El campamento del Hospital Naval de Cartagena acoge a 4.632 inmigrantes en su primer año en marcha

Tras la última ampliación en 300 plazas realizada en octubre sin permiso municipal ni comunicación previa, la capacidad de las instalaciones es de 1.072 plazas. Pero, según el Ministerio, nunca está lleno. De hecho, en su parte diario al Ayuntamiento, el viernes por la tarde comunicó que había 936 ocupantes.

El dispositivo instalado en el Naval para atender a inmigrantes llegados en patera a las Islas Canarias se ha encontrado desde el primer momento con el rechazo municipal y de gran parte de la sociedad, como sucede en Mérida, Alcalá y Carabanchel (Madrid) que tienen centros similares. Los ayuntamiento se quejan de la «opacidad» del Gobierno de España a la hora de tomar decisiones al respecto. Y en el caso de Cartagena, su alcaldesa, Noelia Arroyo, ha recordado que su ciudad también sufre el problema de la inmigración ilegal, por la llegada frecuente de pateras a sus costas, y la existencia ya de otro centro de acogida temporal, un CATE.

La queja del equipo de gobierno ha sido la concentración de recursos en la ciudad de Cartagena, «la falta de información y transparencia» por parte del Ministerio, y el temor a que las carpas provisionales de carácter temporal se conviertan en una instalación definitiva debido a la dificultad de gestionar la grave crisis migratoria que afecta al país. A todo ello se ha sumado que el Ministerio ha intentado hacer obras en el Naval sin licencia y, ante el rechazo municipal, ha montado carpas con la intención de aumentar, sí o sí, la capacidad de su campamento.

La Concejalía de Urbanismo ordenó precintar las tres últimas carpas y abrió su segundo expediente a Migraciones, que tiene hasta diciembre para regularizar la situación de los montajes donde pernoctan los inmigrantes, atienden sus necesidades básicas y asisten a clases para familiarizase con el español y la vida cotidiana en Europa que imparte el personal de la ONG Accem, que gestiona el CAED. No obstante, dos de las tres carpas cuestionadas siguen acogiendo a personal trasladado semanalmente desde Canarias vía Madrid y tercera también sigue montada, según fuentes vinculadas al antiguo hospital de Defensa.

El campamento «provisional» de inmigrantes abrió, según el Ministerio, con carácter «temporal». Inicialmente iba a ser seis meses. Pero la pasada primavera, ante el recrudecimiento de la llegada de cayucos a Canarias y la altísima presión asistencial en el archipiélago, el Gobierno decidió prolongarlo un año más, hasta junio de 2025. Sostiene que para entonces ya podrá derivar a inmigrantes acogidos a alguno de los catorce centros que tiene previsto construir con fondos europeos y «ninguno de ellos en la Región de Murcia».

Se tratará de Centros de Acogida de Protección Internacional (CAPI), que ofrece las necesidades básicas de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional y temporal que carecen de recursos económicos, «acompañándolas en su proceso de adquisición de la autonomía e integración en la sociedad española», según el Ministerio. Pero mientras no estén disponibles y sigan llegando cayucos a Canarias, el Naval recibirá inmigrantes cada semana.

El dispositivo de atención humanitaria a africanos llegados de Canarias está centrado en el campamento del antiguo Hospital Naval, pero no es la única instalación de la que Accem hace uso en la ciudad para esta emergencia nacional.

La ONG tiene 1.135 plazas en sus diferentes dispositivos, incluido el campamento del Naval. También proporciona asistencia a inmigrantes africanos llegados en el último año en dos hoteles de la Urbanización Mediterráneo y del centro histórico, así como en la antigua residencia universitaria de la calle Caballero. Esta fue cedida por el Ayuntamiento de Cartagena, que es su propietario, a Accem en marzo de 2022 para acoger a refugiados ucranianos, pero en las 33 habitaciones individuales del edificio ya solo hay inmigrantes africanos.

El convenio por el que la Administración local cedía el uso vence el próximo 5 de diciembre y no se renovará porque ya no existe la emergencia causante del acuerdo, ni la ONG cumple con el mismo desde hace tiempo, según un portavoz municipal. Esta cuestión está en la orden del día de la reunión que mantendrá mañana la sociedad municipal Casco Antiguo Cartagena.

Vox, socio de gobierno municipal del PP, ya advirtió que no permitirá la cesión de espacios y activos municipales para la acogida y cooperación con inmigrantes llegados a España de manera irregular. La formación también quiere suprimir subvenciones públicas a todos aquellos programas de las ONG que proporcionen esa asistencia con el argumento de evitar un posible efecto llamada.

Esa es la impronta que deja el Grupo Municipal Vox en el Presupuesto del Ayuntamiento de Cartagena para 2025, junto con un sistema informático para detectar empadronamientos irregulares y alertar de posibles fraudes, así como ayudas a la natalidad a través de una partida de 200.000 euros.