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Caso Zerrichera: condenados tres ex altos cargos de Medio Ambiente

Encarna Muñoz, Manuel Alfonso Guerrero, José María Ródenas, Antonio Alvarado y Juan Ignacio Sánchez Gelabert, durante el juicio./GUILLERMO CARRIÓN
Encarna Muñoz, Manuel Alfonso Guerrero, José María Ródenas, Antonio Alvarado y Juan Ignacio Sánchez Gelabert, durante el juicio. / GUILLERMO CARRIÓN

La Audiencia Provincial de Murcia impone penas de dos años de prisión e inhabilitación a Antonio Alvarado y Juan Ignacio Sánchez Gelabert, inhabilita a Encarna Muñoz y absuelve a los exdirectivos de Urbanismo José María Ródenas Cañada y Manuel Alfonso Guerrero

Miguel Ángel Ruiz
MIGUEL ÁNGEL RUIZ

"Con los papeles en la mano, demuestro aquí y en Sebastopol que se cumple la Ley en el proceso de recalificación de la Zerrichera". Así retaba el expresidente Ramón Luis Valcárcel a la oposición en la Asamblea Regional en el año 2005 para defender la construcción de un complejo turístico con 4.000 viviendas, hoteles y campos de golf en una finca aguileña de la Sierra de Almenara con varias figuras de protección: Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA), Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Área de Protección de la Fauna Silvestre. El primer gran caso de corrupción urbanística en la Región y del que hoy mismo se ha conocido la sentencia después de más de diez años de investigación y juicio: condenas para los tres ex altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente (Antonio Alvarado, Juan Ignacio Sánchez Gelabert y Encarna Muñoz) por prevaricación y falsedad en documento oficial. El dictamen judicial es recurrible ante el Supremo.

El tribunal considera que los tres condenados impulsaron la reclasificación territorial de forma ilegal mediante maniobras impulsadas desde la administración para favorecer los intereses del promotor Trinitario Casanova. Y absuelve a José María Ródenas Cañada y Manuel Alfonso Guerrero por una cuestión formal, no porque no aprecie elementos incriminatorios: puesto que su superior, el entonces consejero Joaquín Bascuñana, ni siquiera fue llamado a declarar como testigo, era inviable penar a sus subordinados.

A Alvarado, Sánchez Gelabert y Encarnación Muñoz se les acusaba de utilizar «todo tipo de artimañas» para eludir los intereses generales en favor del promotor, que recibieron un empujón definitivo en Urbanismo gracias a Ródenas y Guerrero. Quedará siempre en el aire, sin embargo, la identidad del 'señor X' «con capacidad de mando», apuntado por el fiscal Juan Pablo Lozano, que consiguió coordinar a dos consejerías para sacar adelante la recalificación urbanística irregular.

Las magistradas Concepción Roig, Ana María Martínez Blázquez y María Antonia Martínez Noguera son especialmente duras con Antonio Alvarado, a quien atribuyen «la peor de las prevaricaciones, que es la que se comete desde quien tiene el suficiente conocimiento y el necesario poder para hacerlo». La sentencia destaca también «la dificultad de desenmarañar la madeja normativa y la jurisprudencia con la que tejió sus actos».

La sentencia

Antonio Alvarado Pérez (ex director general de Calidad Ambiental). Dos años de prisión por un delito de falsedad en documento oficial y siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación (se le pedían cuatro años y medio de cárcel y otros tantos de inhabilitación).

Juan Ignacio Sánchez Gelabert (ex jefe del Servicio de Calidad Ambiental). Dos años de prisión por un delito de falsedad en documento oficial y seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación (se le pedían cuatro años de cárcel y otros tantos de inhabilitación).

Encarnación Muñoz Martínez (ex directora general de Medio Natural). Cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación (se le pedían diez años de inhabilitación).

Manuel Alfonso Guerrero Zamora (ex director general de Vivienda y Urbanismo). Absuelto del delito de prevaricación (se le pedían ocho años y medio de inhabilitación).

José María Ródenas Cañada (ex subdirector general de Vivienda y Urbanismo). Absuelto del delito de prevaricación (se le pedían ocho años y medio de inhabilitación).

Esta sentencia condenatoria es un nuevo varapalo legal a la política urbanística de los gobiernos de Valcárcel, tan proclives a poner los espacios protegidos a disposición de los constructores. Y en su día se convirtió en el primer proyecto caído en el hundimiento general de los delirios inmobiliarios que caracterizaron el boom del ladrillo en la Región de Murcia (Marina de Cope, Lo Poyo, Paramount Park y Novo Carthago).

Satisfacción en los ecologistas

La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y Ecologistas en Acción, que ejercieron la acusación particular, han mostrado su satisfacción "por la resolución judicial, que demuestra que las decisiones tomadas por los responsables de la Comunidad Autónoma fueron delictivas, como denunciamos en su día ante la Fiscalía".

Los ecologistas emprendieron diferentes acciones legales desde el año 2005, tanto recursos ante la administración autonómica y el Tribunal Superior de Justicia, como denuncias ante la Unión Europea y la Fiscalía de Murcia, que obligaron al Gobierno del expresidente Valcárcel a dar marcha atrás. Una presión social que frenó la aprobación de la macrourbanización en una finca con hábitats de interés comunitario (prioritarios y no prioritarios) y especies de interés comunitario como el águila perdicera, el halcón peregrino, el búho real y la tortuga mora.

ANSE y Ecologistas en Acción consideran que “la sentencia condenatoria por la recalificación de la Zerrichera demuestra que la acción responsable de las organizaciones ciudadanas ha podido paralizar grandes atentados contra los espacios naturales, a pesar del apoyo del Gobierno regional dentro de una política disparatada de excesivo desarrollo urbanístico. Además, respalda la profesionalidad de muchos técnicos de la administración regional, que no se han doblegado a las presiones para realizar informes favorables a proyectos contrarios a la conservación de la naturaleza”.

"Paradójicamente", añaden los ecologistas, "la sentencia condena finalmente a cargos intermedios de las consejerías que tramitaron la recalificación de suelos. Ni los máximos responsables de las consejerías que aprobaron la urbanización ni el mismo expresidente de la Comunidad Autónoma, que defendió la legalidad de la misma en la cámara parlamentaria, asumieron nunca su responsabilidad en el que ha supuesto uno de los casos más emblemáticos de corrupción urbanística en el Sureste de España".

Un poco de historia

La Zerrichera comenzó a ser noticia en 2003, cuando el empresario Trinitario Casanova adquirió la finca mediante una permuta al concejal aguileño del PP José López Díaz, terreno al que añadió otros dos comprados a particulares por valor de más de cuatro millones de euros, para levantar un complejo turístico sobre 250 hectáreas en la Sierra de Almenara. Solo había un problema: era necesario recalificar el suelo. El Ayuntamiento de Águilas así lo pidió a la Comunidad Autónoma, pero la Dirección General de Medio Natural que entonces ocupaba Carlos Brugarolas emitió un informe negativo: la urbanización no era compatible con los valores naturales del enclave.

El consistorio archivó el expediente, pero no tardó en ser 'resucitado', esta vez desde la Dirección General de Calidad Ambiental, que supuestamente urdió las maniobras necesarias para que la finca pudiese ser reclasificada como urbanizable, algo que ocurrió en 2005 en un polémico pleno municipal en el que tres concejales del PSOE se ausentaron para no votar en contra, lo que les valió la expulsión del partido.

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