Las asociaciones auguran un «amplio seguimiento» de la huelga en Justicia en la Región

Fernando Madrid, coordinador en la Región de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), una de las organizaciones convocantes, se muestra convencido de que serán muchos los profesionales que respaldarán estas jornadas de huelga –la cuarta que se convoca en el sector–. El representante de la APM insiste en que, a su entender, no se había producido antes «una situación tan grave, no solo por el ataque a la separación de poderes y la independencia judicial, si no por los efectos que esto tiene sobre el estado de Derecho y nuestra democracia».

Aunque se muestra pesimista sobre la posibilidad de que el paro provoque un cambio de rumbo en los planes del Ejecutivo central, Madrid remarca que «nosotros no podemos conformarnos y tenemos que alzar la voz porque en nuestro código ético de la carrera judicial viene que tenemos que defender el Estado de derecho y la democracia».

Pese a que la huelga no ha sido reconocida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco Cano, de la asociación Francisco de Vitoria, insiste en que son ya varios los paros que este colectivo ha secundado en los últimos años y sostiene que «como cualquier otro trabajador tenemos derecho a huelga». Cano remarca que estos días de paro tienen como objetivo plantar cara a la modificación del acceso a la carrera y a la reforma de la Fiscalía y que su intención no es verse salpicados por otros asuntos que actualmente están sobre la mesa.

La progresista Asociación Juezas y Jueces para la Democracia en la Región (JJpD) se ha descolgado de esta convocatoria de huelga, aunque quiere dejar constancia de su «máximo respeto» a los compañeros que la secunden. El magistrado Miguel Rivera, representante de JJpD en la Región, explica que no respaldan el llamamiento al paro «porque consideramos que no hay un un atentado contra la independencia judicial, como están planteando las demás asociaciones».

La asociación progresista sostiene, al igual que las convocantes, que el proceso de estabilización de los jueces sustitutos «no es razonable» y que «tiene que ser objeto de revisión y reflexión». JJpD hace hincapié, sin embargos, en otros aspectos positivos de las reformas introducidas por el Gobierno central, como la reforma del acceso a la carrera. «A día de hoy el examen de acceso tal y como está configurado es un examen puramente memorístico y consideramos que es mejorable», remarca Rivera.

La asociación se muestra partidaria, además, de impulsar becas y un centro de preparación público para los opositores. «No alcanzamos a entender por qué se considera que la creación de un centro público de preparación de oposiciones puede atentar contra la independencia o puede haber un riesgo de ideologización de los opositores», razona el magistrado. ¿Por qué cuando hay un preparador privado no hay ese riesgo? Es como pensar que la universidad pública puede ideologizar más que la privada».