Tapiarán varios edificios de la antigua Peñarroya por los okupas y gamberros

Durante varias décadas, de 1925 a 1992, albergaron oficinas, almacenes y casetas de vigilancia y control. Pero desde el cierre de la factoría, son espacios vacíos y expuestos a los intrusos, desde okupas a gamberros. Además, en algunos casos amenazan ruina, por lo que suponen un riesgo para la integridad física de cualquiera que se adentre en ellos. Se trata de cuatro de los diecinueve edificios que componían la fundición de plomo de Peñarroya en el barrio de Santa Lucía, y que la Autoridad Portuaria de Cartagena, actual propietaria de la parcela, debe tapiar de forma urgente por orden municipal.

A raíz de una solicitud del Puerto, en enero pasado, a la Concejalía de Urbanismo para que aprobara la declaración de ruina de estas construcciones y permitiera, así, su derribo, el Ayuntamiento ha instado a realizar una primera intervención de emergencia. Según los técnicos de Urbanismo, un área que dirige la alcaldesa, Ana Belén Castejón, es preciso tapiar puertas y ventanas «para impedir el acceso» a ellos y «el vandalismo de posible moradores». Hace pocas semanas, dos jóvenes sin recursos económicos entraron en una de las viejas naves y durmieron en ella durante varios días, hasta que fueron desalojados.

Asimismo, la resolución de Urbanismo, comunicada la pasada semana al Puerto, acuerda la declaración de ruina técnica de quince construcciones, entre ellos un depósito y unos hornos. Los funcionarios detectaron situaciones de peligro como la existencia de estructuras de hormigón casi colapsadas, ausencia de cubiertas, grietas en muros de carga, corrosión de armaduras, peligro de desprendimientos de elementos de coronación y pilastras de apoyo de cerchas que no cargan.

En varias visitas de inspección los especialistas hallaron también muchos signos de deterioro y de riesgo ambiental, como la existencia de tejados de placas de fibrocemento (amianto o uralita) con huecos, escombros, falta de carpintería y de cristales, así como humedades.

A la vista del precario estado de este antiguo complejo industrial, Urbanismo dictaminó la necesidad de echar abajo estas construcciones. El Puerto deberá presentar un proyecto en el plazo de un mes. Deberá ajustarse, además, a la resolución por la que la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma aprobó la declaración de suelo contaminado de la finca.

El Puerto ha presupuestado 816.024 euros para los derribos, la limpieza superficial del solar y la retirada de escombros y materiales peligrosos. Fuentes del Puerto advirtieron, no obstante, de que el contrato para realizar estos trabajos no podrá ser licitado «hasta no disponer del informe favorable de la Abogacía del Estado en lo relativo a la disponibilidad de los terrenos».

El Puerto dispone de la parcela, que ocupa unos 65.000 metros cuadrados, desde que la expropió en 2007 a la empresa FGH Invercón Holding SL, del expresidente del Fútbol Club Cartagena Francisco Gómez. Tras renunciar a la apertura de un almacén de contenedores de mercancías, la institución intentó anular la enajenación y recuperar el dinero pagado a Gómez, pero la Justicia lo impidió. Sin embargo, han surgido problemas respecto a la inscripción de la finca.

Los terrenos acumulan residuos procedentes de la actividad industrial, lo que implica la presencia de metales pesados y un potencial riesgo por radiactividad natural. El Puerto tendrá, por ello, que descontaminar el suelo, lo que según sus cálculos le costará unos 6 millones de euros.

Entre tanto, la Comunidad Autónoma y la Plataforma vecinal de afectados por la contaminación del cinturón urbano de Cartagena siguen esperando a que el Puerto valle la finca, para evitar riesgos.