Pacto de silencio en Calnegre

Las indagaciones del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) se encontraron con un «pacto de silencio» entre los vecinos de estos núcleos de población del litoral de Lorca, que habrían hecho causa común para no delatar a los culpables de esta agresión ambiental en las calas de Calnegre, Baño de las Mujeres y Siscal.

Tampoco ha ayudado la judicialización del asunto: desde que la investigación pasó al Juzgado de Instrucción número 4 de Lorca, el 14 octubre de 2019, las pesquisas no han avanzado. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia indican a este periódio que las diligencias previas «se encuentran en situación de sobreseimiento provisional a la espera de identificación de autores». También puntualizan que «se ha mandado oficio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que realicen gestiones encaminadas a la averiguación de los hechos e identificación de los autores», sin especificar la fecha de este encargo.

El informe elaborado por la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales (Brida) tras la roturación con un tractor de cientos de ejemplares de salsola, cambrón y azucena de mar, entre otras especies de flora, apuntó al movimiento vecinal que se levantó en contra del control de accesos a las calas del espacio protegido durante el verano de 2018.

Es decir, el sabotaje de los valores naturales de Calnegre fue la continuación de medidas de presión que empezaron con la destrucción de la caseta de venta de billetes de autobús y del sombraje del aparcamiento, e incluso una manifestación que impidió la salida del vehículo público que trasladaba a los visitantes a las playas.

Los agentes de la Brida recogieron la presencia en el lugar de los hechos, la mañana en que se descubrió la roturación ilegal, de «tres vecinos muy conocidos de Ramonete y Puntas de Calnegre». Este cuerpo especialista de agentes medioambientales de la Comunidad Autónoma aseguró también que el objetivo de arrasar con «un tractor» y un «apero agrícola» la vegetación de las dunas fue «facilitar el paso a la zona de baño».

Además de un atentado contra la naturaleza, estos hechos se percibieron como un desafío a la Administración regional: apenas un mes después del primer ataque con un tractor –el 28 de marzo de 2019–, fue arrancada de nuevo la vegetación replantada por la Consejería de Medio Ambiente, con la colaboración de voluntarios de la asociación Naturactúa. También los carteles que informaban de esta regeneración.

Casi catorce meses después, solo hay dos cuestiones indiscutibles: el 'calnegricidio' sigue impune y sus autores se salieron con la suya porque la Comunidad Autónoma renunció a implantar su sistema de control de accesos.