera nada más. La orden vino de José Manuel Ruiz, pero el contratista o el agente ambiental coordinador aseguró que la orden era de la Presidencia de la CHS [en ese momento se encontraba al frente Rosario Quesada]».

Otra declaración interesante fue la que prestó el coordinador de los agentes medioambientales en la CHS, A. T. M., quien explicó que en aquellas fechas, en torno a 2009, «se oía en el ambiente y en los medios de comunicación que había un problema con las desaladoras ilegales, pero hasta 2012 «nadie me pidió que hiciéramos inspecciones ni detectamos en el trabajo de campo esas desaladoras. En 2012 existía inquietud entre los compañeros por ese asunto y se lo comunicamos al comisario, José Carlos González, por lo que nos pusimos a trabajar sobre ello. Tuvimos una reunión para poner las bases de cómo empezar. En algún encuentro salió el tema de que había un listado de desaladoras ilegales».

Como sus compañeros, admitió que nadie sabía muy bien a dónde se vertía, ya que las tuberías estaban enterradas. «Había unos salmueroductos y en la rambla del Albujón había unos tubos que vertían salmuera».

En 2014, cuando acabaron las dos tandas de inspecciones, sus compañeros le remitieron un correo porque seguían estando preocupados con este problema y pensaban que era necesario incidir en las inspecciones. «En 2016 hubo taponamientos (de tuberías) y en 2017 se procedió al levantamiento de los salmueroductos».

«Se oían rumores de bar»

Un antiguo guardia fluvial y luego técnico superior de actividades técnicas de la CHS, M. B. R., también testificó el jueves en el juzgado y manifestó que entre los años 1990 y 1995 se dieron autorizaciones a algunas desaladoras, que fueron revocadas más tarde, y que entre 1994 y 2007 se escuchaban «rumores de bar» acerca de que había muchas instalaciones ilegales, «aunque la primera noticia oficial no la tuve hasta 2012».

Confirmó la reunión concertada en 2012 con el entonces comisario José Carlos González, en la que se fijó un plan de choque. «Se nos convocó para realizar inspecciones, con las coordenadas de unos pozos que nos facilitaron».

Ello les permitió constatar que «existía una red de salmueroductos, que creo que se hizo con la finalidad de que las desaladoras autorizadas entroncaran allí, y el conducto principal iba a parar a la rambla del Albujón». Desde ahí, la salmuera acababa directamente en el Mar Menor. «No había impulsión a El Mojón», reconoció.