El alcalde de La Unión presenta la denuncia contra el Ministerio por la bahía de Portmán

El alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, registró ayer en la Fiscalía Superior de la Región de Murcia una denuncia en la que pide se investigue la «posible inacción ilícita» de ese Ministerio «y órganos dependientes, Dirección General de la Costa y el Mar y Demarcación de Costas en Murcia», en relación con la regeneración ambiental de la bahía. Estos hechos, según el primer edil, del Partido Popular, «podrían ser constitutivos de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente en modalidad de comisión por omisión, sin perjuicio de otra calificación más adecuada».

El regidor expone que la situación actual constituye no solo un problema medioambiental, sino también «un riesgo real y acreditado para la salud pública, ya que numerosos estudios científicos han demostrado los efectos tóxicos y crónicos que ocasiona la exposición humana a metales pesados como el plomo y el arsénico, ambos presentes en los estériles acumulados en la bahía». Entre otra documentación, la denuncia adjunta un informe de la Policía Nacional, en el que «se acredita la presencia de plomo y arsénico en los materiales y sedimentos de la bahía».

Este documento de la Policía se elaboró tras una denuncia del grupo socialista en la Cámara Alta el pasado mes de mayo, cuando el senador Francisco Bernabé depositó en el escaño de la ministra Sara Aagesen, una bolsa con estériles de la bahía.

Por lo tanto, concluye Zapata, «la inacción prolongada del Gobierno de España, materializada en las sucesivas paralizaciones y en la renuncia a la retirada de estériles en 2025, mantiene a la población de Portmán y La Unión expuesta a un riesgo cierto, objetivo y científicamente constatado».

Asimismo, desde la óptica socioeconómica, el alcalde afirma en la denuncia que «un simple sellado, constituye una ruptura radical de los acuerdos alcanzados de regeneración, y privan a la población de los beneficios prometidos en términos de recuperación ambiental, desarrollo turístico y mejora de la calidad de vida».

En consecuencia, «el Estado podría estar incurriendo en responsabilidad patrimonial objetiva, debiendo responder de los daños concretos sufridos por la población de Portmán y por el municipio de La Unión, tanto en términos económicos como sociales y de imagen». Es más, dice el primer edil, «no nos hallamos únicamente ante un incumplimiento interno, sino ante una posible responsabilidad internacional derivada del quebrantamiento de normas europeas y tratados internacionales», lo que a su juicio «refuerza la necesidad de que la Fiscalía investigue con la máxima diligencia».