Reacciones políticas al suicidio asistido: ¿avance social o cultura de la muerte?

Los partidos de la Región repitieron ayer el argumentario de sus direcciones nacionales, expuestos el jueves en la Cámara Baja. Mientras PSOE y Podemos, integrantes del Gobierno central, mostraban su entusiasmo por lo que consideran un avance social para este país, el Partido Popular advierte de la posible inconstitucionalidad de la propuesta de ley. Vox es el más radical en su oposición al texto. Su diputada por Murcia Lourdes Méndez, que fue la portavoz de su partido durante los debates, afirma que la normativa no tiene otro objetivo que implantar en España la cultura de la muerte. Ciudadanos, por su parte, se desmarca del bloque de la derecha y cree que España se pone «a la vanguardia internacional» por esta regulación.

«El PSOE, una vez más, vuelve a ser pionero en la defensa y la promoción de los derechos sociales y de las libertades personales de la ciudadanía española», reivindicaba con orgullo ayer Juan Luis Soto Burillo, diputado socialista por la Región en el Congreso. «Estamos ante un derecho de las personas a poner fin al sufrimiento con libertad y autonomía, preservando su integridad y su dignidad y no obligarles a vivir en malas condiciones. Defendemos la vida, pero no la obligación de vivir cuando erosiona la integridad física o moral, a juicio de la persona que sufre», añade el parlamentario, que destaca el respaldo social de la ley. «Solo PP y Vox han votado en contra», recalca Juan Luis Soto Burillo, que resalta asimismo que la normativa «recoge todas las garantías éticas y de seguridad jurídica para asegurar que la decisión de la persona que solicita la eutanasia sea autónoma, libre de presiones, informada, consciente y mantenida en el tiempo».

No cree lo mismo María del Carmen Ruiz Jódar, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional. «La ley de eutanasia no responde a una demanda social y se ha saltado todos los informes de los expertos. De hecho, se han vetado comparecencias, no se ha escuchado al Consejo de Estado ni tampoco al Comité de Bioética. El Gobierno ha tenido miedo al debate social», comenta la diputada. Ruiz Jódar hace hincapié en el rechazo a la propuesta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y subraya que puede ser insconstitucional, según consideran destacados juristas. Los populares, afirma la viceportavoz en la Asamblea, apuestan por una ley de cuidados paliativos.

La coordinadora regional de Cs, Ana Martínez Vidal, quiso dejar claro que la ley «no supone una legalización del 'suicidio asistido', porque ni cualquier persona puede solicitar la prestación de ayuda para morir en cualquier momento, ni se da vía libre para que se pueda pedir a cualquier persona ayuda para morir». Pese al apoyo que se dio a la eutanasia en el Congreso, Ciudadanos intentará introducir cambios en el Senado, como una mayor concreción del derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios, más capacidad de recurso en la vía administrativa y criterios comunes a través de una Comisión Estatal de Garantía y Evaluación.

La más dura fue Lourdes Méndez, de Vox. La diputada critica la propuesta «porque supone el quebrantamiento de nuestro orden constitucional atacando el primero de sus fundamentos, que es el derecho a la vida». «Su finalidad no es el alivio del sufrimiento ni paliar el dolor, pues si así fuera se habría aceptado nuestra enmienda a la totalidad sobre cuidados paliativos», opina la parlamentaria murciana.

Por su parte, el coordinador de Podemos y secretario de la Mesa del Congreso, Javier Sánchez Serna, lamenta que la derecha «siempre llega tarde a los avances sociales de este país». Rememora que los conservadores ya se opusieron a la ley del divorcio y a la que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo, dos cuestiones que generaron en su día polémica y que ahora son socialmente aceptadas.

«Todo el proceso está sujeto a garantías jurídicas y sanitarias suficientes tanto para la persona que solicita la eutanasia como para los profesionales sanitarios implicados», explica el diputado socialista por Murcia en el Congreso Juan Luis Soto Burillo, que destaca «el amplio consenso no solo político, sino también social» que a su juicio suscita la ley impulsada por su grupo. «Una vez más, el PSOE vuelve a ser pionero en la promoción de los derechos sociales», celebra el parlamentario socialista.

«Hay más de 160 juristas, catedráticos y profesores de Derecho Constitucional de 37 universidades públicas que han advertido de la inconstitucionalidad de la ley de eutanasia, porque es contraria a la dignidad de las personas y supone una grave amenaza a la seguridad de los mayores y los enfermos», afirma la portavoz adjunta del PP en la Asamblea Regional, María del Carmen Ruiz Jódar. Los populares auguran así un corto recorrido de la normativa en el Tribunal Constitucional.

«Estoy convencida de que cualquiera que padezca una enfermedad, accidente u otras limitaciones que supongan una previsible muerte próxima o un menoscabo irrecuperable de su calidad de vida, tiene derecho a poder decidir si quiere vivir y a que se le ofrezcan los medios de apoyo necesarios para garantizar en todo lo posible la accesibilidad y mejora de su calidad vital, o si quiere poner fin a su vida», declara Martínez Vidal, que espera que PP y Vox se sumen al consenso en el Senado.

Lourdes Méndez, de Vox, afirma que la ley «es un ataque sin precedentes a las personas con discapacidad, puesto que se las señala como vidas no dignas de ser vividas y se las presionará para que pidan morir». Además, dice la diputada que la eutanasia «se podrá realizar en los domicilios por médicos privados, que cobrarán para ello, sin controles suficientes». «Los médicos se convierten en verdugos y provocará desconfianza en las propias familias. Se trata de una ley eugenésica», declara.

«¿Cómo se puede justificar obligar a un enfermo terminal a pasar una agonía estéril, sin esperanza de curación y padeciendo dolores y sufrimiento?», se pregunta el coordinador regional de Podemos, Javier Sánchez Serna. «Como siempre, los partidos de la derecha intentan confundir y ven peligroso cualquier avance de derechos». «Dentro de 20 años nadie cuestionará algo tan básico y de sentido común como que no hace falta obligar a nadie a sufrir innecesariamente», vaticina.