Ayuntamientos y vecinos del Mar Menor se niegan a pagar el coste de la crisis del agua

En los consistorios de San Pedro, San Javier y Los Alcázares, los puntos de recepción de reclamaciones, tanto por los daños sufridos por el temporal como de los gastos derivados de las restricciones de agua, recibieron todo tipo de demandas de abono: desde cuantías menores por la compra de botellas en los supermercados hasta requerimientos de varios ceros por trabajos de fontanería debido a la entrada de barro en aljibes y depósitos particulares. Desde las administraciones locales, trasladarán las peticiones a la Mancomunidad de Canales del Taibilla, para que asuma los gastos de los vecinos, pero también los que sumaron la compra de las cubas para el suministro público, el agua embotellada que se repartió a las personas vulnerables, a los colegios y residencias, y los costes de personal.

«Tengo un niño de 11 años, así que hemos gastado varias garrafas de 8 litros, y yo estoy en el paro», cuenta Reme Rosique en la mesa de la funcionaria que recoge las solicitudes en el vestíbulo del Ayuntamiento de Los Alcázares. Alternó las botellas compradas en el súper con las que rellenaba en el camión cisterna que repartió agua potable a la ciudadanía. A pesar del trastorno que alteró la vida de los vecinos la pasada semana y les hizo un 'roto' en el bolsillo, a Reme le consuela que «las obras antiinundaciones que han hecho en los últimos años han funcionado, porque si no, en mi calle hubiese llegado el agua a bastante altura».

A su vecina, Fuensanta Valverde, le indigna «vivir con esta sensación de inseguridad, de tener que salir a la carrera a cambiar el coche de sitio para que no se llene de barro cada vez que llueve». A sus 78 años, le basta con las riadas vividas. En el punto de recepción de reclamaciones, la funcionaria advierte a los usuarios que «tienen que presentar facturas o tiques de las compras o gastos realizados». «Es un requisito obligatorio, pero a muchos les echa para atrás, porque no guardaron los recibos», explica.

Es lo que le ha ocurrido al mexicano Alberto Piera. «No tengo forma de demostrar lo que me costó, pero fueron varias compras de agua embotellada y el precio de la lavandería, que solo admite monedas, ¿cómo demuestro eso?», pregunta. Resignado a tener que asumir ese gasto imprevisto con su pensión de jubilación, pide información en el Ayuntamiento sobre cómo exigir a su casero el arreglo de la gotera que, provocada por la lluvia torrencial de hace 10 días, generó un cortocircuito eléctrico en la vivienda. «Se niega a pagar los arreglos», explica sobre la cadena de problemas provocada por la dana. Cree además que «no van a resolver nada, porque la política es una cloaca».

Quien piensa volver con factura en mano es Carmen Avellaneda, retirada ya de su puesto de frutas y verduras en los mercados semanales del entorno durante años. Un tanto enfadada, se marcha en su motocarro a buscar al fontanero que le vació, limpió y reparó su depósito de agua, con el fin de que le proporcione el recibo con el que compensaría su desembolso.

Durante la primera mañana de funcionamiento del Punto de Reclamación, la pila de peticiones de compensación por la crisis del grifo es más numerosa que la del barro, al revés que en San Javier, donde el centenar de vecinos que ha acudido al Consistorio eran afectados por la inundación. De hecho, en esta ocasión el temporal golpeó con más fuerza en San Javier, Santiago de la Ribera y El Mirador. La recepción de solicitudes estará abierta durante toda la semana, en horario de 9 a 14 horas en los tres ayuntamientos. En Los Alcázares, también funcionará de cinco a siete de la tarde.