El archivo de 'Guardería' lleva al PP la esperanza de un final favorable del 'caso Auditorio'

El archivo del llamado 'caso Guardería' por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región, ordenado ayer, no solo ha llenado de alivio a la decena de altos cargos y expolíticos que estaban investigados en estas diligencias, sino que además insufló una bocanada de esperanza al PP regional en el momento en que más lo necesitaba: cuando la presión sobre el presidente del Ejecutivo murciano, Pedro Antonio Sánchez, por el 'caso Auditorio' se había tornado prácticamente insostenible.

Después de varias semanas a la defensiva, soportando una andanada política tras otra, representantes de ese partido y del Gobierno regional amagaron ayer con una especie de contraataque y volvieron a reclamar que quienes desde la oposición instaron la dimisión de alguno de los encausados en ese procedimiento, como era el caso de la consejera de Agua y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, «pidan ahora perdón».

Aunque el archivo del 'caso Guardería' todavía no es firme y un más que previsible recurso de las acusaciones pública o privadas obligará a pronunciarse a la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ, la noticia del sobreseimiento de las actuaciones permitió llevar alguna dosis de esperanza al PP acerca de una pronta y favorable resolución del 'caso Auditorio'. De hecho, como si el exculpado ayer hubiera sido el propio Sánchez, el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea Regional, Víctor Martínez, se apresuró a preguntar a Ciudadanos qué habría ocurrido si el presidente murciano «hubiese cedido a las presiones antidemocráticas» y a la «injusticia de la condena preventiva», y hubiera presentado ya su renuncia al cargo.

Al margen de las repercusiones políticas de la sentencia, el auto dictado por el magistrado instructor del 'caso Guardería', Enrique Quiñonero, sostiene que el exalcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara; el exconcejal de Urbanismo, Fernando Berberena, y otros seis concejales que integraban la Junta de Gobierno Local -la hoy consejera Adela Martínez-Cachá, María del Carmen Pelegrín, Antonio Castillo, Pilar Megía, Francisco Porto y Joaquín Moya-Angeler-, además del técnico José Antonio Peñaranda y el empresario José López Rejas, no incurrieron en delito alguno por el traslado y demolición de la escuela infantil del barrio de La Paz, en 2007.

Quiñonero ha rechazado los argumentos del Ministerio Fiscal y de las acusaciones particulares, que han venido ejerciendo varios sindicatos, asociaciones vecinales y Foro Social, que sostenían que el derribo de la guardería se había cometido sin informes que lo apoyaran, omitiendo trámites legales y «de manera arbitraria y a sabiendas de la injusticia de la decisión», simplemente cediendo a las presiones que el promotor López Rejas habría mantenido sobre el entonces alcalde Cámara.

Lejos de ello, el magistrado afirma que no se omitió trámite esencial alguno, que sí existieron «informes, proyectos, comunicaciones y trámites internos» y que la decisión, aunque pudiera ser discutible desde un punto de vista político o administrativo, de ninguna manera se puede decir que vulnerara la ley de forma «esencial, escandalosa y grosera», como exige el delito de prevaricación del que se les acusaba.

En la misma línea, Quiñonero insiste en que la medida bien pudiera calificarse como «arriesgada, inoportuna o poco realista», y que incluso se puede «disentir de la manera que el Ayuntamiento tenía de llevar los asuntos públicos», pero no puede sostenerse que «respondiera al mero capricho, a la arbitrariedad o a la satisfacción de intereses espurios, urbanísticos, políticos o de otra clase».

El sobreseimiento es libre, lo que equivale a una sentencia absolutoria, pero puede ser recurrido en el plazo de tres días.